Educación secuestrada

Educación secuestrada

Un compromiso del actual gobierno federal dentro del ámbito educativo, es el de conocer con mayor precisión cuál es la situación real de los servicios y el personal con que cuenta el sistema de educación pública nacional. Hasta hace poco, nadie sabía con precisión cuál era el número de profesores que conformaban la nómina educativa, ni tampoco el tamaño de la infraestructura y su situación. Recuerdo el documental que realizó la organización “Mexicanos primero A.C.” denominado “De panzazo”, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola: en algún momento este periodista le inquiere al entonces secretario Alonso Lujambio, y a la también entonces lideresa sindical Elba Esther Gordillo, sobre el número total de profesores que laboran en las escuelas del país. Ninguno supo dar un número: era un misterio. Algo increíble, si pensamos que a todos esos profesores les llega puntual su pago quincenal; no se entiende cómo la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenga control sobre la nómina y su presupuesto destinado a sus recursos humanos.

Finalmente la SEP de Emilio Chuayffet decidió cortar por lo sano y acordó con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la realización de un Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), que se levantó del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013. Para ello, el INEGI reclutó, contrató y capacitó una estructura operativa de 17 mil 281 personas, que recorrieron el país recogiendo la información estadística elemental del sistema de educación básica nacional. Se visitaron 261 mil 631 centros de trabajo (preescolar, primaria y secundaria), aunque sólo del 90.6% se logró recabar información. Al parecer hubo negativas a proporcionar datos en los estados del sur, donde rige la CNTE.

Se levantó información de un millón 949 mil 105 trabajadores de la educación, el 92.5% del total; así como de 23 millones 562 mil 183 alumnos, el 91.4%. Los resultados se dieron a conocer el 31 de marzo pasado, y están accesibles en este sitio web: cemabe.inegi.org.mx

No es de sorprender que los datos generados por el censo reflejen una situación alarmante. Ya han sido denunciados y difundidos por varias organizaciones ciudadanas, como “Mexicanos primero”, “Ojo ciudadano”, “Fin al abuso” y otras. Resulta que se detectaron 39 mil 222 “aviadores”, o sea personal que no acude a su centro de trabajo. También existen 30 mil 695 “comisionados”, dios sabe a dónde. Otro montón, 113 mil 259 se reportan “ubicados en otro centro de trabajo”, porque en el suyo nadie los conoce. Y para colmo se contaron 114 mil 998 “jubilados, retirados o fallecidos”. O sea, que hasta los muertos cobran puntualmente sus quincenas.

Si consideramos el total de personal censado, nos damos cuenta de que 15% de ese personal –uno de cada siete- está en situación irregular. Se les paga por un trabajo que no cumplen. Y para colmo se detectaron profesores con tres y más plazas, expertos en hacer rendir los días de 36 horas. Además, uno de cada tres trabajadores tiene funciones administrativas; no da clase frente a grupo, sino que es un burócrata más. En síntesis, hay un enorme boquete en la nómina educativa nacional.

La situación física de las escuelas públicas también es inquietante: 48.4% no cuenta con drenaje y 31% no disponen de agua potable. A pesar de ello, 87.2% sí tienen sanitarios. Un contrasentido: en muchas escuelas hay baños, pero no agua y/o drenaje. Al acudir a la escuela, nuestros hijos se exponen a la insalubridad. De esas escuelas, 11.2% tampoco cuentan con energía eléctrica, por lo que están excluidas de cualquier tecnología moderna que facilite el aprendizaje. Hay 2 mil 241 escuelas públicas hechas de “materiales ligeros y precarios”, o sea cartón, palos y bajo un árbol. 14 mil 444 no cuentan con pizarrón en todas las aulas; supongo entonces que el profesor raya sobre la pared.

En 45 mil 837 escuelas (19.3% del total) no hay áreas deportivas o recreativas; los niños han de jugar en la tierra. En 125 mil 552 (53%) no hay teléfono; ¿para qué?, han de decir las autoridades, si ya los celulares los han desplazado. No sorprende entonces que 123 mil 511 (52.1%) no tengan conexión a Internet, con lo que están ajenas a las bondades educativas de las nuevas TIC’s. Los planteles tampoco son incluyentes de las personas  con necesidades especiales: 96 mil 310 (40.6%) no cuentan con rampas. Más de cien mil (42.2%) no tienen señales de protección civil y 83 mil 566 (35.3%) no cuentan con salidas de emergencia. Son auténticas trampas mortales en caso de alguna emergencia.

La SEP ejercerá este año un presupuesto de 292 mil 549 millones de pesos, casi 20% del total de egresos autorizados por el poder legislativo a los tres poderes y todas las instancias públicas del país, incluyendo PEMEX y CFE. Es una enorme cantidad de recursos que desgraciadamente se va en su mayoría en el pago de la ingente nómina del sector educativo (2.1 millones de trabajadores). Urge dar racionalidad al sector, y tapar los agujeros detectados por el censo. Para México es esencial contar con profesores que sí den clase y alumnos que sí asistan y aprendan. Qué bueno que se esté revisando el modelo educativo nacional, pero es más apremiante atender el desorden y las carencias en personal e infraestructura.

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