Sí, el covid, pero… ¿Y los feminicidios? • Rosario Martínez de la Vega

“…reconozcamos la doble victimización por parte de un Estado incapaz de brindar lo mínimo a su ciudadanía…”
Sí, el covid, pero… ¿Y los feminicidios? • Rosario Martínez de la Vega

El covid-19 nos ha alienado. Estamos tan absortos en nosotros mismos, en cubrir nuestras propias necesidades, que nos negamos —quizá de manera involuntaria- a percibir otras realidades que no deberían resultarnos ajenas. Son, sin duda, tiempos difíciles: la pandemia ha puesto en evidencia las carencias en las instituciones, las fallas del Estado, la vulnerabilidad de un sistema que se ha visto rebasado no sólo en cuanto a la salud pública, sino también a la seguridad y procuración de justicia. Aunado con esto, la crisis económica y la falta de empleo hacen que chicas que recién adquieren la mayoría de edad se integren a la planta laboral del país para apoyar a sus familias, aceptando —casi- cualquier trabajo, pese a las distancias y los bajos salarios.

Ana, la de Ocosingo

Su historia es como la de cualquier joven a quien la pobreza y la falta de oportunidades le obligó a abandonar a su familia y su pueblo en busca de mejor suerte; emigró más de 850 km de su natal Ocosingo, Chiapas a Playa del Carmen, en Quintana Roo, obteniendo al poco tiempo un empleo como lavavajillas en uno de los más “exclusivos” hoteles americanos con concesiones en las playas del caribe mexicano: el Hard Rock Riviera Maya.

Este fue el caso de Ana Hernández Gómez de tan solo 21 años.

El 18 de diciembre de 2020  fue reportada su desaparición por una amiga, quien compartía los gastos de la pequeña habitación que rentaban en Puerto Aventuras —comunidad vecina a Playa del Carmen, donde las rentas son más económicas-; sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo se negó a realizar la denuncia formal hasta que un familiar se presentara, lo cual ocurrió cinco días después cuando su padre —quien desde meses antes se sentía intranquilo por que su hija se fuera tan lejos, pero también orgulloso de su valentía, y porque  había conseguido “un trabajo honrado” en un lugar bonito y con vista al mar-, acudió a las oficinas del Ministerio Público a padecer la indolencia y  falta de empatía de servidores públicos que hicieron que su comparecencia, al tratarse de un indígena tzeltal de escasos recursos y no hablar español, se convirtiera en un viacrucis, revictimizándolo y acrecentando la tragedia de la familia Hernández Gómez.

El caso pasó desapercibido hasta que se hizo viral en redes sociales. El cadáver de Ana fue encontrado diez días luego de su desaparición, en un camino de terracería sobre la carretera federal Playa del Carmen-Tulum, propiedad del hotel y por el cual deben ingresar los mil setecientos empleados que allí laboran cada día.

De los reportes de la Fiscalía se desprende que fue abusada sexualmente. De las pesquisas se estableció que el responsable había sido un compañero de trabajo —ya detenido-, con quien supuestamente Ana había salido al concluir su jornada laboral. Llama la atención que nadie los vio salir —juntos o en solitario- de las instalaciones del hotel, y que la administración no proporcionara los vídeos de las cámaras de seguridad. Amigos, familiares de la víctima, del implicado y colectivos feministas, están inconformes con las conclusiones de la Fiscalía y han señalado inconsistencias en los resultados de las investigaciones.

Elizabeth del Rocío, en el mismo lugar de la Riviera Maya

No es la primera vez que esto ocurre en ese mismo lugar. En 2017, Elizabeth del Rocío Ricalde Barrera, también de 21 años, desapareció —igual que Ana- mientras laboraba en el hotel. A los pocos días de perder contacto con ella, sus padres acudieron al lugar para pedir información, y los encargados del Hard Rock Riviera Maya se limitaron a responder que Elizabeth se había dado de baja de manera voluntaria. Nunca les fueron mostrados los documentos de la supuesta renuncia, a pesar de haber interpuesto una denuncia por la desaparición de su hija ante la Fiscalía General del Estado. A Eli parecería como si la tierra se la hubiera tragado; aún no se logra dar con su paradero.

Ambos casos, de Ana y Eli, muestran múltiples similitudes: chicas jóvenes, con necesidad apremiante de trabajar, viviendo lejos de su familia. La administración del hotel se negó a pagar los gastos funerarios de Ana, pese a ser trabajadora sindicalizada y tener derecho de ayuda por concepto de gastos funerarios.

Lupita, la de Ocampo

Situaciones en que la necesidad y la esperanza de un futuro mejor terminaron en una tragedia, no son exclusivos de la zona sur del país; en diciembre del 2020 se presentó en la ciudad de León, Guanajuato, el caso de Lupita.

María Guadalupe Chávez era una joven originaria de Ocampo. Tenía 20 años de edad, llegó a León en agosto del 2020 para trabajar como empleada doméstica de planta en la Colonia Residencial la Campiña, uno de los fraccionamientos de más alta “plusvalía” en la ciudad —los costos de las casas rondan arriba de los dos millones de pesos. El 4 de diciembre fue encontrada sin vida en el cuarto de servicio donde dormía. Los primeros reportes de las autoridades señalaron que la joven fue estrangulada; así dieron parte los elementos de la Policía Municipal que acudieron al domicilio y manifestaron haber encontrado a Guadalupe tirada en el piso, bocabajo y semidesnuda. Tres días después se cambió la versión, y la Fiscalía determinó que se trató de una intoxicación por una filtración de monóxido de carbono, por una fuga de gas de la secadora de ropa. De los patrones de Lupita, nada se sabe.

Además de la inherente carga de violencia de género que estos casos conllevan, existen otros datos duros que ponen el dedo en la llaga, tanto de la injusticia como de la desigualdad social: según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres representan 70% de los trabajadores en la industria hotelera, ocupando puestos en áreas de limpieza y atención al cliente. En cuanto al trabajo doméstico remunerado, México es el país de América Latina con la peor tasa de formalización laboral en este tenor, y más del 91.2% de esta actividad es realizada por mujeres. Se estima que hay más de 2 millones de personas que trabajan en ese sector, lo cual representa al 4.21% de la población ocupada; 99 de cada 100 trabajan sin contrato y sin prestaciones laborales como seguridad social, Infonavit, fondo de ahorro, entre otras. Según los últimos registros para 2017, el sueldo en promedio de una empleada doméstica en nuestro país era de $88 pesos al día. Claramente, en este tipo de relaciones de trabajo pesan las diferencias de poder y de oportunidades, así como las eventuales injusticias de una relación casi servil, con jornadas que duran hasta el anochecer.

En carne propia, la de Jazmín

¿Cómo es vivir esto en carne propia? Jazmín, una de las miles de mujeres mexicanas que han abandonado su hogar en algún momento de sus vidas para trabajar en otra ciudad, narra su experiencia —igual que Ana, Eli y Lupita, tiene 21 años; es madre de una pequeña niña–:

Tan sólo de pensar en la muerte de esta joven se me pone la piel chinita —lo refiere respecto a María Guadalupe-. No se vale que hayan acabado con la vida de una chica que sólo buscaba salir adelante; yo voy seguido a la comunidad de donde era  Lupita -en Ocampo-. Conozco a muchas chavas de ese lugar y comunidades cercanas. Sólo buscamos salir adelante de manera honrada; en el pueblo no hay trabajo, debemos salir a buscarlo a la ciudad, por lo general a León, para trabajar como empleadas domésticas de planta para personas que por el hecho de que te pagan, sienten que eres de su propiedad y que pueden tratarte mal. Se presentan situaciones como no permitirte comer algo tan simple como una fruta, que te revisen al salir porque creen que les vas a robar algo. Yo llegué a trabajar en una casa, como en la que trabajaba Lupita, y no sabes lo difícil que es, las “chingas” que te meten: limpias, lavas, planchas, cocinas, cuidas niños; debes de ser la primera en despertar y no puedes irte a dormir hasta que los “patrones” se meten a sus habitaciones… y todo esto por un pago de $1200 pesos a la semana, a las que bien les va $1,600 pero es muy raro. Por cierto, se trabaja de lunes a sábado, y a veces no se te permite salir ni el domingo de la casa, en sus propias palabras por “seguridad, si no quieres generarles desconfianza”. Sufres además del acoso, tanto por los dueños de la casa —he sabido de chicas a las que los patrones se les han intentado meter a la habitación- como por otros empleados y guardias de seguridad de los fraccionamientos. Afortunadamente yo ya me salí de allí, no aguanté ¡Yo no me dejó! Sin embargo, me duele la muerte de Lupita y la de muchas más, porque así como fueron ellas, también puedo ser yo, una prima, una amiga, incluso mi propia hija. No puedo dejar de pensar en el miedo de ser mujer en esta sociedad...

Sí bien durante los últimos años ha habido avances en la legislación en esta materia —aumento al salario mínimo, prestaciones para empleadas domésticas, etc.-, falta mucho por hacer. Desmitifiquemos la romantización de la pobreza, la cultura del mérito, del “está jodido el que quiere”, y reconozcamos la doble victimización por parte de un Estado incapaz de brindar lo mínimo a su ciudadanía y que procura este círculo vicioso, en el que la falta de oportunidades obliga a  jóvenes mujeres a abandonar a su familia y su pueblo, para exponerse para  trabajar en largas —y en ocasiones humillantes- jornadas por sueldos de miseria, donde se corre el riesgo de ser asaltada sexualmente, morir asesinada o ser desaparecida, y así convertirse en una estadística más, dentro del 98% de impunidad que hay en este país.

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