La molestia social por la inseguridad que nos agobia a los mexicanos y a los guanajuatenses está imparable. No podría ser menos. Más de cien mexicanas y mexicanos son asesinados cada día por verdugos sanguinarios, cuyos casos quedan impunes en su gran mayoría. Según datos del Índice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas en Puebla, sólo 4 de cada cien delitos son denunciados, y de éstos 99.3% quedan irresueltos (blog.udlap.mx/blog/2018/03/igimex2018/). En el rubro de los homicidios la impunidad ronda el 90%; es decir que los matones cuentan con la casi seguridad de no ser capturados, procesados y por supuesto condenados. Un caldo perfecto para la catástrofe en la principal de las funciones del Estado, según Hobbes: evitar matarnos unos a otros.

La sociedad civil no sólo padece esta calamidad por parte del crimen organizado —y desorganizado–. También sufre la incapacidad y el pasmo de la autoridad en los tres órdenes de gobierno. Un gobierno federal cuya estrategia de combate al crimen parece diseñada por Cepillín: “abrazos y no balazos”. Gobiernos estatales que dilapidan recursos en proyectos tecnológicos, pero que no invierten en capital humano de alta capacidad investigativa. Y municipios depauperados que son el primer frente de ataque de cárteles sofisticados e hiper armados con plata y plomo. Una lucha desigual donde los perdedores serán siempre las personas inocentes.

El probable asesinato de Daniela Vega, estudiante egresada de la licenciatura en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato (UG), ha encendido los usualmente apacibles ánimos de la comunidad estudiantil, que se ha unido para manifestar su enojo y sus exigencias hacia las autoridades, incluyendo las de la casa de estudios. Su enfado se ha canalizado en manifestaciones, carteles y consignas que se han escuchado en los cuatro campii de la UG y sus unidades en trece municipios. Confluyeron en una gran manifestación en la capital estatal, con reflejo en el resto de la institución, y declararon una huelga estudiantil, que fue respondida por la autoridad —inexplicablemente— con la orden de cerrar las instalaciones e incluso levantar un muro de madera en las icónicas escalinatas del edificio central (¡!), destino tradicional de todas las manifestaciones universitarias que yo recuerde. Los representantes estudiantiles fueron “atendidos” por la secretaria general y la directora de atención al estudiante —pasmadas—, que se negaron a recibir el pliego petitorio, a pesar de sus demandas razonables.

Ante una situación que podría desbordarse, el gobernador, el rector general, el presidente municipal y —eso se pensó— el fiscal general, aceptaron reunirse el jueves 5 con la comunidad estudiantil; el fiscal no se presentó (¡!), y los estudiantes dieron por cancelada la asamblea en cuatro minutos, impartiendo una lección de dignidad.

Los chicos han dado una muestra extraordinaria de madurez y responsabilidad. No se han contenido en sus expresiones, pero no han vandalizado la ciudad patrimonio. Como uno más de sus profesores, con 30 años de impartirles clase, me solidarizo con su causa y me congratulo por esta muestra de valor ciudadano. ¡Ni una abeja menos!