Pasaron ya un par de semanas desde el informe de nuestro gobernador. ¿Alguien se acuerda? Tras los aplausos, los desplegados en los diarios y un operativo espectacular que no ha modificado la situación de seguridad del estado, las respuestas claras escasean y las cifras de delincuencia siguen al alza. Esta semana se publicaron dos índices muy importantes, el primero, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde Guanajuato encabeza la tabla de homicidios dolosos en febrero, con 340 casos. Además de registrarse en el país el bimestre más violento desde que se tiene registro, con 5.803 asesinatos. Es evidente que la violencia no se contiene con buenas intenciones y tampoco cuando no se han realizado verdaderos cambios en instituciones claves como la Fiscalía General, que a pesar de los relevos en la cabeza, no se reflejan aún cambios significativos en el resto de la estructura.

Otro indicador interesante fue el Índice de Estado de Derecho que publicó por estos días el World Justice Project (WJP), es decir, el Proyecto de Justicia Mundial, una organización independiente y multidisciplinaria creada por iniciativa de la barra de abogados de los Estados Unidos en 2006, que desde entonces ha desarrollado indicadores y evaluado el funcionamiento de las instituciones garantes de los derechos en el mundo. Su informe 2019, que aglutina 126 países censados, se puede leer y descargar de forma gratuita aquí.  

Como pueden muchos imaginarse, México ocupa el lugar 99 en este ranking y ha caído 7 puestos en los últimos dos años. Su calificación de 0.45 en una escala que califica el ideal con 1, lo coloca por encima de Togo y por debajo de Sierra Leona. En América Latina, por debajo de esta calificación se encuentran solamente Nicaragua (0.40), Honduras (0.40), Bolivia (0.38) y Venezuela (0.28). Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia ocupan la cima de la calificación con notas que oscilan entre 0.85 y 0.90.

La medición es bastante compleja porque pondera diferentes aspectos relacionados con el Estado de derecho, como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.

La WJP publicó también, a finales del año pasado, un estudio específico para México, donde fueron entrevistadas más de 25.000 personas en los 32 estados de la República.

De este estudio, la entidad mejor evaluada en México fue Yucatán, con 0.45. Mientras que el peor ubicado es Guerrero con 0.29, casi al nivel de Venezuela. Por su parte, Guanajuato recibe un oprobioso 0.41, es decir, un poquito por arriba de Nicaragua y Honduras.

Si vamos por partes, la boleta de calificación del estado se vería así:

Vale la pena leer el estudio en cuestión. La descarga gratuita puede realizarse aquí.

Allí podrá se observar que cada uno de los rubros evaluados se encuentra subdividido a su vez en aspectos concretos que permiten trazar incluso una ruta de mejora en la función de gobierno. Por ejemplo, el primer factor: Límites al poder gubernamental evalúa seis aspectos: El poder legislativo local es un contrapeso eficaz del gobierno estatal; Los funcionarios del gobierno estatal son sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen la normatividad; Los organismos de fiscalización y control son un contrapeso eficaz del gobierno estatal; Los funcionarios públicos son sancionados cuando incurren en conductas indebidas; La sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, son un contrapeso eficaz del gobierno estatal; y Las elecciones son libres, limpias y transparentes.

Esta es una buena forma de constatar que la calificación revela en buena parte nuestra realidad, por lo cual no extraña que este índice no se haya mencionado en el laudatorio informe de gobierno de Diego Sinhue, que hasta se vanaglorió de un golpe de timón que aún no muestra resultados concretos en la seguridad del estado, mientras revela lo bien aceitada que se encuentra la puerta giratoria.

Para terminar, me pregunto si el cambio en el gobierno federal ayudará a mejorar estas cifras. Creo que lo visto hasta el momento, como lo comenté con la Fiscalía General, no nos ayuda a ser muy optimistas al respecto.

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