Decía Nietzsche que quien lucha con monstruos debe tener mucho cuidado porque puede convertirse en uno de ellos.

El ejemplo se dio la noche del 3 de mayo en Palmarito, Puebla, durante una emboscada al ejército, donde en el fragor del enfrentamiento, un soldado presuntamente ejecuta a un sicario (digo presuntamente, ya que probablemente el hombre en el suelo ya había fallecido, porque tenía minutos sin moverse, y entonces no se trataría de una ejecución según la medicina forense).

En realidad todo el halo que envolvió al enfrentamiento de Palmarito estuvo sujeto a suspicacias, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato. La diferencia es que está vez si hubo testimonio que echó abajo la versión de la SEDENA, que en un primer comunicado argumentó que el enfrentamiento inicial se dio en una toma clandestina, contra sicarios parapetados detrás de mujeres y niños. En el video original se aprecia que a esa hora (08:30), los soldados fueron emboscados en la calle principal de Palmarito, Puebla, donde segundos después un huachicolero disparaba por la espalda a un grupo de militares, quienes lo habían sometido y cometieron el error de no desarmarlo. Minutos más tarde, una camioneta blindada que acechaba a lo lejos se acercó a los soldados, quienes dispararon múltiples ráfagas para detener su avance. Los ocupantes terminaron por rendirse y fue ahí donde se dio la supuesta ejecución extrajudicial.

Las opiniones pueden ser encontradas respecto al caso, y es que quien no está en ese escenario no puede juzgar correctamente, de lo cual pueden sobrevenir errores de percepción.

La situación no es sencilla: La dignidad es el fundamento filosófico de los derechos humanos, y las fuerzas castrenses también tienen derecho a la "dignidad" aunque no las proteja la CNDH; pero también es cierto que la vida es el bien supremo y ninguna persona puede privar a otro de ella, mucho menos cuando está en evidente situación de vulnerabilidad.

La moral del hombre debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental nacido de la razón, no de la autoridad, a partir del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. Kant definió el concepto de «imperativo categórico» como cualquier proposición que declara a una acción como necesaria: ¿era entonces necesaria la ejecución del sicario, no por venganza, sino para evitar otra tragedia como la que había ocurrido a sus compañeros cuando le dieron la espalda a un criminal sometido, o fue uso de fuerza innecesario haber disparado a un moribundo y dejar en evidencia a todas las fuerzas armadas? La respuesta correcta pueden ser ambas.

En vez de Ley de Movilidad Interior, lo que se debe reformar es el sistema judicial para que una vez en la cárcel, no haya poder humano que saque a los sicarios de ella, sobre todo si tuvieron algún enfrentamiento documentado contra corporaciones del Estado.

No son nada más las fuerzas castrenses. Ahora todos los servidores públicos estamos en una situación de indefensión ante cualquier queja, lo que deja vulnerable nuestra vida y patrimonio a pesar que la actuación haya sido correcta; hace falta sólo un chisme de lavanderas difundido y sacado de contexto en redes sociales para perderlo todo.

Ahora con la nueva ley de servidores públicos que entrará en vigor durante las próximas semanas, la Secretaria de la Función Pública y los órganos de control interno de cada dependencia se van a enseñar bonito contra policías, médicos y maestros para el circo mediático. Más caldo para las albóndigas, y así distraer a la gente de los verdaderos problemas y el severo daño patrimonial que están ocasionando los políticos y funcionarios de alto nivel elegidos al dedazo. De alguna manera tienen que comprobar que sirven para algo estos instrumentos, aunque sea como todo lo que se hace en el país: para maquillar e inflar cifras. Esta nueva ley está diseñada maquiavélicamente para calmar a los dioses de la opinión pública con la sangre de pequeños burócratas.

Pero los gobernadores, senadores, diputados, ministros de la SCJN y demás tlatoanis de alto impacto, ídem por el arco del triunfo. Al fin y al cabo siguen siendo los dueños del país y nosotros, los servidores públicos de pelusa y medio pelo, sus esclavos, o –si bien nos va- víctimas colaterales de su corrupción, y ahora chivos expiatorios cuando está nueva ley entre en vigencia. El imperativo categórico es meterlos en cintura a ellos, que son quienes tienen quebrado al país, no dejar sin trabajo a los que apenas ganan para sobrevivir. Y si van en serio, comenzar con una investigación sensata de la Casa Blanca de las Lomas, de los departamentos de La Gaviota en Miami y de las casas de campo en Malinalco que les han descubierto a los políticos de este sexenio, por no mencionar las cuentas en Mónaco de Moreira, quien fuera presidente del PRI en la campaña de Peña Nieto.

Para poner un ejemplo llano de esta nueva ley: Si usted cae en un bache por la carretera federal de cuota, se voltea y su auto sufre pérdida total, quien pagará el coche de acuerdo a la “Ley Federal de Responsabilidad a Servidores Públicos 2017” será el albañil a quién le tocó apisonar ese tramo, no a la Federación ni a la concesionaria, porque el obrero está solo y ellos son parte de la mafia que dictamina las leyes. ¿Un albañil que va en bicicleta a su trabajo tendrá los recursos para pagar un automóvil de lujo? ¿Él toma parte en la licitación para los materiales que utiliza la SCT para asfaltar la carretera? La respuesta obvia es NO, pero es el último eslabón, y con esta nueva ley él es el culpable, mientras sus abogados no demuestren lo contrario. Y si no tiene para pagar licenciados, que mejor se cambie de trabajo (como si hubiese muchos a dónde reubicarse en este país de salarios miserables).

Quizá por eso, el artículo 5 de la "Ley de Movilidad Interior" propone que la seguridad interior esté excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, queriendo exentar con esto también a los militares de las responsabilidades del resto de los funcionarios públicos (o sea, hacerlos gozar del fuero que tienen los políticos). Esta situación generará condiciones en las que cualquier civil puede ser asesinado sin que quede probada su culpabilidad.