León, Guanajuato. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo una reunión virtual con el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) para conversar sobre los desafíos a los derechos humanos en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19.

En esta reunión participó el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, integrante del Consejo Rector de la FIO, quien expuso a la expresidenta de Chile, la perspectiva regional y local de las defensorías, así como las acciones de monitoreo sobre el respeto a la dignidad humana ante la crisis epidemiológica, social y económica.

Bachelet pidió en su mensaje a los organismos defensores en Iberoamérica proteger los derechos de todas las personas a la vida y la salud, sin discriminación, para ganar la lucha contra el COVID-19.

Presentó un panorama regional, en el que la situación sanitaria es complicada por el impacto que ha tenido entre la población, en particular con grupos en condiciones vulnerables como mujeres, migrantes, minorías étnicas, entre otros.

La funcionaria expresó que esta crisis se debe atender desde la perspectiva de derechos humanos al ponerse de relieve la desigualdad, discriminación, falta de inversión y acceso a alimentos, agua y salud, entre otros factores, ya que el virus afecta a todos por igual, en especial a las personas y países más pobres y mayormente marginados.

Reconoció los esfuerzos de los organismos defensores de derechos humanos para intercambiar buenas prácticas en la respuesta a la pandemia, y los exhortó a identificar los grupos que pueden estar excluidos en la respuesta del Estado para afrontar la crisis.

La Alta Comisionada alertó sobre la temporalidad de las medidas restrictivas o de excepción que han aplicado algunos Estados en la región, y la obligación de los países para reconstruir la sociedad, basada en un sistema de igualdades.

La situación sanitaria requiere de una respuesta global, dijo, y pidió al Consejo Rector de la FIO dar un nuevo impulso a los derechos humanos, para garantizar a la población el acceso al derecho a la salud y, en especial, a las vacunas que protejan del virus, porque habrá más desempleo y pobreza como consecuencia de la pandemia.

Evitar que pandemia se convierta en otra crisis de Derechos Humanos: Montero de Alba

En su exposición, Montero de Alba hizo un reconocimiento a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la guía y criterios que ha brindado a los organismos públicos en la materia, para prevenir y atender violaciones derivadas de la contingencia sanitaria.

Más adelante, explicó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano han tenido un enfoque preventivo, sin suspender derechos, a partir del establecimiento de medidas preventivas, entre ellas la campaña de sana distancia, el aislamiento domiciliario voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales.

Expuso que en el caso del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos y de los organismos protectores que lo conforman, como la PDHEG, se han realizado diversas actividades de monitoreo sobre el cumplimiento y respeto a la dignidad.

El propósito, detalló, es que la crisis sanitaria, social y económica no se vuelva también una en materia de derechos humanos, por la supresión de derechos y libertades que contravinieran los principios que marca la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

El Ombusdperson guanajuatense hizo referencia a las tareas realizadas para identificar riesgos a los derechos humanos y grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, para que las autoridades adopten medidas de prevención y hagan frente a esta situación sanitaria.

Los derechos humanos en riesgo

De este ejercicio se desprendió que los derechos humanos identificados en riesgo fueron: el derecho a la salud en general y, en particular, sobre el personal médico que hace frente a la pandemia; el acceso al agua y el saneamiento; la asistencia social, y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito doméstico.

También señaló la detección de que las mujeres son el grupo de mayor riesgo ante el aumento de casos de violencia doméstica, igual que adultos mayores, personas con discapacidad, las privadas de su libertad, las niñas y niños, los pueblos y comunidades indígenas y los migrantes.

En cuanto a este último grupo, al ser uno de los más vulnerables, subrayó el trabajo de la FIO para generar iniciativas que contribuyan a la protección de todos sus derechos, lo cual quedó plasmado en el webinario organizado por la PDHEG en colaboración del organismo iberoamericano sobre la materia.

El Consejo Rector de la FIO está integrado por su presidente y Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade; la Vicepresidenta Primera de la Región Cono Sur y Defensora del Pueblo de la República Dominicana, Zoila Martínez Guante y el Vicepresidente Segundo  por la Región Centroamérica y representante de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago.

También por el Vicepresidente Tercero de la Región Andina y titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Micco Aguayo; el Vicepresidente Cuarto de la Región Europea y Raonador del Ciutada del Principado de Andorra, Marc Villa Amigó, y el Vicepresidente Quinto por las instituciones regionales y locales de derechos humanos, el Ombudsperson José Raúl Montero de Alba.

En la reunión virtual participaron además la Jefa del Gabinete de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Domínguez, y la Secretaria Técnica de la FIO, Carmen Comas-Mata Mira.