En esta semana se firmó en Guanajuato lo que los medios han llamado un “pacto de civilidad” entre las autoridades estatales, las electorales y las dirigencias de nueve de diez partidos políticos. Un documento que formalmente se denomina “Compromisos de civilidad para el fortalecimiento de las prácticas democráticas durante el proceso electoral local y federal 2014-2015 en el estado de Guanajuato”.

Fue una iniciativa de la Secretaría de Gobierno y la delegación de la Secretaría de Gobernación, quienes convocaron a los actores corporativos de la competencia electoral por venir, tanto locales como federales, para establecer compromisos mínimos que permitan garantizar la tranquilidad social, la equidad en la contienda y el respeto a los individuos y a las instituciones públicas. Fueron más de tres meses de negociaciones, hasta que se acordaron diez cláusulas para el acuerdo, que sintetizadas pueden enlistarse de esta manera: 1) respetar las decisiones de los institutos y tribunales electorales y conducirse con legalidad; 2) postular candidatos que garanticen honorabilidad; 3) desarrollar campañas electorales basadas en propuestas, debate y participación ciudadana; 4) abstenerse de denigrar o calumniar a los adversarios, tanto en lo individual como a las corporaciones; 5) aprovechar de manera responsable las redes sociales; 6) no utilizar recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto; 7) abstenerse de aprovechar recursos de procedencia ilícita, y respetar los topes de campaña; 8) actuar con transparencia y rendición de cuentas; 9) garantizar, por parte de los gobiernos, la seguridad de los ciudadanos y los actores políticos, y 10) sancionar todo acto ilícito o delictivo para cancelar la impunidad.

El acuerdo se firmó en las instalaciones del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), por el deseo de ese organismo de dar a conocer a todos los partidos y sus candidatos la existencia de un plan de desarrollo del estado y sus regiones con horizonte al 2035, y evitar la permanente reinvención de las políticas públicas, y el trienal descubrimiento del agua tibia. No me pareció una mala idea, pues la competencia electoral suele basarse en promesas producto de ocurrencias personales, o bien de equipos de “expertos” que pueden proponer los grandes proyectos imposibles y demagógicos. No está mal compartir la información que viene generando un organismo técnico como el IPLANEG desde julio de 2007, pero que parece padecer del mismo ostracismo institucional que los IMPLAN municipales.

Se ha criticado acerca del acuerdo en cuestión, que establece obviedades a las que todos los firmantes están obligados de cumplir. Muy cierto. Pero hay que reconocer que la práctica política concreta nos enseña que los mexicanos nos hemos quemado con el atole, y por eso le soplamos hasta al jocoque. En otras palabras, la mula no era arisca…

Sentar a los partidos para que firmen un acuerdo de civilidad podría ser ocioso dentro de un estado de derecho consolidado. Pero nuestra democracia todavía exhibe dejos de infantilismo –en los términos de Lenin- que preocupan mucho a los árbitros electorales. Por eso más vale curarse en salud, y enviar un mensaje a la sociedad sobre el refrendo de los compromisos de civilidad que requiere una competencia civilizada. Lo que abunda no daña, dice un principio jurídico.

Las señas de violencia social que vemos desplegarse en otras regiones del país deben alertarnos sobre su contagio a la “placidez” abajeña. Varios municipios y distritos se anuncian como competidos en esta elección por venir, y cuando la diferencia entre los contendientes se acorta, los ánimos se calientan y surgen los recursos emergentes de los “ingenieros” electorales: impugnaciones sin sustento, judicialización, movilizaciones, denuncias ante los medios, toma de instalaciones o vías de comunicación, y demás linduras de la incivilidad política.

Hay que reconocer que el clima económico y social actual no es favorable para una competencia intensa, pero correcta y bizarra. Hay un desencanto evidente entre un sector lastimado de nuestra población, y no debemos ignorarlo. Habrá que desplegar una especial capacidad de inclusión y socialización en los valores cívicos para que el votante escamado regrese a las urnas, al convencerse de que el voto es un arma formidable contra la perversión en la política. Sólo hay que aprender a usarlo, y detectar las reservas morales que aún existen entre nuestra clase política tradicional, y entre los actores emergentes.