Dieciséis días después de las elecciones el crimen organizado cobró una víctima mortal en Guanajuato, en la persona del alcalde electo del municipio de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, del partido verde. Dice la prensa que fue ejecutado junto con dos ayudantes, cuando se trasladaba a su negocio de transportes, y que los perpetradores fueron varios individuos que se transportaban en dos camionetas portando armas automáticas AR-15 y AK-47, las propias de los sicarios de los cárteles de la violencia desquiciada que nos atormenta a los mexicanos.

Al momento no hay mayor información sobre las motivaciones del crimen, pero el hecho nos mueve a temer que en el sur de la entidad se estén desarrollando situaciones similares al del vecino Michoacán, donde los ediles en funciones o electos son frecuentemente amenazados, chantajeados o cohechados por las mafias de malosos que buscan controlar a las autoridades locales, para garantizar su complacencia o complicidad. Esto genera temor entre los políticos honestos que se resisten a alinearse con el crimen, y con frecuencia los resultados son desastrosos para sus personas o familias.

Rogelio Sánchez ya había sido presidente municipal de Jerécuaro entre 2009 y 2012 por el Partido Acción Nacional. Dueño de una empresa transportista que trajinaba migrantes hacia los Estados Unidos, es claro que se trataba de una persona con fuerte presencia local. Tuvo conflictos con los panistas locales y en 2012 emigró al PRD con todo y la estructura política que supo construir, y se convirtió en su candidato a diputado federal por el 14 distrito, con cabecera en Acámbaro, pero quedó en un tercer lugar.

En la elección municipal reciente ganó con 37.3% de los votos válidos, contra 29.8% del candidato del PAN y 28.3% del PRI. Una elección cerrada y tripartidista, lo que puede plantear una posible línea de investigación pues su triunfo pudo no resultar del agrado de algún factor real de poder en el municipio, que a lo mejor apostaba a otra opción. Una especulación, claro, pero no creo en las coincidencias cuando se trata del control de un gobierno que puede tener un valor específico para los criminales.

Es lamentable que la seguridad en vidas y bienes siga siendo un pasivo dentro de nuestro esquema político de convivencia. No es aceptable que un funcionario electo, un líder comunitario que supo ganarse el favor de una mayoría simple de sus conciudadanos, pueda ser victimado por rufianes que responden a intereses infames, que son capaces de matar para proteger algún negocio sombrío.

Toda la clase política del estado de Guanajuato se ha unido para lamentar y rechazar el delito. La privación de la vida siempre será deleznable, pero más cuando se perpetra contra una persona que se ajustó a las normas de civilidad política para conquistar una posición de servicio público. La cobardía alevosa del que ejecuta desde la potencia de un arma de asalto contra víctimas desarmadas es execrable y vomitiva.

El presidente electo había ofrecido donar su sueldo a becas. Su situación económica personal lo permitía, por supuesto, pero llamó la atención tal desapego al ingreso salarial por una responsabilidad absorbente. Otros candidatos de su partido, como el también ganador en Acámbaro, ofrecieron recortar su salario a la mitad. Distintos candidatos perredistas, como el de Guanajuato capital, sólo prometieron ajustarse a los montos recomendados por el congreso local. Con esto no editorializo o pontifico: sólo destaco un detalle que habla de una inusual probidad.

Lamento este infortunado y reprobable acontecimiento. Manifiesto mi solidaridad con su familia y sus cercanos, así como con su partido actual. La descomposición social que padece nuestro país debe hacernos conscientes de la urgencia de ejercer una ciudadanía activa y demandante, que se auto proteja de las embestidas de los perversos. Los que nos decimos justos nos debemos este respeto.