El sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) comenzó incluso antes de su toma de protesta, el 1 de diciembre del año pasado. El presidente saliente, Felipe Calderón (FC), asumió  sin reparos la estrategia de gobierno que tejía su sucesor, y que se concretaría en la firma del Pacto por México el 2 de diciembre de ese mismo año. FC aceptó el costo político que implicó echar adelante la reforma laboral, que significó la “flexibilización” de las relaciones entre el capital y el trabajo, en claro beneficio del primero. Esa fue la primera de las cinco reformas, que luego se ampliaron a nueve, que anunció EPN desde la misma campaña electoral. A la laboral seguirían la educativa, la financiera, la de telecomunicaciones, la fiscal, la política, la judicial y la energética. Falta aún la relativa a la seguridad y el combate a la corrupción, tema en el que sólo se ha cambiado de estrategia de comunicación, al retirarse del primer plano de la atención de los medios la guerra contra el crimen organizado. Pero la violencia y el delito siguen sin dar muestras objetivas de ceder terreno.

FC le ahorró tiempo y desgaste al nuevo presidente, y le permitió que comenzara sus reformas con un impulso cobrado desde antes de llegar a Los Pinos. Nunca se había visto tal grado de colaboración y cordialidad entre un mandatario saliente y su sustituto, ni siquiera entre los pertenecientes al mismo partido. Más bien se daban rompimientos que podían ser muy hostiles, como cuando Zedillo sucedió a Salinas, o cuando el propio FC sucedió a Fox. Eso favorecía la reinvención de la política cada seis años, con sus ventajas –la renovación de las élites- y sus desventajas –abandono de programas y ajustes de cuentas.

EPN y su grupo político mexiquense –también conocido como el grupo Atlacomulco- sedujeron a las oposiciones principales, y las convocaron a establecer un quasi cogobierno.  Al menos en el ámbito legislativo, priístas, panistas y perredistas pudieron establecer acuerdos mínimos mediante el Pacto por México, que algunos han querido comparar con los pactos fundacionales como el de La Moncloa de 1977 y el de Antequera en 1978, en España. Es por supuesto una exageración, porque esos acuerdos refundaron desde la base el Estado español, y definieron los elementos básicos de la constitución española de 1978 y el estatuto de autonomía de 1981. Acá en cambio, los 95 puntos del pacto (disponible en: pactopormexico.org) representan medidas de corte político y administrativo que sólo corrigen problemas o ausencias del mismo aparato gubernamental mexicano, pero no lo refundan.

Las reformas implementadas a lo largo del feneciente año de 2013 no lograron rescatar muchos de las propuestas originales del candidato EPN. Por ejemplo, no entiendo cómo en la materia política seguimos sin tocar la composición de las cámaras legislativas, y no se desaparecieron 100 de las 200 curules de diputados, y las aberrantes 32 curules de representación proporcional en el Senado. Tampoco se concretó la segunda vuelta electoral, que nos salvaría de situaciones como la que vivimos en los comicios presidenciales de 2006. No se avanzó nada en el tema del enorme costo que nos representa el actual sistema electoral y de partidos; al contrario, se buscó crear el monstruo del Instituto Nacional de Elecciones, que absorbería las funciones de los 32 institutos locales. Al final no se concretó, pero sí se le adicionaron más responsabilidades al IFE, al que también se le cambiará absurdamente el nombre, incrementando su costo actual.

No puedo negar el valor neto de las reformas, pues lograron romper varios tabúes e inercias que mantienen al país estancado. Pero su ritmo alocado y la falta de una discusión nacional que permitiera despejar dudas y cuidar los detalles, nos coloca en una situación de riesgo en muchos ámbitos muy sensibles. Por ejemplo en la apertura del sector energético, donde los riesgos son enormes, pues se abre la puerta a capitales que han demostrado su falta de escrúpulo para explotar los recursos de los países en desarrollo. O bien, la reforma fiscal que sólo reproduce las viejas medidas recaudatorias sobre la clase media, con poca claridad de cómo se va a ampliar la base fiscal, o bien cómo se va a obligar a los magnates de este país a pagar impuestos proporcionales a su riqueza. (Por cierto, gracias al debate sobre esta reforma me enteré de que los que ganamos más de 45 mil pesos al mes compartimos el mismo decil de la pirámide de ingresos que Carlos Slim. ¡Para Hacienda, ricotes somos todos!)

En fin, que estrenaremos el año 2014 con una retahíla de cambios que tienen alcances diversos, y por lo mismo sus resultados serán insospechados. Quiero creer que en general las innovaciones legislativas serán positivas en el mediano y largo plazo, como en la reforma educativa, la que juzgo como la mejor de todas, pero que se da cuando el país ha acumulado un rezago de entre cuatro y siete décadas respecto a países con grados similares de desarrollo, como lo evidenció la prueba PISA dada a conocer este mes. Triste noticia.

[email protected] – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal