Ya terminé de leer el acuerdo que firmaron en la Habana los representantes del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Conseguirlo fue fácil, desde hace varias semanas está disponible de forma gratuita en internet. Sin embargo su longitud, casi 300 páginas en letra de once puntos y espacio sencillo, lo convierten un documento difícil de digerir pues en algunas partes parece un plan de desarrollo nacional, en otras una nueva constitución, y hasta da la impresión, por muchas de las aseveraciones del grupo armado, que las FARC estuvieron 52 años en los montes luchando por los derechos de las minorías LGBTI y la equidad de género de las mujeres colombianas.

Esto último puede sonar a broma, pero me parece un acuerdo único en su género que reúne las aspiraciones de una guerrilla ideológicamente vetusta, en retirada, pero aún peligrosa, adinerada y con capacidad de ejercer el terror, que busca su espacio en política nacional; y el mea culpa de un gobierno que negoció a lo largo de cuatro años con ellos, para terminar reconociendo por escrito en el mismo documento, sus tareas pendientes en muchas partes del territorio. Y lo acordado se hace público para que cualquiera que tenga el interés pueda leerlo y declararse en las urnas a favor o en contra, algo inédito en la historia colombiana e impensable en un sistema político sordo y blindado como el mexicano.

Lo leído suena muy razonable y, sin embargo, no deja de generar suspicacias a la luz de ese dicho tan colombiano que reza: “el papel aguanta todo”. El plebiscito es, a un tiempo, una prueba de qué tanto confían los colombianos en la buena voluntad de las partes, que en más de una ocasión han dejado sus propuestas en letra muerta. El debate en los medios y la apabullante propaganda oficial a favor del acuerdo han martillado durante semanas a los colombianos. Según encuestas de esta semana, casi dos terceras partes de quienes irían a votar lo harán por el Sí. El No también ha contado con defensores que miran con temor el desastroso experimento venezolano y auguran algo similar para Colombia en caso de llegar las FARC por la vía política al poder. Otros están en desacuerdo debido a la amnistía o a las penas ínfimas que cumplirían los excombatientes si confiesan las atrocidades realizadas durante el conflicto.

No conozco a ninguna familia colombiana que no haya sufrido por la guerra, lo comenté en un artículo de hace unas semanas (ver Toda la vida), pero siempre he considerado que ésta no se debe ganar con el exterminio del contrario, como lo siguen clamando muchos. El próximo fin de semana haré mi viaje al consulado para votar por el sí, porque, en mi quizás absurda candidez, me rindo ante los conceptos que se esgrimen a lo largo y ancho del acuerdo: reconciliación, convivencia, memoria y verdad.

Pienso en mis familiares asesinados o secuestrados, en mis experiencias al ser encañonado por un fusil o revólver de las FARC, y no quiero que eso lo repitan mis hijos o sobrinos. Confío que con el espaldarazo de millones votantes la paz quedará refrendada como nuestra más legítima aspiración para que quienes sabotearon los intentos anteriores a plomo, lo piensen dos veces antes de repetir las mismas acciones. Sé que aún quedará un par de grupos guerrilleros por pacificar, pero el paso que dan las FARC es tan significativo como el dado por el M-19 en su momento que, si hacemos algo de memoria, confirió al país una constitución progresista tan digna como necesaria. Y además de mi voto, me comprometo para, en caso de que las FARC incumplan con su palabra, exigir que sean juzgados no por un tribunal transicional, sino por la Corte Penal Internacional.

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