Sobre el multicitado asunto del Museo de las Identidades Leonesas, MIL, ya se ha dicho bastante, incluso pedir la renuncia del Presidente del Consejo Directivo actual, y que también lo fue en el anterior periodo, donde se origina el problema que hoy nos ocupa.

El ingeniero Barajas insistió, en la reunión extraordinaria del pasado día 29 de enero, en que el ICL no construye ni elabora proyectos, ya que la dependencia municipal encargada de esas tareas es la Dirección General de Obra Pública.

Efectivamente, esa entidad debe realizar todas las obras y trabajos relacionados con las instalaciones físicas del municipio, incluidas las que demande una paramunicipal como el ICL. 

Para la realización de este proyecto se firmó el día 8 de septiembre del 2010 el contrato  Núm. A-2510-324-6502-H/0280/2010 con elarquitecto Fernando Siller Rodríguez, siendo su objeto  la  elaboración  del “PROYECTO MUSEOGRÁFICO DEL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS”. El tiempo de realización correría del 20 de septiembre del 2010 al 13 de noviembre del mismo año y el monto a pagar al  contratista, estipulado en el contrato, fue de $997,699.96, i.v.a. incluido.

En la cláusula Décima segunda, “RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR”,  el tercer párrafo dice “EL CONSTRUCTOR, será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE” o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos que no ajusten a los especificado  en este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables.”

Analizando a detalle el resto de la documentación del expediente de la obra, es posible  observar que:

En referencia a los tiempos de entrega de los trabajos, el “ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA TOTAL”, cita que se concedió una prórroga para la entrega del trabajo al día 23 de febrero del 2011, pero  la fecha de término real, citada también en ese documento, dice 14 de julio del 2011. Habrá que averiguar si la prórroga se realizó con apego al contrato. También es válido cuestionar si una empresa que, se supone tiene la experiencia suficiente en este tipo de trabajos, y a la que que bajo ese argumento se le otorga  por “ASIGNACIÓN DIRECTA” la realización del proyecto, en verdad tiene esa capacidad, pues se excedió en el tiempo de entrega 243 días. ¿Qué tanto pesará en  este aspecto el papel que jugó el consejero misterioso que tanto presiono al Presidente del Consejo?, ¿Quién recomendó alarquitecto Siller?

Ya en la etapa de construcción hay una clausura de los trabajos por parte del INAH, lo que significa que hay una violación a la normatividad del Instituto, que debe ser atendida para continuar la obra. ¿El proyectista experimentado no conocía sobre la normatividad del INAH? ¿Qué sanción se aplicó al proyectista por esta omisión? En el contrato se señala que es su responsabilidad  atender “ las leyes y reglamentos aplicables.”

Efectivamente, la responsabilidad de la contratación del proyectista corresponde a la Dirección de Obra Pública, pero la situación se complica, primero porque el ICL, por medio del Presidente de su Consejo,  presionado o no por uno de sus consejeros, fue quien recomendó a la empresa que efectúo el trabajo. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que las empresas del  Ing. Barajas se  benefician con la contratación de volúmenes importantes de obra por esa misma dependencia, por lo cual es lógico suponer que una reclamación por el asunto del proyecto del MIL podría afectar esa buena relación, que tantos beneficios personales le acarrea.

Probablemente en todo el asunto, y como siempre dicen los involucrados, éstos no hicieron nada que la ley no les permita; quizás sea así. Lo evidente es que algunos consejeros aprovechan esos puestos honoríficos para obtener beneficios mediante la contratación de sus recomendados o prestanombres, y hasta para ellos mismos.

El asunto del MIL no es menor. El proyecto se encuentra hoy aletargado y consumiendo recursos públicos. Lo más lamentable de todo el asunto es que muchas de las irresponsabilidades han sido por la manipulación de los consejos directivos, que suponiéndolos como órganos ciudadanos deberían de estar alejados de cuestiones de corrupción.

Habrá que esperar la expedita, y siempre objetiva, investigación de la Contraloría.