A mi amigo, el poeta José Antonio Banda, le cristalearon el carro la semana pasada en Plaza Jacarandas en mi ciudad, Irapuato y no ha pasado nada. No importó que otra víctima de los ladrones fuera el escritor Mario Bojórquez, y que la noticia saliera en primera plana de los diarios el martes 23 de julio, comunicando que la policía ya había detenido a los ladrones con las tarjetas de crédito de este último. Justo el día de publicación de la nota, y como nos tiene acostumbrados el sistema penal mexicano de puerta giratoria, los delincuentes ya estaban libres y ninguna de las víctimas había recuperado sus bienes.

El robo fue cuantioso, incluyó dinero en efectivo, dos computadoras y una larga lista de elementos que fueron puntualmente reseñados por los reporteros de turno. Se realizó ante cámaras de vigilancia, que casualmente no registraron el hecho, y fue denunciado de forma inmediata ante el MP Juan Palomino, del módulo ocho, que al igual que la asesora jurídica Alejandro Toledo, dieron inicio a una cadena de dilaciones y maltrato a las víctimas que auguraba el resultado actual. Toño, como la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad, se estrelló contra el desdén de los funcionarios encargados de defendernos.

¿Con qué autoridad solicitan nuestros gobernantes que se denuncien los delitos, si conocen de sobra la forma de actuar del ministerio público?

A Toño le robaron una computadora portátil que contenía sus trabajos más recientes, poemas y cuentos que ahora trata de recuperar. La semana después del hecho, recorrió tianguis, casas de empeño, preguntó a talleres informáticos de amigos de confianza para rastrear los equipos y allegar más elementos a la investigación. En vano. La falta de celeridad de Víctor Arroyo de la agencia tres, y Saulo Troncoso, de la ocho, para tomar declaraciones, realizar periciales y vincular la detención de los perpetradores de dos robos es tan vergonzosa como cotidiana. 

Tanto la policía como el ministerio público facilitaron también su evasión al golpear a los ladrones durante su detención, invalidando su actuar como autoridad. Como era de esperarse, tampoco solicitaron medida cautelar para evitar que se dieran a la fuga. Durante las visitas de Toño a las agencias para supervisar el avance de la investigación, ha tenido que soportar la también acostumbrada revictimización: Los poetas tienen la culpa por guardar objetos de valor en la cajuela de un coche cerrado con llave.

¿Nos sorprende que el Marro siga libre bajo múltiples excusas? ¿Nos sorprende que sigamos sumidos en una espiral de violencia que ninguna autoridad es capaz de detener? El ministerio público sabe quiénes son y no investiga, no allega pruebas. Nos quejamos de los jueces, pero ante el pobre trabajo de quienes deben fiscalizar o la brutalidad de su proceder, ¿quién puede emitir sentencias justas o apegadas a derecho?

Como ciudadanía tenemos la obligación de quejarnos, de mencionar sin cortapisas sus nombres, porque esto no sólo es sistémico, no es sólo un problema de leyes sino de personas que tienen cargos, funciones concretas y apellidos.

José Antonio Banda, Mario Bojórquez y los irapuatenses que sufren esta ola de inseguridad quieren recuperar lo robado y que se castigue a los delincuentes: señores del ministerio público hagan su trabajo.

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