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04:05h. Domingo, 17 de Diciembre de 2017

"Las movilizaciones sociales a que han dado pie los deleznables hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa ponen en evidencia que gran parte de la sociedad mexicana todavía es capaz de reaccionar ante la desgracia ajena"

Las movilizaciones sociales a que han dado pie los deleznables hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa ponen en evidencia que gran parte de la sociedad mexicana todavía es capaz de reaccionar ante la desgracia ajena. Las manifestaciones callejeras, esas que son pacíficas y con sentido de dignidad, han logrado sacudir conciencias y que el Estado mexicano se involucre a plenitud en el esclarecimiento de los hechos.

Pero también me inquieta sobremanera que los radicalismos aprovechen la oportunidad para aflorar y desviar el sentido de las protestas. De nuevo escuchamos diatribas que son potenciadas por las redes sociales, que buscan escalar el escándalo para embarrar a cuanto agente público se les ocurre. Incluso se dejen escuchar voces que demandan la renuncia del presidente de la República, lo que me parece un despropósito. Como nunca, el Estado debe mantener la ecuanimidad y la capacidad para mantener los factores de la armonía social, entre ellos la certidumbre de que existen los medios legales para resolver las anomias y los conflictos. En estos momentos descabezar al Estado equivaldría a rendir la plaza ante los criminales –de dentro y de fuera de los gobiernos, de eso no cabe duda- e introducir un factor de desestabilización que no le conviene a nadie, bueno, al menos a los ciudadanos que aún creemos en la viabilidad del país.

Dicen algunos medios que el presidente “está enojado”. Tal vez sí, y se entiende. Todos los personajes públicos deben soportar con frecuencia los embates de medios de comunicación que defienden intereses económicos y políticas, que utilizan como punta de lanza a opinadores –aunque les gusta llamarse “informadores”- que suelen acudir al tremendismo y la maximización. Entre ellos aún no permea la cultura de la investigación responsable, el cotejo previo y el derecho de réplica.

Claro, el problema no reside sólo en el periodismo militante y calificador. También los personajes públicos no han aprendido a mantener la transparencia necesaria en sus asuntos y en la provisión de información verificable. Eso sucedió tanto en el caso Tlatlaya como en el de Ayotzinapa, sobre los cuales se dijeron muchas cosas y se dejó que los rumores cundieran para superar la inicial mutismo de las autoridades locales y federales. Me tocó leer notas contradictorias sobre ambos casos, y sólo hasta recientemente se tienen algunas certezas, como las que expuso hace unos días el procurador general. Por cierto, qué escándalo tan absurdo se desató por su expresión final: “estoy cansado…” Era evidente que el hombre de 65 años estaba agotado físicamente después de jornadas extenuantes; no se refería a estar “harto” del caso ni mucho menos. Pero los opinadores no perdonan, y fue lapidado en las redes y en no pocos medios de comunicación.

Los sistemas democráticos consolidados tienen bien definidas sus vías para la canalización de la inconformidad ciudadana, evitando al máximo la eventualidad de su desborde violento. Por supuesto, de vez en cuando esos recursos se ven superados por la irritación popular, como se vio en Europa y en los Estados Unidos con el movimiento de los indignados hace dos años. Pero en el caso mexicano la indignación responde a las limitaciones e ineficiencia del propio Estado para mantener a raya al crimen organizado. Hay una descomposición alarmante de los órganos públicos en los ámbitos locales, y con ello una ausencia del estado de derecho.

La indignación ciudadana es comprensible e incluso saludable. Pero bajo las condiciones de nuestra debilidad estructural la misma puede ser desvirtuada por personajes interesados en socavar la institucionalidad. Por eso los anarcos, los radicales e incluso los mismos delincuentes pueden montarse sobre la ola ciudadana y corromperla.

Tengo confianza en que las movilizaciones maduren su capacidad de detectar y aislar a esos infiltrados violentos, y que la legítima exigencia se base en la civilidad. Así lo están haciendo los estudiantes de las universidades, que están rechazando la acción violenta y están aislado a los fanáticos, como se vio en Ciudad Universitaria, y en el caso de León, con la “toma” pacífica de las instalaciones del campus de la Universidad de Guanajuato. Los chicos han emprendido labores de información, debate y expresión artística, como vías de protesta activa, manteniendo en alto la dignidad del joven universitario. La mesura no está reñida con la energía.