Una vez que la ‘Feria de León 2022’, ha reactivado la economía del estado de Guanajuato, habría que comenzar a desmenuzar el saldo de la exposición masiva a ómicron… y considerar si no salió ‘más caro el caldo que las albóndigas’.

La escalada de contagios de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 provoca, efectivamente, el ‘daño colateral’ que todo mundo pudo anticipar, pero que no todos estuvieron dispuestos a reconocer: el ausentismo laboral, en perjuicio de los ingresos de los patrones y los trabajadores. De contribuyentes y no. De todos.

En las tres primeras semanas del año, el IMSS otorgó más de 600 mil ‘incapacidades’ a trabajadores contagiados de ómicron, 52% a hombres y 48% a mujeres. El grupo de edad con más contagios ha sido el de 20 a 29 años.

Los sectores de la economía más afectados por las ausencias laborales derivadas de la pandemia de covid-19, también se anticipó, han sido el turismo, los servicios y el sector salud.

Bueno, hasta el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reconoce la importancia de impulsar el ‘home office’; que las empresas cambien de horas de trabajo a resultados; que se apliquen las pruebas anti covid con el costo a su cargo, y que las incapacidades, permisos, se tramiten vía remota para evitar más contagios.

Las solicitudes de Incapacidades Temporales de Trabajo (ITT) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, simplemente se dispararon en el arranque de este 2022. Un aumento que la institución reconoce es de 460%.

De acuerdo con la información oficial, los tres picos anteriores de las ITT se registraron en la semana 30 de 2020, con 48 mil; la semana 22 de 2021, con 71 mil, con las variantes gamma y beta; hubo 81 mil en la semana 32 de 2021, con la variante delta; y las más de 92 mil que se replicaron en la primera quincena de enero, ya con ómicron.

El IMSS pronostica el número de ITT en el primer semestre de 2022, en 1.5 millones, con un gasto institucional de 1 mil 215 millones de pesos. De ese tamaño es uno de los costos del chistecito al que abonaron las convocatorias multitudinarias –sean políticas como en el zócalo de la Ciudad de México o de fiesta, como en la ‘Feria de León’.

El fenómeno desbordó la capacidad de atención de los centros de salud para realizar pruebas anti covid y, de resultar el caso positivo, tramitar una incapacidad –en las fábricas, comercios y oficinas, los que siguen de pie asumen, ni cómo decir que no, las tareas de las bajas por enfermedad temporales.

El IMSS, su director Zoé Robledo, anunció entonces el ‘relanzamiento’ del Permiso Covid 3.0, un trámite en línea, no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de ir a los servicios médicos de la institución, para obtener la incapacidad dorada. Una vez alcanzada, solo notificar al patrón la ausencia de cinco días y ya. Así dejamos atrás las ITT.

Covid 3.0

A nivel nacional, pronto llegó a más de 50 mil, el número de los permisos Covid 3.0 expedidos a los trabajadores contagiados que se ausentaron de su jornada laboral. Acá en Guanajuato –corte al 21 de enero- son 2 mil 200 asalariados los confinados para evitar la propagación del covid –por si se ofrece, se solicita vía la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social  -informó la delegación Guanajuato del IMSS, en uno de sus entrañables boletines de prensa.

Infortunadamente no todos pueden ir a casa en esas condiciones, la prestación no cubre a los inscritos en el ‘Seguro Facultativo’, el ‘Seguro de Salud para la Familia’ o la ‘Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio’ –de quienes carecen del acceso a los servicios de salud, ni hablar.

En la lógica de las incapacidades harto conocidas, el ‘Permiso Covid’ otorga al trabajador un subsidio económico correspondiente al 60% de su salario a partir del cuarto día de incapacidad. Es lo que hay.

Bueno, sí, aunque los empresarios se toparon de inmediato con el otro ángulo previsible de la crisis por ómicron: trabajadores que abusan de los permisos covid informan de familiares enfermos o alegan síntomas de gripe, sin que ello sea verdad -denuncia el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, CCEL, Luis Gerardo González, en nota de ‘El Sol de León’.

Lamenta, con razón, el abuso en una circunstancia tan delicada -México suma ya más de 5 millones de enfermos y alrededor de 310 mil defunciones a causa del virus. En Guanajuato la covid-19 ha cobrado más de 14 mil 500 vidas.

Por supuesto, el empresario asegura que ninguna fuente de trabajo ha negado permisos a causa de la covid-19, en ninguna de las nueve de sus cámaras agremiadas.

Del otro lado, en el mismo diario, el dirigente cetemista Hugo Varela responde que sí, pero no.

Empresarios reportan que los trabajadores usan de pretexto la pandemia para no ir a trabajar… mientras que los patrones buscan la manera de no pagar los días. Pues sí.

-“A un trabajador le cuesta dinero no ir a trabajar, eso es perjudicial para sus familias. Yo no creo que ningún trabajador lo utilice como un pretexto”, dice el buen Hugo -claro, sin dinero, ni cómo ir a la feria.

(A)La Jaula
Alerta de Zamarripa

Hay cosas que es difícil entender. Mientras desde un colectivo feminista urgen a la aplicación de la ‘Alerta de Género’ en Guanajuato, la ‘Fiscalía Zamarripa’ responde con el allanamiento –eso es si no cuentan con la orden de un juez- de sus gendarmes a dos viviendas de una integrante de un colectivo de buscadoras. Y salvo ellas, ni quién diga nada. Los feminicidios y la violencia de género arden en las manos del Gobierno del Estado, alerta ahora ‘Verde Aquellare’. Existen mil 274 carpetas de investigación por abuso sexual, 818 por violación simple y 78 por violación equiparada, sólo en 2021. Pocas políticas públicas y ‘malechas’. Se mantiene al frente a un fiscal desde hace más de 10 años. ‘Esa una de las cosas más importantes que deberíamos de estar combatiendo’. A lo mejor sí. Porque, mire. Los de ‘la secreta’ violentaron dos domicilios, uno en Pénjamo y otro en Celaya, propiedad de una integrante del colectivo de buscadoras de desaparecidos “Una Promesa por Cumplir”. En los allanamientos ejecutaron arrestos ilegales y robaron equipo, documentos y dinero. ‘Reventaron puertas y se las llevaron detenidas, las golpearon y recalcando que ya sabían que eran del colectivo’. Dato curioso: intervinieron mujeres policías. En la sede Celaya de la Procuraduría Panista de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato P(P)DHEG ni siquiera les recibieron la queja. Y ahora deben denunciar ante el Ministerio Público, es decir, ante Zamarripa... 

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