Momias a consulta [I]

Cualquier intento proveniente de la sociedad civil del estado de Guanajuato para provocar una consulta plebiscitaria, será siempre una empresa prácticamente imposible con las condiciones que impone la anacrónica Ley estatal de Participación Ciudadana, que data de hace veinte años. Para desencadenar el proceso, hay que presentar una solicitud ante la secretaría del Ayuntamiento en un periodo de no más de 45 días posteriores a la emisión del acuerdo que se busca impugnar, para que en 72 horas se canalice al Instituto Electoral local. Dicha solicitud debe acompañarse con las firmas y datos del 3% de la lista nominal de electores del municipio involucrado. Alrededor de 4 mil 300 para el caso de Guanajuato capital.

En el caso improbable de que se aprobara la realización del plebiscito, la misma ley en sus artículos 32 fracción II, 33 y el último párrafo del artículo 34, impone condiciones desmesuradas para que se anule el acto de gobierno. Se exige que la votación supere un umbral del 50% más uno en la participación de los electores ante las urnas. Luego se demanda una mayoría calificada del 60% de los votos emitidos para lograr el triunfo. Y más aún: en el lejanísimo caso de que triunfe el rechazo a la decisión de gobierno, su efecto restrictivo se limita a dos años. Sencillamente, es una puerta cerrada.

Eso fue claro en el intento fallido de la regidora morenista Paloma Robles de promover un plebiscito sobre la contratación de un fuerte crédito que endeudará al municipio por diez años, para construir un centro comercial en el que el negocio “ancla” sería el museo/freak show de las Momias. El esfuerzo no pudo superar la primera aduana, a pesar de que la recolección de firmas fue permitida por el IEEG (acuerdo CGIEEG/314/2021) a partir del 10 de septiembre del año pasado, hasta culminar el 23 de enero de 2022 —incluyendo el plazo legal de los 45 días—. Pero la pandemia provocó que muchos de sus auxiliares enfermaran y que el operativo se dificultara.

Es lamentable que las decisiones de política pública en nuestra entidad no puedan someterse a consulta cuando la ciudadanía afectada así lo demande. El Congreso del Estado tiene un área de oportunidad en este ámbito, pues somos una de las entidades más rezagadas del país en este tema. Lo digo con conocimiento de causa, pues desde 2015 he participado en varios encuentros de la Red Nacional de Educación Cívica, en los que nos dimos a la tarea de analizar y comparar los instrumentos legales con que se cuenta en las entidades del país. Destacan los modelos de la CDMX, Yucatán, Chihuahua, Jalisco y otros. En 2019 generamos un modelo de ley con base en los mejores instrumentos que detectamos. El producto de ese trabajo grupal está disponible en este sitio.

Sobre el tema del museo/parque/mall de las momias, es deseable que la autoridad municipal actual emule la sensibilidad social del ayuntamiento 2009-2012 (coalición PRI-PRD) cuando motu proprio convocó a un plebiscito que, aunque lo perdió ampliamente (84% versus 15%), reivindicó su imagen política e histórica. Ese ejercicio costó poco más de 868 mil pesos. Hoy podría costar un millón y medio, que es razonable frente al gasto comprometido por más de cien millones. Pero cosas veredes, Sancho…

Momias a consulta [I]
 

(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. [email protected] ­– @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ –­ https://rionda.blogspot.com/