La Guardia Nacional dice que sus agentes hacían ‘reconocimientos disuasivos’ del robo de hidrocarburos en la carretera Salamanca-León, en las inmediaciones de El Copal, en Irapuato. Observaron a dos vehículos estacionados en un camino de terracería, cuyos ocupantes pretendieron retirarse ‘de manera precipitada’. Un elemento bajó de la patrulla y les disparó.

Mató a Ángel Rangel, de 19 años, estudiante de Agronomía en el Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, y dejó herida a Edith Alejandra, su compañera de estudios. Habían salido unos momentos antes de una reunión.

Con la solidaridad nacional, Guanajuato se hundió primero en el dolor y, enseguida, en la indignación.

Esto ocurrió el miércoles de la semana pasada, 27 de abril. De ese día a hoy, las autoridades han hecho lo que mejor les sale: ensuciar los hechos y perturbar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los agentes ministeriales del estado permitieron que sus compañeros se llevaran al guardia presunto agresor. Bajo una cascada de ‘condenas’ oficiales y el protagonismo del rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, el fiscal Zamarripa informaría que la investigación de ‘los repudiables hechos’ sería entregada al fuero federal. Familiares, la comunidad universitaria y voces independientes se dolían de lo sucedido.

A las pocas horas llegó la indignación.

En comunicado, la UG denunció que el federal detenido por la muerte de Ángel Rangel había sido puesto en libertad.

El juez federal de control determinó su ‘No vinculación a proceso’. En el juego de la clasificación de los delitos, tan conocido en Guanajuato, la fiscalía federal lo había acusado apenas de ‘tentativa de homicidio’ –sólo en México-. Así que el juez federal –como acá- hizo lo conducente.

Oídos sordos a la presión pública.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, radicó la queja correspondiente. Acorde con los protocolos, el agente no debió disparar. “Los efectivos del Ejército tienen prohibido disparar contra conductores que no atiendan la indicación de detenerse en un retén, si no se encuentran en un peligro inminente”.

Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, recuerda que ya han advertido de los peligros de la militarización de la seguridad pública en México -en conflicto con normas internacionales-: “El posicionamiento institucional de Amnistía es que éste no es un caso aislado…”

Aquí lo hemos escrito una y otra vez: los patrullajes del ejército y fuerzas federales en los municipios de Guanajuato no se traducen en una mayor seguridad de los ciudadanos, y la información diaria prueba que disuaden absolutamente nada. El crimen no parece siquiera rehuirles. La muerte de Ángel es, simplemente, el colmo.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en cita al diario ‘Correo’- registran 61 quejas contra la Guardia Nacional en Guanajuato –donde, hay que decirlo, tampoco es que las autoridades locales los hayan tratado de maravilla- desde su llegada al estado en 2019.

Exasperación                      

La liberación del guardia desató la indignación en el estado -aunque tras la consabida andanada de condenas oficiales iniciales, casi activismo el de la secretaria de Gobierno, Libia García, en general el poder estatal prefirió guardar un silencio prudente.

El rector Guerrero Agripino -quien ahora hasta marcha al paso del alumnado- anunció que impugnaría la decisión del juez –suerte con eso-, de no vincular a proceso al agente de la Guardia Nacional.

Y con la anuencia de la familia, la UG difundió un comunicado en el que confirman que por ahora no se reunirían con ningún funcionario de la Guardia Nacional –como la institución lo habría propuesto-. “Esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos”.

El manejo público del caso complicaría todavía más el entorno. En trascendidos a los medios se conoció que el presunto responsable del homicidio de Ángel y las heridas de Edith Alejandra, habría sido liberado…, porque no fue él quien disparó -otros dos agentes se encontrarían detenidos-. De esta versión, hasta la entrega de ‘Tigres…’, no había confirmación oficial.

La UG está en ebullición. Este martes los estudiantes irían a una nueva marcha de protesta: “A él ya lo callaron, pero no a nosotros”.

Familiares de Ángel exhortan a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, a ‘Romper el Pacto de impunidad’ con la Guardia Nacional en Guanajuato –y sería de esperar que en ‘la mañanera’ de este lunes, el presidente AMLO retome los hechos, así sea a partir de una de esas bonitas preguntas inducidas que suele responder.

Directivos de universidades públicas de todo el país firmaron un desplegado con la exigencia de justicia, alto a la impunidad y rechazo a la militarización –llama la atención el silencio y la ausencia de las rectorías de las universidades privadas que tan buen negocio hacen en Guanajuato-, y alzaron la voz instituciones como la ONU-DH y el CIDE.

La violencia criminal ha golpeado de nuevo a la Universidad de Guanajuato, esta vez en el exceso, desde el ala institucional y con el amago de la impunidad cruel, lo que imposibilita al gobierno local el discurso ‘de cajón’, so pena de reabrir la confrontación con el gobierno federal, apenas aceptada la necesidad de la presencia de las fuerzas federales.

El asesinato del estudiante Ángel Rangel ocurre, además, en la antesala del cuarto informe del gobernador Diego Rodríguez, este miércoles en el auditorio de la ciudad capital, toda una invitación a llevar allá la protesta estudiantil -¿En la que participaría el rector Agripino? 

-“Acompañaremos y daremos total apoyo a sus familias para que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia”, dijo el gobernador. Esa es la exigencia.

(A) La Jaula

En más de la rutina, el municipio de León cerró abril con 76 asesinatos. El mes con más homicidios. En los primeros cuatro meses de 2022 ya suma 222. La tendencia mensual es al alza. Ahora sí, León irrumpe en el croquis de las fosas clandestinas en el estado de Guanajuato. Restos de once cuerpos en la comunidad de Hacienda Arriba, en los límites con Lagos de Moreno, en una búsqueda que inició el jueves 28, se continúa y no aparece en el discurso oficial. Abril hereda también a León el asesinato de uno de sus policías, el viernes 22. Salía de trabajar y manejaba su automóvil a casa. Lo tirotearon en la colonia Palmas 2000, al poniente de la ciudad. En el curso del gobierno de la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez, poco más de medio año, se han cometido 389 asesinatos. Y pues no, no se ve ‘la reestructuración de la seguridad pública’. Lo bueno es que ya es mayo.

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