Desde hace décadas, los diferentes gobiernos del estado de Guanajuato panistas y priístas, han manejado sistemáticamente el discurso de la gran tranquilidad y seguridad en la que se vive en la entidad. Esa prédica funcionó bien hasta la década pasada, cuando las oleadas de la violencia del crimen organizado comenzaron a inundar el “tierra de Jauja” uno de los Pasos de Lope de Rueda) guanajuatense.

Cuando en 2006 se desató la guerra contra los capos y los cárteles, Guanajuato padeció su primer “efecto cucaracha” cuando los malosos se desplazaron hacia los municipios del sur de la entidad, y comenzaron a operar incluso en las ciudades más importantes, como León, Celaya e Irapuato. Comenzaron a encontrarse los primeros descabezados, y las ejecuciones se hicieron públicas y a pleno día. Un par de delegados de la PGR fueron removidos consecutivamente sin una explicación pública, y sí muchas sospechas. Los asesinatos de jóvenes obreras en León condujeron a solicitudes recurrentes de declarar la “emergencia de género”, sin mayor éxito. Los focos rojos, pues, se encendieron, pero la reacción de las autoridades estatales fue negar lo evidente, y aferrarse al sobado discurso del “aquí no pasa nada”.

La estrategia estatal de seguridad pública se ató a la que el gobierno federal definía a través del Consejo Nacional de este ámbito. Así se intentó depurar a las policías municipales, con resultados más que dudosos. Se removió a docenas de mandos policiacos, se colocó a militares en dichos mandos, sin que con ello se mejorara su eficacia, y la policía ministerial del estado y la municipal de León se hicieron famosas a nivel nacional por los documentados casos de tortura que difundieron los medios de comunicación. Puros palos de ciego, pues.

En 2012 hubo un cambio de estrategia tanto a nivel federal como en los estados y municipios de Guanajuato. El federal implementó tácticas caracterizadas por su discreción, pero acompañadas de un mayor alcance en el uso de inteligencia y golpes menos espectaculares pero más precisos. Por su parte, el nuevo gobierno estatal panista convirtió al combate a la inseguridad y a la corrupción en su estandarte distintivo. Se abandonó la cómoda inercia de alinearse con la federación, para emprender estrategias propias; y es así como nació el debatidísimo programa “Escudo”. Éste consiste en un sistema de vigilancia a nivel estatal, con más de dos mil cámaras de vigilancia, 124 arcos carreteros, 20 botones de emergencia llamados “de pánico”, cientos de kilómetros de fibra óptica, 23 centros operativos C4, y el cerebro del sistema, el C5i ubicado en el Puerto Interior de Silao, inaugurado el pasado día 15.

De esta manera, Guanajuato cuenta ya con un auténtico Big brother policial. Uno puede apreciar los enormes postes sembrados de cámaras y artilugios que observan desde las alturas el movimiento de vehículos y personas en los nodos urbanos de prácticamente todos los municipios de la entidad. El juguetito nos va a costar entre dos mil 500 y 4 mil millones de pesos; eso sí, pagaderos en cómodas seis anualidades. Sólo el tiempo nos dirá si esta costosa apuesta del gobernador Miguel Márquez da resultados en la mejora de la prevención o persecución de los delitos y los malosos. Por lo pronto otras entidades parecen emular el ejemplo, entre ellas el DF.

Se han cuestionado mucho las cifras “a la baja” manejadas por el gobierno federal en el tema de la inseguridad. Ya las criticaba Denisse Dresser en su colaboración del lunes 21 para Reforma, aunque la víscera con la que la autora acostumbra adornar sus comentarios, me hacen dudar de sus aseveraciones. Lo que sí estamos experimentando en Guanajuato es un incremento notable del índice de criminalidad, como lo ha destacado el periódico am de León (25 de abril). Comparando el primer trimestre de 2013 con el mismo de 2014, resulta que las violaciones se incrementaron 28%, los robos a casa habitación en 25%, y los asesinatos en 21%. Todos son datos del Sistema Nacional de Seguridad.

Algo está pasando en Guanajuato, que le ha arrancado su pax provinciana, serena, cervantina. Es triste reconocer que la entidad no ha sabido protegerse del contagio de vecinos con tantos problemas como Michoacán y Jalisco, y que los gobiernos cerraron los ojos durante mucho tiempo. Hay que reconocer que los malos no pueden ser erradicados: si no son detenidos y encarcelados correrán como las ratas, abandonando el barco para subir al próximo. El gobierno federal está a punto de exterminar a los Templarios, pero es más que posible que sus resabios encuentren una buena morada en el Bajío. A lo mejor acá se les ocurre fundar el cártel de los Caballeros de la Triste Figura…

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