Las protestas campesinas que se han desplegado en varias regiones del país, y que en Guanajuato tuvieron una especial resonancia, son un indicador de que la situación del agro mexicano está llegando a un punto crítico. Desde que en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, concretando una auténtica contrarreforma agraria, la situación general de los campesinos no ha mejorado; al contrario. La privatización del ejido no convirtió a los labriegos en pequeños empresarios, como se afirmó entonces; más bien impulsó a muchos de ellos a malbaratar sus tierras, emigrar o convertirse en obreros mal pagados.

Desde que el liberalismo se consolidó en nuestro país como el modelo de desarrollo dominante, los diferentes gobiernos han impulsado políticas contrarias al modo de producción campesino, al que lo juzgaron como retardatario y anacrónico. Especialmente los campesinos indígenas sufrieron las duras consecuencias de la privatización de las tierras antes comunitarias o sociales. Sólo mediante una cruenta revolución, en la que el componente campesino jugó un papel principalísimo, se recompuso un tanto el desequilibrio social que el liberalismo generó en el campo, donde los hacendados y terratenientes imponían su ley.

Sin embargo los gobiernos posrevolucionarios se mostraron temerosos de concretar la ley agraria carrancista de 1915, que dio pie al contenido reivindicativo del artículo 27 de la nueva constitución. Hubo que esperar a que los sonorenses dejaran el poder, y que el michoacano Cárdenas impusiera un auténtico programa agrario revolucionario en el campo mexicano. Dijo Arturo Warman (qepd), mi maestro y primer antropólogo social que alcanzó una secretaría de estado, la de la Reforma Agraria, que: “Durante el largo período que se extiende de 1911 a 1992 se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país. Según las Resoluciones Presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30 000 ejidos y comunidades que incluyeron 3,1 millones de jefes de familia, aunque según el último Censo Agropecuario de 1991 se consideraron como ejidatarios y comuneros 3,5 millones de los individuos encuestados. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70 por ciento de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México.” (fao.org/docrep/006/j0415t/j0415t09.htm)

Lo malo fue que la reforma agraria revolucionaria se implementó de manera precipitada y sin acompañarse de un proyecto integral que garantizara el mantenimiento de la productividad, así como el bienestar de sus nuevos tenientes campesinos. El reparto se convirtió en una estrategia político electoral, y no en un programa para el desarrollo armónico del campo y sus habitantes. Los distintos gobiernos compitieron por repartir cada vez más tierras, cada vez más pobres, pero regatear los apoyos técnicos y financieros que hicieran viable la vía campesina hacia el desarrollo. Incluso convirtieron al Banrural en la “caja chica” mediante la que se financiaban las triquiñuelas que convenían al aparato hegemónico.

La economía campesina quebró, y con ella el campo. Esa fue la excusa para que en los años noventa el Estado mexicano eliminara los subsidios y los precios de garantía, y abrió los mercados a la competencia extranjera. Esa fue la puntilla. Miles, tal vez millones de campesinos dejaron de serlo, incrementando los flujos de la migración hacia el norte, y la proletarización en las ciudades y en el propio campo. Hoy día las agroempresas trasnacionales controlan los cultivos comerciales y de exportación, mientras que los agricultores marginales sobreviven (?) con las siembras tradicionales y básicas. La pobreza del campo sólo es paliada por las remesas de los migrantes y los jornales de hambre que reciben los trabajadores hoy sin tierra. Una auténtica tragedia nacional.

Dudo mucho que los gobiernos de cualquier signo atiendan los reclamos campesinos. Van a responder con los programas asistenciales de siempre, y para el cáncer que afecta a los pobres del campo prescribirán la acostumbrada aspirina. Pero sin duda habrá ganadores: los líderes parasitarios y sus aliados en la política.

(*) Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León. [email protected] – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal