Democracia es un concepto polisémico. Cada quien lo interpreta a partir de las convicciones y la ideología personales, y adopta entonces una percepción restringida o amplia de la noción. Para un liberal clásico, la democracia es un entramado institucional y político que hace posible la trasmisión pacífica y ordenada de los poderes públicos. Es una democracia constitucional. Para un socialdemócrata la democracia es un sistema político que no se limita a las facetas instrumentales e institucionales de la concepción anterior, sino que también persigue proporcionar los elementos de bienestar social y económico que ayuden a la armonía y al buen vivir de la comunidad, mediante el Estado benefactor. Los demócrata cristianos prefieren acentuar los elementos morales, espirituales y solidarios que construyen ciudadanía y la acercan al logro del bien común. Los socialistas de corte marxista ven la democracia como el conjunto de garantías de acceso a la equidad y la justicia sociales, y apuestan a la preeminencia de un Estado fuerte —incluso autoritario—, central y planificador, que vea por la construcción de una sociedad sin clases. Los anarquistas ven a la democracia como un gran fraude burgués, que esconde el predominio de las élites opresoras sobre el pueblo alienado y explotado.

La Constitución mexicana define la democracia, en su artículo tercero, “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es una constitución social demócrata desde sus orígenes revolucionarios de 1917. Sin embargo, ese ideal se ha mantenido en la esfera cruel de la ironía. Los gobiernos de la posrevolución y ahora los de la posalternancia no han sabido integrar a grandes componentes de la población mexicana a los beneficios del crecimiento económico. Si bien enormes conjuntos sociales del país tienen hoy niveles aceptables en cuanto a acceso a educación, salud, vivienda, empleo y otros muchos indicadores, también es cierto que el desarrollo social de las cuatro o cinco últimas décadas ha sido desequilibrado e inequitativo, dejando fuera de los beneficios compartidos a grupos que denominamos como “vulnerables” o “excluidos”. Me refiero a los indígenas —los eternos olvidados—, los discapacitados —un 10% de la población—, los afromexicanos, los ancianos necesitados, migrantes deportados, inmigrantes de paso, la población encarcelada —casi 200 mil personas—, población LGBTT+, jóvenes sin empleo y sin estudios, sexoservidores, población en situación de calle, y demás excluidos.

La democracia del nuevo milenio debe ser incluyente. Los derechos políticos y sociales deben ampliarse conforme la sociedad evoluciona hacia mejores condiciones para el sustento común. Pero basándose en un modelo inclusivo que integre a la gran variedad demográfica y cultural de esa entelequia que llamamos México. Para eso los ciudadanos debemos organizarnos mejor, informarnos sobre las alternativas para un futuro viable y sostenible, que haga posible lo que ordena nuestro documento fundacional.

Varios consejeros de los institutos electorales locales nos hemos organizado para integrar una Red Nacional para una Democracia Incluyente —nombre aún provisional—. Somos 34 los que arrancamos este esfuerzo, que se está formalizando ante un notario público de Cuernavaca. Buscamos aprovechar la plataforma que nos facilita nuestra actual responsabilidad electoral para promover los nuevos valores de una democracia para todas y todos, y mantenernos activos en el tema incluso cuando culminen nuestros encargos. Queremos trabajar con las poblaciones olvidadas con las herramientas a nuestro alcance: promoción de mejoras legislativas y ampliación de derechos, abono al debate informado sobre estrategias sociales y políticas, interlocución con los factores de poder político, diseño informado de políticas públicas, impulso a la generación de opinión pública sobre este tema, trabajo científico para la investigación y el debate académico, y claro, alzar la voz cuando sea necesario.

Si nuestro modelo democrático es carente de algo, es de suficiente solidaridad hacia el prójimo en situación de privación, de desventaja, de opresión, de discriminación o de marginación. No es suficiente el asistencialismo caritativo; se requiere de un compromiso pragmático para empoderar mediante el conocimiento, la capacitación, los proyectos productivos, el extensionismo y el respeto a los derechos ciudadanos de tercera generación.