Finalmente, la Contraloría Municipal de León emitió un documento (ver copia al final de este artículo) respecto a la denuncia presentada en torno a las inasistencias de algunos integrantes del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, así como de un acuerdo del mismo órgano que, transgrediendo su reglamento actual, justificó que algunos de ellos enviaran representantes a las juntas de consejo.

Recibido el documento por el ICL, en un máximo de diez días hábiles será posible conocer la postura del Instituto sobre las recomendaciones que la Contraloría le hace, aunque en una entrevista realizada por Kennia Velázquez a Sebastian Serra, se han dejado entrever las líneas bajo las cuales se pretende dar respuesta al órgano de control.

Respecto al acuerdo votado por los integrantes del consejo, que les permitía mandar representantes a las reuniones, es obvio que queda sin efecto, pues además de carecer de esa facultad, mucho menos pueden tomar acciones que transgredan el reglamento que los rige. Los consejeros no podrían objetar nada al respecto.

En lo que toca a las ausencias de tres consejeros, como dice el documento, será de esperarse que el director del ICL haga acatar lo reglamentado. Siendo así, sólo quedaría saber si será en la reunión de consejo de agosto, o en una extraordinaria, en la que se dé posesión a los suplentes de Andrés Govela y Mario Adrián Flores Castro.

Aunque, no habiendo rendido protesta Flores Castro, eso desata una situación de pronóstico reservado: ¿Será el aporte de este ciudadano tan importante para el funcionamiento del consejo, que se le puede esperar para que tome posesión (y ante la presidenta municipal, como lo hicieron todos los demás) cuando él lo disponga?

Habiendo transcurrido tantos meses sin que Fores Castro se incorpore a los trabajos (digámoslo así) del consejo del ICL, ¿de verdad empezarán a contar sus 'faltas' sólo hasta que rinda protesta, y sólo entonces sería sancionable con la sustitución, como lo anunció Sebastián Serra en su laberíntica interpretación de lo recomendado por la Contraloría Municipal?

Hasta se antoja preguntar: ¿habrá sido enterado Adrián Flores Castro de que fue invitado a participar como consejero directivo del ICL?

En cuanto al argumento esgrimido por Serra, sobre que Andrés Govela justificó sus faltas de manera verbal, y como el reglamento no dice que las justificaciones deben presentarse por escrito, parece que con eso sólo pretende mantener a Govela a como dé lugar en el consejo.

Por una parte, debemos recordar que Serra fue rector de una universidad, y Govela lo es de otra. ¿De verdad creerá alguno de ellos que una 'justificación verbal' es suficiente para dar por justificada una falta a las sesiones de consejo?

Por otra parte, y esto lo sabe la Contraloría, Andrés Govela también fue integrante del anterior consejo directivo del ICL, a cuyas sesiones faltó durante 22 de 32. No cabe duda que él es una persona bastante preparada y experimentada en el ámbito de la cultura, pero difícilmente haría aportes alguien tan ausente en las sesiones de consejo.

La recomendación de la Contraloría Municipal también propone dotar al consejo directivo del ICL con un reglamento interno, que ojalá sirva para establecer su operatividad sin tantas ambigüedades, y que evite en lo posible semejantes interpretaciones. Como todo reglamento, ley y norma, de nada servirá su existencia si en verdad no se pretende dar cumplimiento, y si las personas que deben de atender a lo normado lo desconocen, o le dan interpretaciones como la que vemos en la mencionada declaración de Sebastián Serra a las preguntas de Kennia Velázquez.

Lo que menos esperaríamos es que los consejos ciudadanos de diversas instancias de la administración municipal transgredan sus reglamentos. En cuanto aceptan dedicar una parte de su tiempo para atender esa responsabilidad honorífica, los ciudadanos consejeros deben conocer, respetar y atender a lo que les norma.

Nuestra obligación como ciudadanos será el vigilar que esos órganos ciudadanos actúen con conocimiento de las normas, las temáticas y todo lo relacionado a su función.

Sólo así evitaremos que ahí se den malos consejos, en detrimento de los servicios públicos que están obligados a dirigir en su papel de ciudadanos, consejeros y directivos.