Hay dictaduras de todo tipo y calaña. Algunas más severas que otras, pero todas podrían medir su grado de autoritarismo con la misma vara: su injerencia en la libertad de expresión y de acceso a la información. Dime con qué arma amenazas a quien informa, y te diré cómo se llama tu dictadura. (También te puedo decir de qué tamaño es tu miedo).

Desde el día 21 de abril, se dirime en el Senado la ley secundaria en telecomunicaciones. Tiene muchas aristas a discutir, pero la que ahora nos ocupa, es la que se refiere al uso libre del internet. El lunes pasado, el hashtag #EPNvsInternet alcanzó el segundo lugar en el trend topic mundial. No es cosa menor. En resumen, hay dos posturas encontradas: la del Ejecutivo, que ha presentado una iniciativa con aparentes y genuinas intenciones de proteger a los usuarios contra todos los gandallas, pelados, nacos y revoltosos que andan ensuciando la red; y la de los movimientos sociales y digitales que se oponen a lo que anuncian como una flagrante censura. ¿Cómo puede haber dos posturas tan enfrentadas una a la otra sobre el mismo tema?

Distingamos los puntos más importantes en la discusión:

1. La nueva ley posibilita que sea la Secretaría de Gobernación, la que regule (como antaño), los contenidos. Todo sea por la sacrosanta decencia.
2. En casos excepcionales, según el artículo 189, las empresas están obligadas a otorgan datos personales y hasta localización geográfica de un usuario indeseable. Todo sea por la sacrosanta ubicación.
3. Y en el artículo 197, las empresas podrán recibir la orden de “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Todo sea por la sacrosanta salvaguarda.

Vamos a suponer que el Sr. Peña Nieto, después de un tiempo de cuaresma, ayuno, expiación y penitencia, salió de su cueva con sus animales sagrados y pensó, “todo sea en bien de la seguridad de mi pueblo”. No obstante, hay algunos detalles, pequeños y molestos, pero que habría que tomar en cuenta.

La Secretaría de Gobernación, es un órgano del Ejecutivo y por lo tanto, atrás de la pantalla, estaría un político (no un ciudadano del Ifetel, como debiera de ser), decidiendo si lo que dices es políticamente correcto. Toda la historia del viejo PRI (el mismo de siempre) es una lección de cómo hacer lo anterior. Después, habría que pensar, nada más por no dejar, que quien decidiría si de pronto le cortamos al internet en una manifestación, sería ese mismo político que tiene un impresionante record de 90 por ciento de impunidad en delitos contra periodistas. Amén de recordar que en el gobierno de EPN se han incrementado preocupantemente los crímenes contra periodistas. Finalmente, y sólo como detalle, sería conveniente recordar que los negocios de la corrupción han sido decisivos en materia de elecciones, concesiones en medios, o uso manipulado de la información. Y esos excelentísimos caballeros decidirían si lo que dices es un crimen o no; si lo que dices atenta al “orden público” o no.

Peña Nieto y sus cómplices venden esta ley como un beneficio a la seguridad nacional. La presentan como un arma contra los abusos de la información no controlada. Tienen miedo. Su área de confort está amenazada por miles de voces ciudadanas que se han convertido en reporteros, informadores, redes solidarias o simples grupos libres de opinión. Peña Nieto pues, tiene miedo de que una horda de estudiantes vuelva a meterlo al baño, y todos se rían de él por el celular.