La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, del pasado 19 de enero, que ordena que cualquier contenido en la radio y la televisión debe diferenciar entre información y opinión… es una reverenda tontería.

El fallo impulsado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá amparó al ‘Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos’ –una de las taaantas organizaciones que defienden cualquier cosa- y decidió, entre otras lindezas, que: 

1.- El Estado debe retomar su papel rector en algunos aspectos de los contenidos informativos en los medios. 

2.-Debe definirse específicamente que los programas informativos de radio y televisión distingan claramente entre información y opinión.

3.- Los derechos de las audiencias no pueden normarse por los códigos de ética particulares de cada empresa del sector. 

4.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, tiene la facultad Constitucional de regular todo lo relativo a los derechos de las audiencias. 

Bueno, el señor ministro, en su sentencia aprobada por unanimidad, ilustra: “Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y, por otro, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso” –pausa para carcajadas.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, está colgada de las lámparas. Con toda razón, alega que nadie está obligado a lo imposible y que semejante absurdo agravia hasta al sentido común.

Así que pide al pleno de la SCJN, que decidiría en breve, que este asunto se resuelva con apego a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México; al Congreso federal, que no permita invadan sus facultades legislativas; y al Ejecutivo, que defienda la libertad de expresión.

Para la CIRT, el daño es en cuadruplicado: 1) Que los comunicadores de noticias –política, deportes o espectáculos, da igual-, identifiquen y separen ‘información’ de ‘opinión’; 2) que los “Códigos de Ética” de todas las señales de radio y televisión sean avalados por el Estado; 3) que existan ‘defensores de audiencia’, designados por el gobierno: y 4) que por cualquier violación se apliquen multas económicas a las empresas y a los comunicadores.

Por esto es que no es bueno dejar ciertos asuntos al criterio de los jueces -lo dijimos cuando la pregunta de la consulta para enjuiciar –o no-, a los ex presidentes:

-“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” -¿Qué demonios fue eso? No, los Magistrados, pese a su sapiencia, no saben de todo…

En realidad, esto salta de tanto en tanto, alguna vez, en su interinato en la gubernatura de Guanajuato, el panista Carlos Medina Plascencia pretendió crear la ‘Procuraduría del lector’, que investigaría si los contenidos eran veraces o ‘de mala fe’…

La vida es un boletín

La ocurrencia judicial de marras sería, efectivamente, todo un retroceso en materia de libertad de expresión e información.

Tiene un tufo penetrante a control y censura contrarios, de entrada, a los artículos 6 y 7 constitucionales -Vamos, apenas el 9 de este mes, la Cámara de Diputados derogó la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje tenga como consecuencia la censura. La SCJN les señaló que dicha fracción sobre ‘el uso correcto del lenguaje’ es una violación a la libertad de expresión de los concesionarios. El asunto está en el Senado de la República.

Más. Nadie está obligado a lo imposible –tanto como explicar desde aquí los géneros periodísticos al señor ministro Alcántara Carrancá-. La división entre información y opinión no es una línea de cal. ¿Dónde acomodamos la lectura de una crónica de Carlos Monsiváis? ¿Qué hacemos con el periodismo interpretativo que hizo furor a principios de los 80’?

Vaya brete en que se metería al presidente AMLO en su ‘mañanera’: ahora informo; ahora opino; ahora sólo despotrico…

Imagine usted a su lector de noticias favorito –sí, también a ese-: público conocedor, durante los próximos 37 segundos, escucharán mi opinión; señoras y señores, regresamos a la noticia…

Peor todavía ¿Usted cree que los ‘boletines’ oficiales, son información? ¿Las ‘declaraciones’ en las ruedas de prensa? No, hombre, son propaganda de lo más rústica.

A ver. Boletín de la Secretaría de Salud de Guanajuato, este miércoles 24 de febrero, ‘Día de la Bandera’, por cierto:

-“Explicó la jefa de Epidemiología que Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional de casos acumulados con el 5% del total de casos en el país, esto obedece a la capacidad de ofertar una gran cantidad de pruebas y a la oportunidad de tener un diagnóstico certero para mitigar brotes” -¿Esto es información o propaganda? ¿A dónde iría a parar el negocio de difusión de tantos?

En 1977, el gobierno de Jolopo creó la horrenda Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, puso al frente a la Primera hermana, Margarita López Portillo –la ‘pésima musa’, le decía José Agustín-, y ella regía con mano férrea la censura oficial…

Pues bien, en esos años, el hoy ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue asesor de la ‘Productora Nacional de Radio y Televisión’, Pronarte, que amasaba contenidos ad hoc al control oficial. Allá iríamos, sugieren sus afanes. Ay, México.

(A)La Jaula
La familia es primero

Un sismo político el que detonó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, al revelar que fue presionado por el expresidente Calderón para modificar el proyecto de sentencia del caso de la Guardería ABC. Felipe y Márgara rabian. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, era la dueña de la guardería ABC. El presidente Amlo expresó su confianza en las declaraciones de Zaldívar. En Guanajuato, el caso importa. En noviembre de 2020, la panista salmantina Carla Rochín Nieto fue encarcelada en Sonora. Ella otorgó los permisos de operación de la bodega/guardería de la tragedia. Con una carrera trunca en diseño de interiores, fue la coordinadora nacional del sistema de guarderías del IMSS. La ley de Murphy enseñaría que “Si algo malo puede pasar… se puede poner peor”.

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