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Analizan iniciativas sobre feminicidio y pérdida de patria potestad

Buscan ampliar el abanico de sanciones

Comisión para la Igualdad de Género
Comisión para la Igualdad de Género
Analizan iniciativas sobre feminicidio y pérdida de patria potestad

Guanajuato, Gto. La Comisión para la Igualdad de Género realizó mesas de trabajo para analizar la propuesta de ampliación de supuestos por el delito de feminicidio y lo referente a la pérdida de la patria potestad por feminicidio de la madre. 

 

Ampliación de supuestos por delito de feminicidio

En la sesión del pleno del Congreso, del pasado 4 de mayo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó, en voz de la diputada Susana Bermúdez, una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para ampliar el abanico para considerar otros supuestos en el delito de feminicidio e incrementar la sanción cuando se trate de mujeres con mayor grado de vulnerabilidad.

La legisladora dijo en tribuna que es importante que la figura del feminicidio abarque una amplia variedad de conductas, incluidas aquellas que ocurren fuera de una relación de pareja o sin el uso de la violencia física directa, incorporando en la ley diversos ámbitos donde se pueda ejercer violencia, como lo es el medio laboral y la docencia.

La diputada precisó que el incluir la explotación como un agravante en la hipótesis del feminicidio puede ayudar a asegurar que se tomen en cuenta todas las posibles formas de violencia de género contra las mujeres y niñas.

Además, indicó que también se debe considerar como agravante cuando las mujeres se encuentren en situación de vulnerabilidad, como aquellas que pueden estar embarazadas, tienen una discapacidad, adultas mayores o menores de edad, por ser más propensas a sufrir violencia de género.

Argumentó que se busca establecer que cuando haya existido entre la víctima y el sujeto activo una relación de matrimonio, concubinato o se hayan procreado hijos, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima y a los hijos, incluidos los de carácter sucesorio.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género. Fue en ésta que la panista Martha Guadalupe Camarena Hernández precisó que se busca incrementar la pena al delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad y cuando sea el caso de una mujer embarazada, con discapacidad o que quien incurra en la acción sea servidor público y que valiéndose de tal condición cometa la conducta, luego de que en los últimos años se ha incrementado la incidencia de delitos contra las mujeres.

La priista Yulma Rocha Aguilar explicó que la iniciativa responde a una homologación con el Código Penal federal. Pidió modificar el término “personas con discapacidad” por “mujeres con discapacidad”.

El delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal estatal el 26 de mayo de 2011 (como artículo 153 A). El Congreso aprobó por unanimidad tipificarlo como delito y castigarlo con penas de 25 a 35 años de cárcel; sin embargo, las sugerencias de organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron excluidas de la reforma al Código Penal estatal.

 

Pérdida de patria potestad por feminicidio de la madre

La otra propuesta puesta a discusión fue la iniciativa de reforma al Código Civil en materia de suspensión y pérdida de la patria potestad por feminicidio de la madre.

Fue planteada por la emecista Dessire Angel Rocha, la priista Yulma Rocha Aguilar y la ecologista Martha Lourdes Ortega Roque, integrantes de la Bancada Feminista,

Angel Rocha se refirió al caso ocurrido en Puebla en contra de Cecilia Monzón, abogada y activista feminista que fue asesinada a tiros en San Pedro Cholula y sobre cuyo caso la Fiscalía de Puebla dijo que todo apuntaba a que el autor intelectual era un político que fue su pareja y padre de su hijo, lo que llevó a cuestionarse qué pasaba con un menor cuyo padre es sospechoso de matar a su madre.

Mencionó que se formuló una iniciativa que hoy es conocida como “Ley Monzón”, con el objeto de suspender de manera cautelar la patria potestad de los padres sospechosos del feminicidio de las madres y retirarla luego de una sentencia condenatoria definitiva.

Comentó que en al menos otros 10 estados del país se han presentado ya iniciativas para armonizar sus normativas civiles locales en este sentido, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

La propuesta plantea la adición sobre las causales de pérdida de patria potestad por la sentencia condenatoria en caso de feminicidio de la madre, aun en grado de tentativa; y en la suspensión de ésta la existencia de un auto de vinculación a proceso dictado por el delito de feminicidio en contra de la madre, aun en grado de tentativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género, donde Yulma Rocha Aguilar expresó que las reformas planteadas tienen la necesidad de velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, además de que las medidas contempladas no implicarían una violación a la presunción de inocencia, debido a que una vez que se compruebe que el implicado no es culpable se le restituyen sus derechos de manera inmediata.

La panista Noemí Márquez Márquez dijo estar de acuerdo con el objetivo planteado por las iniciantes al estar a favor de la prevención, atención y erradicación de la violencia de género y por velar por el desarrollo de las y los menores de edad, pero indicó que varias de las consideraciones ya están contempladas en algunos supuestos de la ley por lo que se debe tomar en cuenta el no caer en una sobrerregulación.

Su compañera Martha Guadalupe Hernández Camarena añadió que es necesario cuidar la técnica legislativa viendo la mejor manera para encuadrar en los espacios óptimos los lineamientos que abarcan las medias de protección.

Dessire Angel Rocha externó que lo que se propone es la suspensión de la patria potestad de forma específica para poder establecer con claridad que derechos básicos del orden familiar también pueden ser suspendidos al ser sospechoso. Su compañera Yulma Rocha Aguilar argumentó que la sobrerregulación es un tema que constantemente pide que se tome en cuenta para iniciativas que han sido presentadas con anterioridad. Indicó que la propuesta en su conjunto fue analizada por abogados expertos en la materia y que no se pretenden modificar cuestiones penales sólo aspectos civiles, por lo que no se encontraron argumentos para caer en una sobrerregulación.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Martha Guadalupe Camarena Hernández, Noemí Márquez Márquez y Dessire Angel Rocha; así como asesoras de grupos parlamentarios y personal del Congreso de Guanajuato.

 

Aprueban dictámenes de diversos informes de resultados

La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó los dictámenes de los informes de resultados de diversos sujetos de fiscalización: auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por las administraciones municipales de Celaya, Yuriria y Cuerámaro; así como de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Huanímaro, Manuel Doblado, Moroleón, Romita, Santa Catarina y Santiago Maravatío, todas correspondientes al ejercicio fiscal de 2021.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Alma Edwiviges Alcaraz Hernández y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Miguel Ángel Salim Alle y José Alfonso Borja Pimentel. Asistió también Javier Pérez Salazar, auditor superior del estado de Guanajuato.