En la lengua latina, el concepto fides significa “fe”, “lealtad”, “fidelidad”. Según el sitio significados.com, la fe es “la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree.” Es decir, es un proceso de confianza plena en una persona, institución, creencia o contrato.

Esa es la raíz del concepto “fideicomiso”, fides y commissus, “comisión”. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el fideicomiso es la “disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala.” Sin embargo, en su acepción jurídica su alcance es mayor: un fideicomiso es el contrato mediante el cual una persona —la fideicomitente o fiduciante— delega bienes de su propiedad a otra persona física o moral —el fiduciario—, para que ésta administre de la mejor manera los bienes en beneficio de un tercero —el fideicomisario o beneficiario—. Es una intermediación que pretende proteger tanto al emisor como al beneficiario de posibles conflictos futuros por el manejo de los recursos involucrados.

Los fideicomisos públicos se establecieron entre el aportante —usualmente el gobierno—, la banca —intermediario— y el organismo ejecutivo. Pero con frecuencia se recibieron aportaciones por parte de otros actores públicos, privados o internacionales. Los fondos se mantenían productivos y disponibles gracias al fideicomiso.

La reciente extinción de 109 de estos instrumentos financieros ha ocasionado una reacción entendible por parte de muchos actores de los campos de la salud, la ciencia, el arte, la cultura, la educación, el deporte, la seguridad y la protección civil, que se quejan por esta medida inopinada, que los perjudica. El secretario de Hacienda salió a explicar públicamente las razones de su extinción: poca transparencia y rendición de cuentas, y posibles manejos deshonestos de los fondos. Él recomienda la emisión directa de esos recursos por parte de la secretaría de Hacienda, es decir, la centralización de su manejo.

Lo que parece desconocer el siempre atribulado funcionario es que esas instituciones requieren de la flexibilidad en el acceso a los recursos. Cuando se depende únicamente de las asignaciones de Hacienda el órgano ejecutivo se debe sujetar a los calendarios fiscales, y a las permanentes vicisitudes de la alta burocracia hacendaria. En los campos de acción que atienden esas instancias se debe contar con la flexibilidad necesaria para atender contingencias de marera oportuna. Por ejemplo, el FONDEN, de protección civil y atención a desastres, fue eliminado. Ahora habrá que esperar a que el “elefante reumático” hacendario asigne, según sus tiempos y disponibilidad, los fondos para ayudar a los afectados por alguna inundación, terremoto o desastre. Seguramente pasarán meses antes de que se asigne, si así se aprueba, el recurso. Será tarde y será mal…

Cuando estudié mis posgrados, yo fui beneficiario de dos de esos fideicomisos canibalizados por esta administración. Pero esa experiencia se las comparto la próxima semana.

(*) Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato, y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío. Investigador nacional. Exconsejero electoral local del INE y del IEEG. [email protected] – @riondal