La que inicia será una semana, otra, dominada por el tema de la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato.

La estadística, las correrías del fiscal, el marasmo de las autoridades y el hartazgo social, obligan.

Mire usted:

Por segundo año consecutivo, Guanajuato está en el primer lugar nacional de homicidios dolosos a mujeres: mataron a 249 en 10 meses, de enero a octubre. En 2020 asesinaron a 309, primer lugar indiscutible.

Los números son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y los difunde la titular de la Comisión Nacional para prevenir la Violencia contra las Mujeres, Cemaiv, Fabiola Alanís Sámano.

El fin de semana ella estuvo en León, para inaugurar 'Alerta Violeta', un centro de atención a las víctimas de la violencia de género, una iniciativa ciudadana, acompañada de diputadas, senadoras y militantes de Morena, estandarte co-protagonista en esta trama, con el gabinete de seguridad del Ejecutivo, el Congreso del estado, el Poder Judicial y la (ausencia de) procuración de justicia.

La Cemaiv revela que los crímenes contra mujeres en Guanajuato, están por encima de la media nacional, en asesinatos a menores de 17 años: el 11 por ciento las víctimas son niñas y adolescentes. El promedio nacional es del  7.7 por ciento.

Sin rodeos, Fabiola Alanís señala que Guanajuato es 'un foco rojo encendido' -y la factura es cara.

En las cuentas de la Cemaiv, Celaya se enlista en el lugar 35 de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidios... con cinco.

Y en esta ruta, es imposible no topar con las tropelías del fiscal 'autónomo' del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. La comisionada concede como 'reto pendiente', acordar con la fiscalía la manera correcta de clasificar los homicidios dolosos a mujeres. Todos, de acuerdo con estándares internacionales debieran investigarse como 'feminicidios', y reclasificar en el curso del proceso, si es el caso, no al revés ¿le suena conocido el punto?

Porque ese es el 'quid' del asunto que hunde a Guanajuato en la más absoluta ineficacia en la procuración e impartición de justicia, año tras año: la proclividad del fiscal Carlos Zamarripa, de 'clasificar' los delitos a conveniencia de sus estadísticas, en perjuicio de las víctimas y del sacrosanto estado de derecho; esto lo han denunciado y documentado la academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo saben en la Comisión Nacional para prevenir la Violencia contra las Mujeres, sin duda.

Para ser claros, la reclasificación del delito de violación a 'abusos sexuales', en agravio de Regina; y la inhumación de la carpeta de investigación de la violación que denunció María José, desde 2017, ambas en acusación al panista Jorge Romero, ex director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y hoy diputado federal electo, tienen a Guanajuato atrapado en un escándalo nacional.

SOBRE LA MESA

Dice Fabiola Alanís que solicitarán la instalación de las 'Mesas de Acceso a la Justicia' con la Fiscalía del estado, en el objetivo, ojo, de 'revisar los expedientes de violencia contra las mujeres' -no, pues suerte con eso, por ahora, Zamarripa anda ocupado.

Seguro esta semana conoceremos la decisión del pastor del Congreso de Guanajuato, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, sobre los términos y condiciones impuestos por el fiscal, para aceptar 'comparecer' ante el Poder Legislativo. No se necesita ser un genio para anticipar que sería 'privada', como antes, como siempre, al contentillo de Zamarripa Aguirre.

Ya la mayoría panista -y sus monaguillos multicolores-, se negaron a llamar a las cosas por su nombre en un mero exhorto al fiscal, para que haga su trabajo. Nada será de otra manera.

Pero vamos por partes.

Como su par en la secretaría de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, quien suele pretextar la reserva obligada de la estrategia -como si existiera alguna-, el fiscal alegará la 'secrecía' legal de las averiguaciones, para no compartirlas con los ciudadanos -como sí lo haría con los diputados, según esperan ellos.

Ayala y sus muchachos tienen enfrente al grupo de Morena, plantados en la beligerancia. Los casos de Regina y María José, fueron llevados incluso al espacio del Senado de la República y a la Cámara de Diputados, en San Lázaro. La pregunta es la misma: ¿A quién y con qué fines, pues, se le ocurrió 'reclasificar' el delito de violación a 'abusos sexuales', en una de las carpetas, y a la otra desaparecerla en las fosas de los archivos ministeriales?

Por supuesto, nadie creería que Jorge Romero, antes y en su primera candidatura panista, tuviera las influencias necesarias, él solito, como para doblegar al fiscal, condicionar al gobernador, instruir a los jueces y ordenar el canto del jefe del Congreso ¿Quién es el 'padrino mágico'? La pregunta, por supuesto, es retórica.

El gobernador Diego Rodríguez, parece haber dado por sanjado el asunto, al derivar la discusión hacia la pertinencia o no de la 'prisión oficiosa' y a la 'politización', de la que acusa a Morena. Como sea, también los legisladores saldrán del paso y seguirán en lo suyo, cobrar. Difícilmente de su encuentro con Zamarripa saldrá el anuncio de una modificación al estatus de las denuncias de violación que hacen Regina y María José, en contra del diputado panista Jorge Romero. Y eso es lo importante. La jueza María Macías y su jefe Héctor Tinajero, el presidente del Poder Judicial del estado, se lavaron las manos con aquello de que 'es facultad del Ministerio Público...' Si eso es lo que sus señorías entienden por 'impartir Justicia', el resto entenderemos que estamos fritos....

El caso de María José  lleva cuatro años sepultado en los anaqueles de la fiscalía; el de Regina, es antesala de la libertad del acusado. Ambas han sido revictimizadas y nada cambia... hasta ahora.

A la Cemaiv preocupa la violencia sexual en contra de menores de edad: en 2020 se abrieron mil 360 carpetas de investigación por ese delito, y en 459 de los casos, las víctimas eran menores de 17 años.

La lucha de Regina y María José, abierta, pública, denodada, sacude las conciencias: hay cosas que el rollo de los políticos no logra encubrir...

A) La Jaula
Comedia de equivocaciones

La 'desaparición', dos meses, de la niña Dulce Melissa, en León, desnuda el disparate en el que está convertido el aparato de seguridad en esa ciudad, y en general en todo el estado de Guanajuato. La menor fue 'arrestada' por los gendarmes y confinada a un separo policíaco por los 'jueces cívicos'. Como nadie pagó la multa estipulada, al día siguiente, simplemente la echaron a la calle. Al menos eso dicen. Dos meses después, felízmente apareció con vida. “La niña está bien, ahorita la menor va a estar un poco resguardada. Pero esta bien”, informó el colectivo que encabezó la búsqueda. En un gesto inédito, el comisionado de Prevención y Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de León, plaza de nueva creación, Víctor Aguirre, ofreció una disculpa pública a la familia y anuncia sanciones a unos 15 empleados públicos: funcionarios, policías y personal administrativo. Si es en serio, harto habrá de ocuparse en las delegaciones policiales, donde los 'cuicos' someten a los jueces. Ya lo verá.

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