Durante estos cuatro días, del 25 al 28 de octubre, se desarrollará en nuestro país una consulta popular sui generis, impulsada por el antegobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El motivo es la continuación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el vaso de Texcoco, o su cancelación en favor de una opción pretendidamente menos costosa, que recién han dado en llamar el “complejo Santa Lucía-Aeropuerto Benito Juárez-Toluca”.

Digo que es una consulta sui generis porque está siendo conducida por agrupaciones civiles cercanas al partido político del presidente electo, sin la intervención del Estado mexicano por medio del INE, ni de la sociedad más amplia por medio de OSC apartidistas, ni de algún organismo internacional como la OEA. Es una consulta que, al realizarse al margen de la normatividad federal vigente para la participación y consulta popular —artículo 35 F. VIII constitucional, Ley Federal de Consulta Popular y artículo 20 de la Ley Federal de Planeación—, así como del involucramiento de todos los actores interesados y los especialistas, asemeja más a un ejercicio de esgrima de sombra, mediante el cual se cumpliría el expediente de consultar al pueblo, pero sin pretender exhaustividad, cobertura o representatividad.

Siempre he sido un creyente en los mecanismos de participación ciudadana, que propicien la gobernanza compartida entre los ciudadanos y los poderes públicos. Prácticamente todas las entidades del país cuentan con leyes que definen mecanismos concretos de consulta, como el plebiscito y el referendo. Hay que decirlo: la mayoría de esas normas están diseñadas para hacerlas inaplicables o inaccesibles para la sociedad civil —pero no para los gobiernos—, pero hay algunas, como la de la Ciudad de México, que son razonables y han permitido la aplicación de algunas experiencias. La democracia participativa debe contar con instrumentos claros, accesibles, equilibrados y viables, que faciliten a la ciudadanía solicitar y acompañar consultas sobre temas de interés local o nacional. Pero la iniciativa que nos ocupa parece alejada de estas características.

La consulta sobre el NAIM no se apegó a norma legal alguna sobre el tema, y poco se sabe de sus criterios logísticos y de cobertura. El equipo técnico —que supongo forma parte de la fundación Arturo Rosenblueth— definió instalar 1,076 urnas en una “muestra” de 573 municipios, donde se dice habita el 80% de la población nacional. No se han dejado esperar las críticas de especialistas demoscópicos como Roy Campos, Alejandro Moreno, Javier Aparicio y otros muchos. Este último publicó interesantes cifras de los municipios participantes en la consulta: de los 573 incluidos, 170 (29.7%) acaban de ser ganados por Morena, 97 (16.9%) por el PAN, 62 (10.8%) por el PRI, 27 (4.7%) por el PVEM, 9 (1.6%) por el PRD, 36 (6.3%) por otros y el resto no tuvieron elección municipal en 2018 (https://t.co/EpFtiz0YOP).

A lo largo de este jueves, varios ciudadanos, sobre todo periodistas, han podido votar en varias casillas en dos, tres o cuatro ocasiones. La aplicación que se supone garantiza el principio básico de “un ciudadano, un voto” no parece funcionar adecuadamente. Además, la tinta para el pulgar se borra sin problema. Por otra parte, cada casilla es atendida apenas por un par de voluntarios, que supongo serán relevados a lo largo de los cuatro días, con la reiteración de la curva de aprendizaje. No hay observadores electorales independientes, ni representantes de las opciones en juego. Y luego, ¿qué sucede con las urnas durante las noches? ¿Quién las salvaguarda? Ante tales vulnerabilidades, sólo cabe esperar que retornemos a la vieja fórmula electoral del autoritarismo mexicano: “incertidumbre en los procesos electorales, pero certeza en los resultados”.

En el estado de Guanajuato se instalarán 44 casillas en 19 municipios. Diez casillas en León. Mi fuente fue el periódico a.m. porque la página oficial de la consulta (https://www.mexicodecide.com.mx/urnas-de-consulta/) no funcionó durante el jueves 25. Guanajuato tiene el sexto padrón electoral más grande del país, con 4 millones 487 mil ciudadanos, 101,977 potenciales votantes por casilla. Tabasco posee el número 20 con 1 millón 688 mil personas. Pero este estado tiene 27 casillas en todos sus 17 municipios, 62,518 potenciales votantes por casilla. ¿Por qué este desequilibrio?

Manifiesto mi simpatía con cualquier ejercicio de consulta ciudadana, pero que se apegue a las normas legales —por imperfectas que sean— y los criterios técnicos que garanticen que los resultados son producto del sentir de auténticas mayorías, y no el interés de un conjunto parcial. La democracia debe ser pareja, no chipotuda.