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10:16h. Domingo, 22 de Octubre de 2017

"Recordemos que, como en los deportes de competencia, en las elecciones el mejor árbitro es el que apenas se deja notar"

Continúo el diálogo afectuoso con Carlos Arce Macías, quien reaccionó a mi colaboración de la semana pasada con un artículo en el periódico a.m. intitulado “A-yun-ta-mien-tos”. El fondo del debate tiene que ver con la propaganda electoral de los aspirantes a presidentes municipales en México y Guanajuato, que generalmente ignora al resto de los miembros de las planillas para ayuntamientos, lo que Carlos considera una violación a la Constitución y a las leyes electorales. Nos reprocha a las autoridades electorales estatales no ser proactivos y no imponer a los candidatos que su publicidad incluya información sobre el resto de las listas, lo que les permite “encubrir algunos nombres de candidatos a regidores o síndicos, repugnantes a la ciudadanía.” Eso contribuiría a la “legitimización” del nuevo consejo general del órgano electoral de Guanajuato, desde su visión. Difiero de este punto, pero no lo abordo.

Expliqué que legalmente no encuentro cómo proveer a la autoridad electoral de facultades para evitar esta conducta. Estamos obligados a cumplir la ley, no a estirarla para redimir conductas poco éticas, sujetas a interpretación peligrosamente laxa. La ética política se compone de elementos de valor que son definidos cultural y consuetudinariamente; lo que es ético –o moral- para un conjunto de personas puede ser reprobable para otras. Eso es lo que nos hace tan ricos a los seres humanos en nuestra variedad cultural, en nuestras diferencias.

Un ejemplo reciente: la presunta utilización para fines proselitistas de la niña Alondra Luna por parte de candidatos y personajes partidistas el pasado sábado 25 en la ciudad de Guanajuato. Varios periodistas nos han cuestionado sobre la existencia de una posible violación a la norma electoral. Igual, es una cuestión de ética, no de legalidad. La menor de edad no fue forzada a participar, ni emitió mensaje alguno. Si fue una estrategia incorrecta de propaganda, cada quién lo puede juzgar. En lo personal, yo rechazo el oportunismo, pero hasta ahí. De nuevo, la autoridad no puede asumir una proactividad que no le corresponde.

Recordemos que, como en los deportes de competencia, en las elecciones el mejor árbitro es el que apenas se deja notar. La función es garantizar la legalidad, la equidad, la transparencia, la certeza y la objetividad en el desarrollo de las contiendas, que por su naturaleza son intensas, rudas y beligerantes, dentro de los límites del respeto y la paz social. No se trata de intervenir ante cualquier presunta falta, rompiendo la fluidez del proceso, sino acompañarlo con prudencia permanente y eventuales sanciones cuando son necesarias y se sostienen con evidencias y argumentos legales.

Carlos cree encontrar “facultades amplias para meter en cintura a los partidos políticos y combatir sus triquiñuelas” en la ley electoral local en su artículo 78 fracción V (“Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales”) y en el artículo 93 (un pequeño lapsus de Carlos: confundió este artículo que aborda las atribuciones del presidente del Consejo General, con el 92 sobre las atribuciones del mismo consejo) en sus fracciones I (“Conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales”), II (“Dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esta Ley”), VIII (“Proveer lo relativo a las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos”),  XVII (“Vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta Ley”) y XXVI (“Desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de esta Ley”).  En efecto son facultades amplias, pero no voluntariosas ni relajadas, y sigo sin detectar la facultad de regir sobre el contenido de la propaganda electoral. No podemos erigirnos en Savonarolas de la corrección política ni comunicativa. Ese juicio le corresponde a los ciudadanos.

En fin, Carlos, que de seguro no podremos convencernos mutuamente. Sólo te recuerdo que en tus tiempos como autoridad nacional protectora del consumidor, con seguridad tuviste que refrenar tus honestos arrebatos en favor de los usuarios, ante los límites que te imponía una ley imperfecta que aún permite mucho juego a los abusos de los proveedores de bienes y servicios. La ética siempre rebasa a la norma.

Gracias por un diálogo inteligente. Envío un abrazo para ti y para Esther Martha.