Con pasmosa regularidad, las “buenas conciencias” machistas del Bajío guanajuatense –y queretano, y jalisciense- vuelven a manifestar sin mayor pudor su profundo desprecio hacia los derechos humanos de esa otra mitad de la humanidad que conforman las mujeres. El domingo pasado supimos con pasmo de las declaraciones del obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, para quien los feminicidios, es decir los asesinatos con un componente de odio o abuso de género, no existen como tales, son “circunstanciales”. Declaró a Christian Ramírez del periódico a.m. de Celaya que “Mueren mujeres, pero no es porque se persiga en crimen a la mujer directamente, ya hemos hablado poco de esto y lo más posible es que ellas mismas anden metidas (en el peligro)…” (sic) Son crímenes “normales” dentro de los que hay un fuerte componente de responsabilidad por parte de la víctima, que se coloca conscientemente en situaciones de riesgo, según el prelado.

Recientemente el tema ha cobrado fuerza en los medios locales a partir de la agresión física que hace dos semanas sufrió una jovencita de 18 años, Lucero Salcedo, vecina de Guanajuato capital, por parte de su pretendiente, quien la quiso obligar a tener relaciones sexuales. La chica dijo no, y eso le valió una golpiza brutal y ser abandonada en un páramo de la sierra dándola por muerta. El muchacho, alcoholizado, chocó su vehículo y terminó en una sala de emergencias, al igual que su víctima, a quien se ubicó en una cama aledaña a la de su agresor. A partir de entonces se inició una batalla legal por parte de la víctima y sus padres para hacer valer sus derechos y buscar justicia. Ya conocemos lo que sucede en estos casos: las autoridades suelen ser tardas, si no es que omisas, para atender este tipo de demandas. Esto responde a la inveterada costumbre de responsabilizar a la víctima de su propia desgracia: “¿quién le manda ponerse en riesgo? quien busca, encuentra” dicen los machos, que siguen siendo muchos.

Eso obligó al padre de la chica, Fermín Salcedo Courtade, un conocido analista y consultor político, a exigir públicamente al procurador del estado que atendiera con prontitud y eficiencia el caso. Pero si hubo algo que obligó a reaccionar a las autoridades fue el inteligente uso que hicieron tanto la afectada como su progenitor de los medios de comunicación y las redes sociales. Pronto se originó una fuerte corriente de opinión que viene exigiendo atención a este y a todos los casos similares. El sábado 21 se realizaron marchas en cinco municipios de Guanajuato contra la violencia de género, y en la capital estatal fue muy señalado el caso de Lucero. Mi hija Yuriria, de 17 años, participó en la manifestación y se sensibilizó sobre el tema. Como padre yo comparto la exigencia de Fermín: nuestras hijas deben estar seguras en cualquier circunstancia, sin temores con motivo de su género. Su derecho a decir “no” es irrenunciable.

Declaró Lucero que “Esto va más allá de un asesinato, la misoginia se demuestra de formas en la que ni nosotras mismas nos damos cuenta, porque estamos tan ‘acostumbradas’ a vivir en una sociedad con estas actitudes”. En efecto, habrá que combatir los prejuicios de género que persisten en nuestra sociedad conservadora. Las mujeres tienen derecho a vivir sin temores, y que en caso necesario tengan acceso rápido a la justicia para evitar la doble victimización: la de haber sido agredida, y la de ser culpabilizada de su propia desgracia.

Únete a la causa de Lucero firmando la petición: https://www.change.org/es-LA/peticiones/carlos-zamarripa-aguirre-dónde-está-el-responsable-justicia-para-lucero

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