Guanajuato, tierra de nadie

“Las cifras son las que hablan…”
Guanajuato, tierra de nadie


Los titulares de prensa nos abrumaron con una noticia el pasado primero de julio: Comando Armado ingresa a Centro de Rehabilitación y mata a 27 internos en Irapuato.

Siendo calificada como la peor masacre en la época reciente del Estado, aún más perturbadoras resultaron las imágenes filtradas y difundidas a través de las redes sociales, en las que pudimos apreciar a las víctimas y la saña presente en esos actos.

Los hechos, como ya es una macabra costumbre, fueron adjudicados al Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL); sucedieron poco antes de las 18:00 horas, cuando un grupo de aproximadamente 15 hombres fuertemente armados ingresó al Centro de Rehabilitación “Recuperando mi Vida”. Allí amagaron a los internos y los formaron en una línea para posteriormente ejecutarlos. El saldo hasta el momento es de 27 muertos y 4 heridos —todas las víctimas eran del sexo masculino y sus edades oscilaban entre 16 y 50 años de edad.

El lugar no estaba en condiciones, ni mucho menos tenía los permisos por parte de las autoridades para fungir como un anexo, situación nada extraña en Guanajuato. Es usual que estos lugares operen de esta manera. Aquí, un artículo escrito para ELC que analiza la situaciónal respecto.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado, anunció este domingo 5 de Julio, la detención de tres implicados en el crimen, mencionando que el día de más tarde proporcionarán detalles.

Sí bien, la violencia es una realidad constante en la entidad, esta “nueva ola” comenzó en Celaya, el sábado 20 de junio por la tarde y se expandió por 14 municipios del estado y, en plena antesala del “Día del Padre”, el terror se apropió de varias localidades: ejecuciones, tiroteos, bloqueos en calles y carreteras, incendios a vehículos, quema de comercios, fueron las acciones criminales desatadas por más de dos horas en el Bajío guanajuatense.

La situación se la atribuyó horas más tarde el propio líder de la organización del CRSL,José Antonio “N”, alías “El Marro”, a través un video en el que se muestra al borde de las lágrimas. La razón de la virulencia del actuar del grupo criminal, habría sido que su madre, su hermana y su prima, habían sido detenidas en la comunidad cercana a Villagrán, en un operativo conjunto entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Con ellas fueron aprehendidas 28 personas más, 31 en total, siete de ellas menores de edad, todos supuestamente ligados al CRSL.

María Eva “N”, madre del marro y supuesta operadora financiera del CRSL (así señalada por la federación y el estado) quedó libre tras ocho días en prisión, al demostrar que su aprehensión fue sin orden de cateo y sin la existencia de carpetas de investigación. La juez Paulina Iraís Medina así lo determinó, luego de que en videos ofrecidos por la defensa se demostró que la detención había ocurrido cinco horas antes de lo señalado por la fiscalía, sin orden judicial, y en completa descoordinación entre las instituciones judiciales federales y estatales. Fue además acreditado que sufrió de tortura por parte de elementos de la SEDENA y de la Fiscalía del Estado —esto según los criterios establecidos en el Protocolo de Estambul.

La aprehensión de María Eva “N” y su posterior liberación tuvieron además múltiples irregularidades, entre ellas, que el caso fue resuelto por un juez del fuero común del Poder Judicial de Guanajuato, al no ser atraído por el fuero federal. Además la perito que presentaría las pruebas jamás llegó —en una audiencia que duró todo un fin de semana-, al excusarse por estar realizando un curso en San Luis Potosí.

Al término de la audiencia el pasado 28 de junio, los abogados de la madre del líder del CSRL sufrieron un atentado por sujetos sin identificar, alrededor de las de las 20:30 hrs. cuando los profesionistas fueron perseguidos mientras sujetos les disparaban. Como consecuencia, el auto en el que iban los defensores volcó sobre la carretera Silao-León. El conductor, quien presentaba diversos impactos —uno en la cabeza-, murió al momento.

Es de notar que tan sólo dos días antes de la liberación de María Eva “N”, fue puesto en libertad Rodolfo Juan “N”, padre de “El Marro” —quien había sido detenido hace cuatro meses, por el delito de robo de auto-, debido a los beneficios que otorgó la liberación anticipada a raíz de la epidemia de Covid 19 y tras el pago de una fianza de diez mil pesos.

¿Estas liberaciones se presentan en el contexto de que no hay elementos para vincular a proceso, o de que los jueces, peritos y MP temen por su vida? ¿Por qué preferir perder el trabajo o afrontar un problema que les acarree responsabilidades administrativas y/o penales derivadas de una mala práctica forense? No podemos saberlo, pero en el primer caso, es claro que se requiere un sistema de protección que alcance hasta la labor de los postulantes.

Es importante recalcar que muchas veces no son los jueces los responsables directos de la liberación, sino las fiscalías al fallar en la integración de la carpeta de investigación, o en cuanto a la actuación de los primeros respondientes en el llenado del IPH (Informe policial homologado), documento de 64 páginas divididas en cinco secciones, en las que se debe dar detalles de los hechos delictivos: puesta a disposición, primer respondiente, conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación de la autoridad, lugar de la intervención y narrativa de los hechos. Además existen siete anexos: detención, informe del uso de la fuerza, inspección del vehículo, Inventario de armas y objetos, entrevistas, recepción del lugar de la intervención y continuación de la narrativa de los hechos o entrevista.[1]

La realidad es que a la fecha, tras el operativo en Santa Rosa de Lima el pasado 20 de junio, los 31 detenidos se encuentran libres y la familia de“El Marro” completa y unida, mientras el cártel sigue asolando al estado, dejando huérfanos, viudas y madres sin sus hijos.

La situación se ha convertido además en motivo de conflicto entre las autoridades federales y estatales, quienes se culpabilizan mutuamente.

El presidente López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, refirió: Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación, pero es una forma de ocultar un acuerdo, una transa. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo. Jueces que buscan si hubo una falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa.

Momentos después, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Diego Sinhue reclamó que AMLO politizara el tema de la seguridad de Guanajuato, y denunció que la Fiscalía General de la República fue la responsable al no abrir las investigaciones pertinentes contra los padres de “El Marro", pese a que se les atribuyó la comisión de delitos federales. 

El Presidente advirtió tras la liberación que habrá una investigación a fondo, y sugirió la destitución del fiscal general del estado,Carlos Zamarripa Aguirre. “Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato, un estado que tiene elevados índices de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas”.

En respuesta, el gobernador de Guanajuato dijo que el nombramiento del Fiscal General del Estado —quien lleva más de 12 años en el cargo- fue ratificado por el Congreso del Estado: Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo...

Por su parte, el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, compareció el pasado viernes ante el Congreso local —tan sólo dos días después de la masacre en Irapuato-. Allí negó tener vínculos con el crimen organizado: "El enemigo común está allá afuera, y es el criminal. No su servidor, como se ha señalado, ni la gente que labora esta institución. Todos estamos alineados al combate de la delincuencia.Reconoció resultados negativos en materia de seguridad, aunque dijo que no renunciará al cargo.

Sin embargo, las cifras son las que hablan: los homicidios en Guanajuato aumentaron 260% entre 2015 y 2018, y desde diciembre de 2019 ostentamos el ignominioso primer lugar en este sentido en el país. Durante 2019 se cometieron en Guanajuato 4,494 asesinatos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.[2]

En este 2020, se tiene el registro de 1 mil 534 asesinatos durante el primer cuatrimestre del año, los cuales representan el 13% de todos los cometidos en el país.[3]

¿Hasta dónde nos llevará este nombramiento político sin ningún tipo de escrutinio, en la grave crisis de inseguridad y de derechos humanos que vivimos en la entidad?

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