México transita por cambios inquietantes en su estructura de gestión de servicios públicos en el ámbito federal. En particular, el sistema nacional de salud se está sometiendo a una transformación radical que ha provocado reacciones encontradas entre opinadores, clase política y usuarios de sus servicios. El ejecutivo federal ha afirmado que el modelo previo era propicio a la corrupción, y que el programa insignia de las tres administraciones anteriores, el Seguro Popular, “ni es seguro ni es popular”. 

Sin duda cualquier programa público es perfectible. Y si se encuentran evidencias de corrupción habría que documentarlas y someter a proceso a los presuntos responsables de las infracciones, además de implementar medidas de prevención a futuro. Sin embargo, y como ha sucedido con otros programas sociales altamente sensibles —como el de apoyo a estancias infantiles—, antes que someter a una evaluación seria al Seguro Popular, se determinó su desaparición en aras de otro esquema que se definiría a partir de un nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), anunciado el 9 de abril del año pasado, para arrancar acciones a partir del primer día de este año. Desde el principio llamó la atención desde el nombre del nuevo organismo, con el aparente pleonasmo de “salud para el bienestar” —no puede haber salud para el malestar—, pero recién nos enteramos de que el titular es licenciado en administración de empresas, con experiencia laboral vinculada al manejo de zonas arqueológicas en el sureste, pero con el ingrediente de ser paisano y amigo del titular del ejecutivo. 

Sin reglas de operación ni un plan estratégico para sustituir sin trauma al seguro popular, el INSABI ha tenido un arranque accidentado. Exploré su página electrónica y no encontré documentos programáticos que dieran pistas sobre los cómos de su implementación. Sólo comunicados y materiales de difusión. Se pretende proporcionar servicio médico gratuito de primer y segundo nivel a la población sin acceso a la seguridad social formal, que ronda los 60 millones de mexicanos, y con cobros de recuperación en los servicios especializados de tercer nivel, mandatados por la Ley General de Salud. 

El nuevo esquema implica una recentralización de los servicios públicos de salud. Esto representa una regresión a los esfuerzos federalistas que se han emprendido en nuestro país desde principios de los años noventa, y a sus antecedentes en los servicios coordinados de salud desde los años sesenta. El acuerdo promovido por el gobierno federal ante las entidades de la república representa en la práctica el retiro de los gobiernos locales de este ámbito tan sensible del servicio público. En lo personal me parece que es un error histórico, que puede representar una regresión en los avances singulares que se han tenido en este campo, colocando a México entre los países más exitosos en la atención a la salud de su población, como lo ha reconocido con frecuencia la OMS.

El combate al cáncer de la corrupción no debe representar la liquidación del paciente, sino la atención oportuna de sus causas. Y, por cierto, el gobierno federal no se ha caracterizado históricamente por su eficacia en la prevención de conductas deshonestas, sino lo contrario. La ética pública es más fácil de ser evaluada cuando los servidores están más cerca de las poblaciones objetivo, no al revés. Habrá que mantenerse atentos y vigilantes…

(*) Antropólogo social. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de [email protected] – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal