Hace quince años, cuando llegué a México, a mediados del gobierno de Fox, ya se respiraba el desencanto de la transición democrática. Por entonces, tras haberme sumergido en el modo de vida y las costumbres del país, cuando alguien me preguntaba sobre el principal problema de México, yo solía responder: la corrupción. Iba a contrapelo, o quizás me adelantaba un poquito a mis nuevos compatriotas, porque para muchos la prioridad de entonces era la pobreza. Con regularidad me mencionaban “los más de 50 millones de pobres”, para tratar de convencerme de haber errado el diagnóstico. Para mí, la pobreza sigue siendo uno de los síntomas de la enfermedad.

Más de diez años después, la mayoría de los mexicanos percibe la corrupción como el principal problema. El INEGI en una encuesta de 2015 dice que el 83% lo define como el mayor obstáculo, en lucha cerrada con la inseguridad. Sin necesidad de usar el contador de frecuencia de palabras de Google, la palabra corrupción y sus derivados se enseñorea en las páginas de los diarios y hasta en la literatura que se escribe actualmente. No sorprende que ese giro de 360 grados (sí, lo sé, es usted un lector perspicaz) sirva ahora para crear sistemas anticorrupción que no funcionan y regresan al mismo lugar que partieron. Tampoco para que en estas campañas políticas muchos presuman de puros e incorruptibles, a pesar de haber estado en gobiernos pasados manchados de corrupción, o ausentes de ellos, mas no en muy buenas compañías.

Independiente del discurso de cada quien, desde hace unos años, cuando la corrupción comenzaba a acaparar los reflectores, me di cuenta que el verdadero problema está en la impunidad. Siempre habrá corruptos o posibilidades de meter las manos en el dinero público o privado. Sin embargo,  tener certeza de que se recibirá una sanción por el delito, disuade a muchos de tomar un mal camino. Ante la impunidad total, reina la corrupción absoluta y en todos los niveles. Y ante la ausencia continuada de castigo, los transgresores se envalentonan cada vez más, lo que resulta en la espiral grosera e imparable de crimen y violencia que vivimos.

No sorprende que se descabecen fiscalías sin recato alguno, o que los tribunales garantes de imparcialidad y apego a derecho se hayan transformado en sucursales políticas. El deterioro del TEPJF, patente desde la conformación anterior hasta la habilitación esta semana de la candidatura de El Bronco, no tiene excusa alguna.

No hablaba en vano hace unos días el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al denunciar el uso faccioso de la PGR. No disculpo a Ricardo Anaya por esgrimir el mismo discurso, por más joven e innovador que quiera parecer, él ha sido cómplice de esta situación. Tampoco sorprende que sigamos hablando de fiscales carnales en todos los niveles de la procuración de justicia. O escuchemos quejas de las autoridades mismas sobre lo que mal llaman “la puerta giratoria”, que es una muestra perfecta del lamentable estado de muchos de los ministerios públicos, incapaces de fincar responsabilidades a nadie. 

Para no ir lejos, esta semana en Irapuato vimos el caso de un ex-militar que tras una riña con un taxista y su esposa decidió enfrentar a balazos a la autoridad y sembró el pánico en la colonia Las Reynas. Atrincherado en su casa, mantuvo a raya durante cuatro horas a cualquier persona que osara acercarse. El personaje, un capitán en retiro, salió tras la visita de un representante de la milicia que, es muy posible, le ofreciera impunidad para lograr su entrega pacífica. La visita a los separos fue corta, pues al día siguiente el capitán ya estaba en la calle.

Las versiones periodísticas difieren sobre su salida, algunas mencionan con claridad que «el Municipio, otorgó el perdón luego de que se cubrieron los gastos de los daños, por lo que se deja en libertad a la persona». Ese “perdón” lo obtuvo porque el único querellante fue el Municipio, ningún vecino se presentó ante la autoridad. Los daños pagados corresponden sólo a las patrullas y no a otros vehículos que también recibieron balazos, así como hubo daños en fachadas de casas privadas. Tampoco se abrió proceso alguno por tentativa de homicidio al haber disparado contra la policía, tampoco se incautaron las armas.

De manera descarada, se invitaba en una nota periodística radial a quienes hubieran sufrido daños a poner la denuncia correspondiente ante el ministerio público. ¿Quién va a atreverse a demandar, cuando su vecino no sólo ya volvió a su casa, sino que sigue armado? Impunidad total a la cual estamos cada vez más acostumbrados. ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?

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