La brutalidad policiaca y los derechos ciudadanos

"ha servido como referente para que también se expongan los abusos de las fuerzas de seguridad pública..."
La brutalidad policiaca y los derechos ciudadanos

Transcurrió ya un mes desde que el mundo fue testigo del homicidio de Floyd George, ciudadano norteamericano perteneciente a la comunidad afrodescendiente, a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis.

Si bien el fondo del problema es origen racial en los Estados Unidos, en nuestro país ha servido como referente  para que también se expongan los abusos de las fuerzas de seguridad pública, reavivando el debate sobre el legítimo uso de la violencia, la brutalidad policiaca y los derechos humanos.

Los hechos

Los excesos cometidos por un grupo de policías, usando como pretexto las polémicas medidas implementadas durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 en nuestro país, derivaron en la muerte de Giovanni López, un joven trabajador de 34 años, de oficio albañil. Fue asesinado al regresar de trabajar la noche del 4 de mayo de 2020, por elementos de seguridad pública municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, luego de ser arrestado afuera de su casa al grabar el abuso policial del que era objeto uno de sus vecinos, tras un operativo ilegal para detener a personas que no usaran el cubrebocas en la vía pública. Iba en compañía de su tía y de su hermano Christian, quien en entrevista para el medio local que dio a conocer la nota, refirió:

Íbamos a cenar con mi tía, llegaron y nos agredieron […] A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también, pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí, en ese momento empecé a grabar.[1]

En el video proporcionado por los familiares de Giovanni, que se hizo viral en cuestión de horas tras su difusión, se observa a cuatro elementos golpeando al joven, profiriendo insultos a sus familiares, mientras la víctima recibe rodillazos y es tomado del cuello para su sometimiento. Se aprecia además a una mujer policía resguardando el actuar de sus compañeros mientras camina portando un arma, y a una persona vestida con playera, que daba las órdenes.

A la mañana siguiente de esta detención, la familia de Giovanni acudió a la comisaría para liberarlo o conocer las sanciones que le serían impuestas. ahí les informaron que se encontraba internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Al preguntar en el nosocomio se enteran de que Giovanni había falleció en el camino, a causa de traumatismo craneoencefálico. Tenía diversos golpes en la cara y el cuerpo, además de un balazo en el pie.

Tras la denuncia y la difusión de las imágenes, la familia ha recibido amenazas y debió abandonar su hogar, mientras que tres elementos policiacos han sido procesados, dos por tortura y uno por homicidio.

Entre el monopolio de la violencia y el abuso policiaco

Dentro de la Teoría del Estado, existe el concepto Monopolio de la violencia. significa la delegación que la sociedad hace al poder público, para que éste ejerza el uso exclusivo de la fuerza, en la protección de los gobernados. Esto deberá ser siempre de acuerdo con las leyes, respetando las libertades políticas y los Derechos Humanos, por lo que el Estado no debe tolerar en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto, que los funcionarios a quienes se confía el uso de las armas las utilicen al servicio de sus propios intereses, sean personales o de grupo.

Sin embargo, en la sociedad —a la que no pueden ser ajenos nuestro país, estado y municipios- los abusos policiales como la extorsión, privación ilegal de la libertad y tortura, son usados de forma sistemática en las corporaciones policiacas. La situación ha sobrepasado todo límite y cada día surgen nuevos casos que hacen presagiar un horizonte cada vez más sombrío. Asociar los términos “policía”, “tortura”, “impunidad” y “corrupción”, ya es tan familiar como increíbles las imágenes que se viralizan en redes sociales.

Las redes sociales

En los últimos días, además del caso de Giovanni en Jalisco, fueron dados a conocer por lo menos otros tres, ocurridos en Guanajuato y Baja California y Oaxaca, como muestras de que el actuar de nuestras fuerzas de seguridad es una conducta sistemática:

Guanajuato. Un hombre fue detenido por oficiales de tránsito en el municipio de San Luis de la Paz, a raíz de una falta al reglamento de tránsito. En el video, de menos de un minuto de duración, tres oficiales tratan de someter al hombre que se resiste al arresto. Cuando al fin lo logran, comienzan a golpear su rostro mientras éste ya no opone resistencia y se encuentra esposado en el suelo, al momento que un elemento pisa fuertemente su cuello.[2]Se desconoce la fecha en la que fue grabado.Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado al respecto.

Baja California Norte. En otro video, tomado en Tijuana el 27 de marzo, se observa cómo policías municipales someten a un hombre de manera violenta. Uno de los oficiales pisa el cuello del detenido, hasta que éste deja de responder. Justo en ese momento los policías se dan cuenta que no respira, pues la víctima, Óliver López, falleció. El elemento responsable fue separado de su cargo, más no enfrentó un proceso penal, en tanto que el resto continúa laborando en la corporación.[3]

Oaxaca. La noche del martes pasado (9 de junio) en el poblado Vicente Camalote, el joven Alexander de (16 años) salió de su casa para comprar un refresco, en compañía de otros tres amigos, cuando elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez, Oaxaca, les  dispararon “por accidente”, sin motivo algunoen el poblado Vicente Camalote. Alexander murió como consecuencia de los disparos recibidos, y uno de sus amigos resultó gravemente herido  y fue trasladado a un hospital; los otros dos jóvenes no sufrieron heridas.[4]

En redes circula el Video de la Madre de Alexander exigiendo justicia. Aquí puede ser consultada la nota periodística que lo detalla.

La indignación y el dolor provocados por las tragedias de Giovanni, Alexander y muchos más, ha venido a confrontar a la sociedad mexicana con la realidad de una molestia acumulada y resentimientos súbitamente encarnados en la conciencia social hacia las fuerzas de seguridad.

Los casos documentados

Amnistía Internacional documentó hasta principios de 2016, 7 mil casos de tortura,[5] señalando además que ésta se producía en 8 de cada 10 mujeres detenidas en México.[6] De igual modo, según el Mecanismo Nacional para Prevenir la tortura emitido por la CNDH, fueron abiertas 11.608 quejas por torturas y malos tratos, del periodo de 2014 a mediados de 2016.[7]

En Guanajuato, de 2016 a 2017 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por “violaciones a la integridad física”, y de 2017 a 2018 otras 65. De éstas, dos fueron clasificadas como de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y en un único caso se hizo referencia a la tortura, aunque en la descripción de los hechos se incluyeron métodos aplicados por elementos de la fuerza pública que incurren en la definición del tipo penal de tortura —golpes, vejaciones, asfixia, descargas eléctricas, desnudez y tocamientos forzados, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada, entre otros-, establecidas como tal en la legislación vigente en México y el Protocolo de Estambul, tratado internacional al respecto, vigente y signado por nuestro país.[8]

La encuesta de Inegi

El rol de la policía debería consistir en la prevención y combate al delito, en garantizar la seguridad pública; sin embargo, genera una imagen negativa, cargada de temor y desconfianza. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) del Inegi, las instituciones menos confiables ante la imagen ciudadana en materia de seguridad son la policía municipal (48.7%), el ministerio público (47.6), la policía ministerial (47.5%) y la policía estatal (42.8).[9]

Un espíritu de cuerpo encubridor

Dentro de las instituciones de seguridad pública existe algo conocido como el espíritu de cuerpo. Este término, por lo general, hace referencia al sentimiento “de honor y orgullo” que comparten los miembros de un grupo u organización con unos valores específicos, muy presente en los estamentos militares o policiales. Es efectivo cuando se trata de sortear situaciones difíciles, como cuando se combate a la delincuencia organizada; lamentablemente “el espíritu de cuerpo” también opera en sentido negativo: no se quitan nunca ese papel, llegando al grado de arropar y encubrir la comisión de actos ilícitos y la impunidad entre sus compañeros.

Los abusos de la autoridad policial provocan desconfianza hacia la institución. No importa cuál policía haya abusado, la población reacciona y generaliza una mala imagen de ellos.

La falta de registros sobre sanciones a policías

Hasta el momento no se cuenta públicamente con registros sobre el número de elementos sancionados o las penalizaciones que reciben por ser responsables de abusos —pese a que existen unidades de asuntos internos y comisiones de honor y justicia-. De igual modo, la gente rara vez sabe dónde denunciar si fue víctima de un abuso. Tampoco hay propuestas que demuestren un sincero interés por parte de la administración pública que permita reducir estas conductas por parte de los elementos de las corporaciones, en ningún nivel, en ninguna de las administraciones.

Si a esto agregamos el 98% de impunidad que hay en delitos de alto impacto denunciados en el país, que es atribuible directamente a los jueces y ministerios públicos, podremos darnos una idea de por qué la sociedad mexicana tiene una perspectiva tan negativa de sus fuerzas de seguridad.

Penosamente, los temores no son infundados. Los abusos, la corrupción e infiltración por parte del crimen organizado en las corporaciones policiacas, son una realidad. Existen condiciones estructurales y sistemáticas que así lo han propiciado, y a lo largo de décadas se han invisibilizado las carencias de los elementos de seguridad pública, sus bajos salarios, la falta de capacitación —hasta la fecha, y pese los cambios en las administraciones, no se han profesionalizado con conceptos, doctrinas y métodos-, sumado esto a las extremas jornadas laborales y del riesgo intrínseco a su labor.

Los policías encuestados

Según la Encuesta ¿Qué piensa la Policía? (2018), realizada por la ONG “Causa en Común”, en la que fueron entrevistados alrededor de 5 mil 300 agentes policiacos, el salario promedio nacional que percibe un policía en nuestro país es de diez mil pesos. Un gran porcentaje de ellos debe pagar de su bolsillo el material y las herramientas de trabajo requeridas para cubrir su encargo: botas, fornituras, uniforme, chalecos antibalas, e inclusive la gasolina de las patrullas. En cuanto a la escolaridad, seis de cada 10 policías cuentan con el nivel medio superior como formación previa, 20% cuentan con nivel profesional —incluido el posgrado-, y sólo 1% afirma contar con la primaria. Seis de cada 10 afirman que realizan actividades que no les corresponden como encargos personales de mandos, pago de cuotas o labores de mantenimiento del espacio público e incluso participar en actos políticos, coaccionando también su derecho al voto. Más de la mitad afirmó que hay corrupción al interior de su corporación.[10]

Victimarios-víctimas y expectativas de profesionalización

Como podemos apreciar, los policías no sólo son victimarios, si no también víctimas. Si de verdad las administraciones públicas tuvieran la intención de mejorar la situación, comenzarían implantando acciones que aporten beneficios directos para mejorar las condiciones de vida, familiares y laborales de los elementos policiacos —becas escolares para sus hijos, créditos, bonos para policías sobresalientes y certificación de agentes-, además de consolidar el Estado de derecho, para así fortalecer las instituciones y brindar seguridad al ciudadano.

Los esfuerzos para profesionalizar a policías

La administración federal proporciona tres tipos de recursos especiales a estados y municipios, destinados a la Seguridad Pública.

 

  1. Fortamun. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Es una de las fuentes más importantes de recursos para las corporaciones policiacas. Por su conducto fueron otorgados más de 43 mil MDP este año para los municipios, para […] la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de […] agua, descargas de aguas residuales, a […] los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se estableció que “Por lo menos el 20% del Fortamun, se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.[11]
  2. Fortaseg. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, anteriormente Subsemun, es un subsidio que se otorga desde la Federación a los municipios o, en su caso, a los estados —cuando éstos la ejercen-, para fortalecer la seguridad pública. Es el principal fondo para enfrentar la violencia en el ámbito municipal. Con él debería ser cubierta la evaluación y control de confianza de los agentes policiales municipales, su capacitación, homologación y mejora de condiciones laborales, su equipo, además de la prevención del delito y, en general, el apoyo a su profesionalización, certificación y equipamiento. El gobierno federal aporta 75% de sus recursos y los estatales el restante 25%.[12]  Apoya en este 2020a 286 municipios, apenas el 12% de los 2,457 municipios formalmente constituidos en el país. Los recursos aportados por la administración federal para tal fin a $3,922 MDP, cifra 3% inferior a la de hace un año. Los municipios con más recursos del Fortaseg son Guadalajara (Jal.), Mérida (Yuc.), Tijuana (B. C.), Ecatepec (Edo. Méx.) y Puebla (Pue.). Todos ellos reciben respectivamente más de $44 MDP.[13]A raíz de la urgencia sanitaria covid-19 se autorizó que estos recursos fueran reprogramados, con la finalidad de que los elementos policiales contaran  con equipo para hacer frente a la pandemia.[14]
  3. FASP. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados es un fondo presupuestal para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública; se trata del principal recurso para combatir la violencia en los Estados[15]En este 2020 se destinan para tal fin 7 mil 437 MDP, sólo 0.4% más que en el 2019.[16]

El problema radica en que para la mayoría de los municipios, la seguridad basada en mejorar las condiciones laborales de los policías no es una prioridad. En cuanto al Fortaseg y FASP, éstos no sólo son muy reducidos; además no se incrementan, ni son asignados con un criterio de prioridad para los estados y municipios con mayores crisis de violencia.

Si a esto sumamos la opacidad y falta de atención a la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos, tenemos un grave problema. Según un informe emitido  por la Auditoría Superior de la Federación en 2017 sobre el Fortamun, 40% de 82 municipios estudiados —32- no difundió entre la población la aplicación de los recursos del fondo, y si no sabemos cuánto gastan en los niveles federal y estatal, menos en lo que corresponde a policías locales.[17]

Allí están los recursos, de por sí insuficientes para cubrir las necesidades de las policías y, aún menos, para realizar proyectos de prevención de la violencia.

La importancia de la denuncia ciudadana formal

En cuanto a la sociedad, es de recalcar la importancia de la denuncia. Como se mencionó anteriormente, es cada vez más común observar en las redes sociales grabaciones realizadas con el celular, en las que policías protagonizan situaciones de abuso. Lamentablemente no todas las investigaciones proceden, al no haber siempre una denuncia formal por parte de los afectados. En ese sentido, es indispensable el desarrollo de mecanismos de prevención, la modernización de los procesos de detección de abusos, la investigación y resolución de los mismos.

Lamentablemente, la presente administración federal continua con militarización de las fuerzas de seguridad pública, por lo que es de esperarse un incremento en la violencia y brutalidad, de las que hay antecedentes como los de Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa. Desde mediados de 2015 se abrió un debate entre organizaciones civiles enfocadas a la seguridad ciudadana y el Congreso para intentar frenar este drama. Como consecuencia de este proceso fue aprobada y publicada el 26 de junio de 2017 la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque al parecer es letra muerta, ante la falta de su acatamiento por las fuerzas de seguridad pública y las instituciones. Su correspondiente legislativa recientemente fue aprobada en Guanajuato.

¿Cuántos casos más como los aquí mostrados se seguirán documentando en nuestros celulares y circulando en redes sociales antes de que realmente se haga justicia?

Pero sobre todo, ¿hasta cuándo seguiremos desfogando estas situaciones por esos medios, en lugar de exigir cuentas y resultados a nuestras autoridades?

 

[3]ttps://www.reporteindigo.com/reporte/video-denuncian-que-policia-asfixio-a-detenido-en-gasolinera-de-tijuana/

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