En este fin de año, en Guanajuato experimentamos los difíciles inicios de las administraciones municipales, la estatal y la federal, procesos con apuros propios de un país que aún no termina de consolidar sus instituciones para hacerlas impermeables a las alternancias partidistas. A nivel municipal es muy evidente: llega una nueva administración, incluso del mismo signo partidista, y todo lo previo se juzga mal hecho, e incluso sospechoso de corrupción, indolencia, frivolidad, nepotismo y demás pecados del poder público. Sólo los pocos alcaldes que lograron su reelección se muestran benévolos –consigo mismos, no faltaba más.

En la renovación del ejecutivo estatal tuvimos pocas novedades: el mismo estilo, el mismo discurso, incluso las mismas personas. No juzgo si la permanencia longeva en sí es buena o mala ya que, por un lado, da estabilidad y certeza, pero por el otro acumula desgastes que ya hemos padecido antes. Hoy día la inseguridad es el mayor de los problemas en la entidad, y la estrategia no parece cambiar ni adecuarse a un entorno tan cambiante como el de la violencia social. El crimen organizado es ágil, y sabe adaptarse y transformarse; el gobierno parece que no. Al menos no con la suficiente oportunidad.

A nivel nacional se nos anunció el arribo no sólo de la alternancia partidista, sino incluso de una transformación (la 4T) tan profunda que significará un cambio de régimen y de estructuras fundamentales. Todavía no está muy claro el camino concreto a esa revolución pacífica, pero ya se delineó un boceto, que parte del combate a la corrupción, la acometida contra el crimen organizado y la violencia social, la anulación de algunas reformas de la anterior administración, la centralización extrema de los controles del poder en un partido y una persona, el retorno a la economía planificada del desarrollo estabilizador, la vuelta de los subsidios generalizados por edad o condición, y otras medidas que fueron bandera de campaña y ahora se convierten en programa de gobierno.

No se puede ignorar que la rapidez con la que se han implementado estas nuevas políticas, incluso antes de la asunción formal del poder, ha provocado mucha inquietud entre actores sociales muy importantes, como los empresarios, los servidores públicos, los partidos ajenos a la coalición, los intelectuales liberales, e incluso sectores que contribuyeron al triunfo del presidente López Obrador, como los pequeños empresarios, los profesores, los estudiantes, la clase media urbana, los artistas y muchos otros, que se han sentido afectados por la ola reformista y de ajustes presupuestales y de plantilla laboral. Esas inesperadas inquietudes han provocado las primeras manifestaciones públicas en contra de aspectos concretos de la 4T.

Las tensiones naturales que provoca cualquier programa de reformas tensa aún más las relaciones complejas entre los componentes de una sociedad inmadura como la mexicana. Y si se le suman eventualidades como el accidente que cobró la vida de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo el senador Moreno Valle, y sus acompañantes, la temperatura política puede subir sin control. Esa fue sin duda la primera crisis política de importancia que tuvo que enfrentar la presidencia morenista, y no les fue muy bien. Vivimos en un ambiente de “sospechosismo” permanente, y cualquier teoría del complot florece cuando hay oportunidad. Así lo vivimos con los asesinatos –esos sí- de Colosio y Ruiz Massieu en 1994, los accidentes aéreos de Ramón Martín Huerta en 2005, Camilo Mouriño en 2008, Francisco Blake Mora en 2011, Juan Ignacio Torres Landa en 2013, y otros…

La primera crisis política del sexenio se empeoró con las declaraciones viscerales de unos y otros, todos buscando raja política de la desgracia mortal. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad en cuidar sus expresiones públicas –incluso las privadas- son los hombres y mujeres que hoy detentan la investidura del poder, tanto en el ejecutivo como el legislativo. La desgracia puede unir, más que destruir, siempre que se le canalice hacia la unidad en torno a objetivos comunes. Me parece de mal gusto señalar presuntos déficits éticos en los hoy fallecidos: ellos ya no pueden defenderse, y sólo la historia –no sus contemporáneos- podrá juzgarlos. Lo decente es desear que descansen en paz…