Es común hoy que el ciudadano sea incapaz de distinguir entre las tareas que atañen a la sociedad, las que le corresponden a la política y las que son propias de la moral. El ciudadano promedio vive pensando que, al ejercicio de la política, es decir, al Estado o al gobierno, les concierne resolver prácticamente todos los problemas que hacen de su vida una desdicha, cuando en realidad no es así.

Una gran cantidad de personas exige al gobierno regulaciones conductistas en sus súbditos. Un ejemplo es la demanda a considerar ilegales ciertos actos como el aborto, el matrimonio homosexual, el amamantamiento en espacios públicos, las muestras de afecto homosexuales, o incluso no aplicar correctamente la ley en casos de abuso sexual o violencia, por juicios de valor moralistas como el tipo de vestimenta de la víctima o su reputación en sociedad.

Por estas razones es de vital importancia saber que política y moral son dos prácticas sociales de diferente naturaleza, y aunque van relacionadas, una no debe regular a la otra, razón por la que precisamente existen de forma separada. Es importante distinguir cómo relacionar política y moral, para que las prácticas de su ejercicio no se vean confundidas y seamos capaces de respetar lo que es propio de cada uno.

Según Kuschera en 1982, la política refiere y contextualiza ciertas conductas dirigidas a la constitución del orden colectivo o a institucionalizaciones o sujetos de ellas, como parlamentos, normas o partidos. Por otro lado, la moral se presenta como un conjunto de principios, enunciados, juicios o máximas sobre la justicia, aplicables a todas las conductas humanas.

Podemos concluir de esta definición que tanto la política como la moral son cuerpos normativos; he ahí la relación que existe entre ellos. La moral surge espontáneamente de la sociedad, y rige la vida colectiva en armonía. No obstante, desde esa raíz debe mantener su independencia y su función de control social. La moral actúa, entonces, principalmente desde el individuo hacia la sociedad, y no a la inversa.

De cualquier forma, podemos hacer una distinción aquí. La moral individual y la moral pública. En la primera, cada persona procura por sí mismo, por su propio bien y por su utilidad. Por su parte, en la segunda (que es la que va relacionada con la política) sólo deberá contener normas regulatorias de lo que transgrede al derecho del otro. Es decir, la política ha de involucrarse únicamente en la moral pública, y debe de hacerlo con sus limitaciones. Si el acto inmoral de uno lastima o arrebata libertad al otro, entonces debe ser regulado. De no ser así, el acto inmoral se considera únicamente como acto inmoral, no daña los tejidos sociales ni violenta los derechos humanos de otros, sino que pone en juego la ¨reputación¨ de esta persona, si lo que hace es mal visto por la sociedad en la que se desenvuelve, aunque es precisamente ahí donde esa es tarea reguladora de la moral individual de cada hombre y cada mujer. No es asunto de política, derecho y leyes, regular las conductas más profundas de todos sus súbditos; es una práctica completamente fuera de su ejercicio.

Si la política regulara todas las conductas de sus súbditos, el gobierno recaería en una imposición social de una ética específica, y probablemente conduciría a un dirigismo de carácter totalitario, a un Estado que pretextando razones de salud pública impondría a sus ciudadanos una determinada moral cívica, social, sexual o religiosa, conculcando sus libertades en estos terrenos.

No se está proclamando aquí la completa autonomización de la política en cuanto a la moral, sino que los valores particularistas de la moral cotidiana no deben adaptarse al aspecto público de la vida social. Las regulaciones morales colectivas deben ser en referencia al uso de la violencia sobre los seres humanos, al alcance de las libertades en las sociedades o a la evaluación de los derechos humanos en general, no a juicios de valor moralistas individuales donde delito, pecado e inmoralidad se vuelven un mismo concepto y alguien es privado de hacer lo que su propia voluntad demanda, únicamente porque a la mayoría le parece reprobable.

John Stuart Mill decía que "La única parte de la conducta de cada uno por la que se es responsable ante la sociedad, es la que refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano". Por ende, si tomáramos las palabras de Mill como la verdad universal, los que estarían violando algún derecho al imponer reglas sobre la moral individual, serían precisamente la política y el derecho. Es indispensable que el ser humano esté dotado de soberanía individual, así como para la política es menester encargarse de la estabilidad y soberanía de su propia nación.

Dentro de la política existen tres poderes. El poder económico, el poder ideológico (donde entra la moral y los juicios de valor) y el poder político. Lo que concierne al Estado es la tercera parte, y cuando el Estado trata de regular las dos primeras, ya sea teniendo una intervención exagerada en la economía o una sobre regulación ideológica, aparece algo a lo que se le llama primacía del Estado, ya que éste estaría ejerciendo control sobre todo comportamiento humano, y no sólo sobre lo que le concierne. Únicamente en el Estado totalitario toda la sociedad se encuentra resuelta dentro de los quehaceres del Estado en la organización del poder político (que en este caso abarca también al ideológico y económico). Por su parte, el Estado liberal se abstiene de controlar a las esferas ideológicas, religiosas y económicas de la sociedad.

Con esta pequeña cátedra teórica pregunto a quienes buscan la penalización legal de actos inmorales, si realmente saben qué es lo que están pidiendo. Porque al pedirle al Estado regulaciones moralistas para toda la sociedad, como el Frente Nacional por la Familia, están pidiendo a su vez la implementación de un sistema totalitario a sus naciones. No digo que esté mal regirse por juicios de valor moralistas, pero lo que sí está mal es tratar de imponérselos a todo el mundo, cuando la realidad es que los actos ¨inmorales¨ que éstos realizan, no transgreden ni la libertad ni los derechos de otros. Si estas personas consideran que hay algo que es moralmente inaceptable como abortar, como casarse con alguien de su mismo sexo, como amamantar a sus hijos en vía pública o como usar poca ropa, la solución sería que simplemente no lo hagan, no que lo condenen ni falten al respeto a la libertad práctica e ideológica de otros individuos que no comparten sus mismas ideas o valores.

Porque, así como decía John Stuart Mill... "el único fin para el que el género humano está autorizado, individual o colectivamente, a interferir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección. El único propósito con el que el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir el daño a otros. (Nadie) puede ser legítimamente compelido a hacer u omitir algo, porque ello sea mejor para él, porque le vaya a hacer más feliz (o) porque, en la opinión de otros, hacerlo fuera sabio o incluso moralmente correcto" (Mill, 1984).