Nueva ciudadanía


"El movimiento universitario guanajuatense se alzó con un claro triunfo moral, sobre la base de la exigencia ciudadana, la responsabilidad social y la empatía con la sociedad mayor..."

Nueva ciudadanía

El movimiento universitario guanajuatense se alzó con un claro triunfo moral, sobre la base de la exigencia ciudadana, la responsabilidad social y la empatía con la sociedad mayor. Las autoridades estatales, municipales y universitarias se vieron tardías y temerosas en sus primeras reacciones, pero supieron corregir y ponerse a la altura de una nueva generación de chicos que está llamada a dirigir el futuro de nuestras comunidades políticas. Como nunca, me siento optimista ante las perspectivas que se anuncian para el estado de Guanajuato: una sociedad rejuvenecida que enfrenta una violencia criminal inédita e importada, pero que es capaz de responder con madurez y calidad ciudadana. La exigencia y el tono duro empleados por los estudiantes galvanizaron el dolor compartido, nacido por el sacrificio inútil de vidas juveniles, y lo transformaron en demandas concretas que de otra manera hubieran sido ignoradas por la soberbia inveterada de los privilegiados del poder social.

Me atrevo a afirmar —desde mi vanidad regionalista— que la sociedad civil abajeña camina, sin prisas pero sin pausas, hacia un estatus de ciudadanía plena, producto de un sistemático e histórico rechazo a los radicalismos, a la confrontación irracional y a los autoritarismos de cualquier signo. Por supuesto, esta generalización cojea de la pata de la actual coyuntura de violencia criminal, que se ha filtrado desde los espacios geográficos tradicionales del conflicto social y la pobreza extrema. Una entidad que junto con Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes crece de manera sostenida, y que incrementa los empleos formales, el mejor antídoto contra el encono entre los pudientes y los desposeídos.

Regresando al tema de la movilización social, creo que la mejor manera de aprovechar este momento de pleamar ciudadano es que la autoridad cumpla escrupulosamente sus compromisos, que los comunique y evalúe oportunamente, y que se creen o consoliden los mecanismos de participación social. Para ello los poderes ejecutivo y legislativo de la entidad tienen una gran oportunidad para canalizar constructivamente la fuerza de la manifestación comunitaria. Nunca como ahora es pertinente revisar la anticuada e inoperante Ley de Participación Ciudadana local, imposible de ser activada bajo las condiciones que hoy se exigen a las agrupaciones de la sociedad civil, como se evidenció en el reciente intento de colectivos de San Miguel Allende para activar un plebiscito sobre la instalación de parquímetros en su ciudad. Los umbrales exigidos son exagerados: para solicitar un plebiscito debe reunirse el 3% de las firmas de los integrantes de la lista nominal estatal o municipal, ¡documentadas! Y para que el resultado sea vinculatorio deberá votar el 50% de la misma lista, y que la opción ganadora haya obtenido el 50% —en el caso estatal— o el 60% —en el caso municipal— de los sufragios. Y así una serie de condiciones que dificultan mucho el ejercicio de la democracia directa.

La sociedad civil emergente requiere la ampliación de sus mecanismos de participación y de consulta. No sería conveniente que se gesten nuevas “ollas de presión” como la que afectó a los estudiantes ante la violencia criminal o el acoso. Se requiere de la verdad, del diálogo y de la exigencia para construir una nueva ciudadanía, activa y democrática.