Después de la ascensión del Colegio del Estado a la categoría de universidad en 1945, la flamante Universidad de Guanajuato (UG) estrenó una quasi autonomía que sólo se veía limitada por continuar como una dependencia más dentro del organigrama del Gobierno del Estado. Afortunadamente, en general los gobernadores no designaron de manera caprichosa a los rectores, aunque hubo sus excepciones dignas de olvidar. Pero siempre se consideraba el parecer de prohombres universitarios, entre quienes era frecuente que cayera la designación al final de cuentas. Fue así como, por ejemplo, don Armando Olivares Carrillo, padre fundador de la UG, la condujo en dos ocasiones: de 1945 hasta 1949 —con breves interludios a cargo de Antonio Torres Gómez y Eduardo Cruces—, gracias a la confianza de los gobernadores Ernesto Hidalgo, Nicéforo Guerrero y Luis Díaz Infante, y posteriormente fue vuelto a investir por el gobernador Juan José Torres Landa entre 1961 hasta su muerte al año siguiente. Otro ejemplo fue el joven Eugenio Trueba Olivares, quien fue designado rector por el austero gobernador Jesús Rodríguez Gaona, y desempeñó ese cargo desde 1957 hasta 1961; volvería a cumplir la encomienda cuando su discípulo Luis H. Ducoing llegó a la gubernatura en 1973, y hasta 1977. De igual manera Antonio Torres Gómez repitió como rector durante todo el sexenio de José Aguilar y Maya.

La Universidad era objeto de un trato especial y respetuoso por parte de la mayoría de los gobernadores, algunos de los cuales habían egresado de sus aulas. Sólo en algunos casos no fue así, cuando gobernadores fuereños la desdeñaron o ignoraron. Todavía recuerdo con coraje cuando se le exigió la renuncia al bondadoso rector Santiago Hernández Ornelas en 1990 para darle paso a un político en declive. Don Santiago declararía años después: “si algo me faltó, fue ser político”. Muchos profesores condenamos el hecho, entre ellos el joven secretario general de la UG Juan Carlos Romero Hicks. Puedo afirmar que ese suceso reimpulsó la causa de la autonomía plena, que fue cobrando fuerza con el tiempo.

Ese mismo año un conjunto de académicos nos organizamos en torno de lo que denominamos el “Grupo Universitario”, una corriente de opinión interna que se planteó desde el inicio la búsqueda de la autonomía. Entre sus integrantes recuerdo a José Mendívil, Guillermo Lira, Eduardo Salazar, Arturo Salazar, Lucio Bribiesca, Sergio Sandoval, Luis Gerardo González, Carlos Torres, Carmen Cano, Daniel Luna, Rafael García Salas y el autor de estas líneas. Emitimos comunicados públicos demandando la autonomía, sin despertar el interés del decadente gobernador Rafael Corrales Ayala, ni de los diputados de entonces. Éramos entusiastas del activismo, y por eso tomamos por asalto la sala de prensa del Festival Internacional Cervantino en 1990, 1991 y 1992, y armamos improvisadas conferencias con los medios nacionales e internacionales. Tuvimos algún impacto, pero no en lo local.

Los complicados comicios locales del 18 agosto de 1991 —Vicente Fox versus Ramón Aguirre versus Porfirio Muñoz Ledo— desembocaron en la negociación política que dio origen al interinato del gobernador Carlos Medina Plascencia, que inició el 26 de septiembre siguiente. Este joven gobernante designó al cargo de rector de la UG a un auténtico académico, Juan Carlos Romero Hick. De esta manera se resarcía algo que muchos consideramos una afrenta a la dignidad institucional. El Grupo Universitario ofreció su apoyo al joven rector, y trazamos una ruta paralela, no oficial, para apoyar en los esfuerzos hacia la autonomía universitaria.

Los tiempos políticos, como nunca antes, eran propicios para el logro de esta aspiración. En 1992 y 1993 pudimos entrevistarnos con varios actores políticos, entre ellos el gobernador Medina y el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Carlos Chaurand Arzate. Al mismo tiempo el rector y su equipo se ocupaban de desplegar las acciones oficiales que permitieran concretar el objetivo. Pero fue evidente que la autoridad universitaria iba acompañada de su comunidad, y nosotros como grupo independiente pudimos elevar nuestra voz en cuanto foro tuvimos al alcance, para evidenciar que la autonomía no era una ocurrencia del momento, sino una demanda real del reconocimiento de la madurez que ya había alcanzado la institución.

El autogobierno que se logró en 1994 fue producto de un proceso largo, que he intentado describir en estas dos contribuciones. No fue mérito de uno ni de unos pocos. Fue resultado de la forja de una autoconciencia comunitaria, que maduró durante décadas y que en los años noventa ya desbordaba con creces los márgenes legales que se le impusieron en sus primeras leyes orgánicas. Los subsiguientes procesos de renovación de autoridades, con los bemoles inevitables de una institución en rápido crecimiento, son la prueba de que la UG ha aprendido a canalizar sus contradicciones internas, y darse un autogobierno democrático y competitivo. Espero que en 2016 se confirme mi convicción.