La consulta popular: ¿participación o propaganda?

"Entre las muchas novedades que trajo consigo la reforma político electoral del 10 de febrero pasado, se incluyó un nuevo recurso que se inscribe dentro de los mecanismos de la democracia directa –aquélla donde el ciudadano puede manifestar su opinión de manera directa sobre algún asunto de interés público-, me refiero a la consulta popular"

La consulta popular: ¿participación o propaganda?

Entre las muchas novedades que trajo consigo la reforma político electoral del 10 de febrero pasado, se incluyó un nuevo recurso que se inscribe dentro de los mecanismos de la democracia directa –aquélla donde el ciudadano puede manifestar su opinión de manera directa sobre algún asunto de interés público-, me refiero a la consulta popular. Ésta había sido una añeja demanda de actores políticos, partidos y organizaciones de la sociedad civil, que había sido atendida ya en la mayoría de las entidades de la república, pero no así a nivel federal. En el 2012, 18 entidades contaban con una ley estatal de participación ciudadana (Cornelio Martínez, documento de trabajo 130 del CESOP de la Cámara de Diputados) donde se incluía la consulta popular.

La nueva ley federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de este mismo año. Y en ella se determina que el naciente Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la obligación de organizar consultas populares a celebrarse en concurrencia con las elecciones federales ordinarias. Su artículo 4 define la consulta popular (CP) como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.” Y por estos últimos se entienden los asuntos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y que impacten en una parte significativa de la población.

¿Quiénes pueden solicitar una CP? El presidente de la república, el 33% de los miembros de cualquiera de las cámaras del congreso, o los ciudadanos en un número de, al menos, el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Si consideramos que el último dato de la lista es que la integran poco más de 80 millones 595 mil ciudadanos, podemos afirmar que se requiere de al menos un millón 612 mil firmas, acompañadas de sus nombres, clave de elector o número identificador al reverso de la credencial de elector.

El estado de Guanajuato, por ejemplo, cuenta desde octubre de 2002 con su Ley de Participación Ciudadana. Entre sus recursos no existe la figura de la CP, pero sí la del plebiscito, cuyo objetivo según su artículo 22 es el de “someter a consideración de los ciudadanos guanajuatenses la aprobación o rechazo de los actos o decisiones del Gobernador del Estado o de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la Entidad o del Municipio.” Puede ser solicitado por el gobernador, los ayuntamientos o por petición ciudadana mediante la recolección de un número de firmas equivalente al 5% de la lista nominal. Sólo que, a diferencia de la nueva ley federal, a la lista se le debe anexar copia de las credenciales de elector de los firmantes, lo que complejiza mucho su operatividad. Es una ley pensada en facilitarle a la autoridad su aplicación, pero dificultársela mucho a la ciudadanía. Por eso sólo se ha aplicado en una ocasión, en 2010, cuando el ayuntamiento de Guanajuato solicitó a la autoridad electoral estatal la realización de un plebiscito sobre el proyecto de urbanizar el predio Granja La Bufa. La opción ciudadana del no ganó con el 84% de los votos emitidos.

A nivel federal se asoma ahora la posibilidad de que se sometan a CP una amplia gama de temas: la reforma energética, el salario mínimo y la eliminación de curules de representación proporcional. Los partidos políticos ven el potencial propagandístico de estos temas, y buscan mover las fibras íntimas del elector: su nacionalismo, su economía familiar y su malquerencia por el legislativo. La CP no es vista como un recurso para el empoderamiento ciudadano, sino como medio de proselitismo indirecto. Ojalá se tomara con mayor seriedad, y que se imite el ejemplo de países que la emplean regularmente para fomentar la participación ciudadana, como en Suiza, los Estados Unidos, Noruega y muchos otros. Pero al final, bienvenidas las consultas.