La próxima semana, el martes, será presentada en sociedad la nueva versión del Observatorio Ciudadano de León, el OCL, ahora con Luis Alberto Ramos al frente de su consejo.

Contra todos los pronósticos, tal y como lo comprometieron, se levantan de sus cenizas y confirmarán su anuncio previo de un trabajo autónomo, independiente y sin un solo centavo de patrocinio gubernamental.

Recapitulemos. Al Observatorio lo inventaron, de la mano del exalcalde Ricardo Sheffield Padilla, el panista Carlos Medina Plascencia, presidente de la Fundación de Gobiernos Confiables, Fidegoc, y Ana María “Coco” Carpio, quien apareció como presidenta de la organización.

Al tomar posesión como presidenta municipal de León, la priista Bárbara Botello dio a conocer que el OCL les había costado a los leoneses, nada más, 18 millones de pesos, de los recursos públicos, y los borró de un plumazo. Es hora de que la Fidegoc y el OCL no se ponen de acuerdo en cuánto gastó cada uno. Sus cifras no coinciden.

Con el escándalo, abundaron los damnificados: Carlos Medina hizo toda una gira de medios para exclamar que él no había cobrado un peso y que la herramienta Fidegoc es maravillosa, su anhelo de un Observatorio Ciudadano estatal se derrumbó; Coco Carpio y su equipo corto se batieron en retirada; y lo más grave, la credibilidad en lo que se “vendió” como una iniciativa ciudadana se fue a pique.

Tras la pausa, larga, que les permitió reagruparse, los consejeros que permanecieron parecen haber aprendido la lección.

Anuncian un neo-Observatorio Ciudadano de León, con dos diferencias grandes: van a trabajar sin subsidio oficial y sí con aportaciones mensuales de cuatro mil pesos por consejero, para los gastos de operación; y modifican sus estándares de medición, que irán de los consabidos indicadores que siguen a los procesos a los estudios específicos por áreas, para la medición de resultados.

Al frente del Consejo, despachará como presidente Luis Alberto Ramos, un hombre con vocación y capacidad de servicio, probadas, desde los tiempos en los que el Sapal de hoy era la Junta Federal de Agua Potable. En el Consejo, se mantienen nombres como el de Hugo Villalobos y Eliseo Martínez. Carlos Medina Plascencia ya no estará.

Hasta aquí, todo es reorganización y decisiones internas. La incógnita está en los alcances y el tono de su relación, obligada, con la administración priista que tiene a la abogada Bárbara Botello como alcaldesa.

A ver. Nada más para comenzar, en el OCL, adelantan que ya solicitaron audiencia con la presidenta municipal y el silencio fue, hasta ahora, la respuesta. Insistirán, dicen.

Y es que, de lado la retórica, la herramienta básica para el buen desempeño del OCL es la información que se genera en la administración municipal. Hablar de recurrir a la ventanilla de acceso a la información pública o de indicadores estatales y federales es tan conveniente como insuficiente.

Esta circunstancia de dificultades previsibles para el acceso a la información es factor para que el OCL ahora se incline por la realización de estudios y análisis particulares, en materia de seguridad o educación, por ejemplo. Ya tienen el patrocinador para el primero, que anunciarán el martes.

Además, es de recordar que la alcaldesa Bárbara Botello, en sustitución del trabajo del OCL, contrató el servicio Sindes (Sistema de Indicadores de Desempeño), y le será fácil decir que el municipio ya cuenta con una herramienta profesional de medición de su trabajo.

En el OCL, apelan a las hojas de vida de los integrantes de su consejo, e insistirán en que ninguno de ellos tiene un interés político, siquiera, y partidista, menos.

En ese sentido, anticipan que el trabajo del OCL es eminentemente técnico, que su guía es la participación ciudadana y que en la medida en que señalen atrasos, inconsistencias o desaciertos, pues es claro que no serán del agrado de más de alguno.

Bienvenido pues, de nueva cuenta, el OCL y a esperar las reacciones. Esto se pone bueno.

De tierra ejidal a hotel de lujo

“No puedo dejar de impulsar el turismo en el estado…”, es la respuesta, lacónica, del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a los reclamos de los ejidatarios de Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, que se dicen víctimas del despojo de sus tierras, para que se construya ahí un desarrollo turístico y de descanso para jubilados extranjeros.

El gobernador tira la papa caliente a la sartén de su secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, y a los afectados les recomienda: “Que denuncien”. Así nomás.

Lo escribimos aquí el miércoles anterior: otra vez el mismo viejo cuento de los desarrollos turísticos en los ejidos, sin importar lo que digan los hombres del campo, como se intentó en Silao y en los cascos de las haciendas a lo largo y ancho de Guanajuato.

El discurso de Márquez, entonces, no hace sino estar en sintonía con el de los gobernadores que le antecedieron, sus compañeros de partido, por cierto.

La historia, de tan reiterada, es harto conocida: las figuras de comisario ejidal y delegado municipal, que recaen en la misma persona a la hora de decidir la dotación del ejido, y que le convierten luego en vendedor o en inversionista directo, como es el caso. Es el añejo problema de la tenencia de la tierra en México, pero que también pone en juego la credibilidad del discurso del Estado de derecho, en Guanajuato.

Márquez le regatea el carácter de disyuntiva a su pasión declarada por los “pueblos mágicos” y el embate de la oferta de infraestructura modernista, así que califica solemnemente como una “inversión integral”, la que se continuará, según su dicho, en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz.

Por un lado, el anuncio previo del secretario de Turismo, de que en este 2013, el Gobierno del Estado invertirá casi 20 millones de pesos en el rescate del “pueblo mágico” de Mineral de Pozos; por el otro, el hotel de lujo, los lagos, el campo de golf y la zona residencial para el veraneo de jubilados extranjeros. “Pozos es para todos”, dice el góber.

Hasta ahora, los ejidatarios se asumen en la indefensión, pero otra vez -como en el caso de la denuncia de los diputados priistas contra Juan Manuel Oliva, en la PGR-, el panismo en el gobierno mide mal los alcances de los hechos.

Bastará con que terceros de un partido político; de una organización de la sociedad civil; un abogado, de esos despiertos; o hasta el improbable caso de un verdadero defensor de los derechos de los ejidatarios, los convenza de sacar el asunto de las instancias estatales y llevarlo, por ejemplo, al Tribunal Agrario federal, para que el proyecto sea entrampado.

Y entonces, en la prensa del país se estará hablando de que el gobernador de Guanajuato les dio la espalda a los campesinos, y que… El cuento de nunca acabar.

La Jaula | Cruzada Contra el Hambre: 590 mil menos

Rosario Robles Berlanga, la secretaria federal de Desarrollo Social, no se quiere llevar bien con Guanajuato.

De visita en la capital del estado, para la firma de un convenio con la UG, la experredista y ahora peñanietista Rosario Robles les corrigió el discurso al gobernador Miguel Márquez y a su secretario de Desarrollo Social y Humano, Éctor Jaime Ramírez.

Dijo que no, que los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre no cubren los 46 municipios del estado de Guanajuato. Que ella siempre habló de nueve: León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Dolores Hidalgo, Silao, San Felipe y San Luis de la Paz. Y sí.

Así que no serán 811 mil 153 los guanajuatenses en condiciones de pobreza extrema los atendidos, sino únicamente 221 mil o, dicho de otra manera: 590 mil ciudadanos menos.

En realidad, nunca escuchamos de boca de la funcionaria federal que la Cruzada contra el Hambre cubriría todo el estado; esa versión la corrieron el gobernador Márquez y el secretario Éctor Jaime, luego de reunirse con la secretaria. Pero nada más.

En fin, si no hay dinero, habrá discursos. Eso, seguro.

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