Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Guanajuato, en materia de robo de vehículos, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y encubrimiento.

El decreto establece que se sancionará con prisión de 3 a 10 años y de 30 a 100 días multa, a quien:

I.- Altere o trasplante los números originales de identificación de vehículos automotores sin estar legítimamente autorizado para ello.

II.-Trafique, detente, posea, custodie u oculte autopartes de vehículos automotores de procedencia ilícita.

III.- Desmantele, trafique, detente, posea u oculte vehículos automotores robados o alterados de sus números de identificación vehicular.

IV.- Detente, posea, custodie o tramite, de manera ilegítima, la documentación con la que se acredite o pretenda acreditar la propiedad o identificación de vehículos automotores robados o alterados de sus números de identificación vehicular.

V.- Traslade de un lugar a otro, uno o varios vehículos automotores robados o alterados de sus números de identificación vehicular.

VI.- Utilice uno o varios vehículos automotores robados o alterados de sus números de identificación vehicular, en la comisión de otro u otros delitos.

Además señala que si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, aplicación o ejecución de sanciones respecto a delitos, además de las penas referidas en el artículo 275, se le aplicará destitución de dichas funciones y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública por un periodo igual al de la pena de prisión.

Al hablar en contra del dictamen en la discusión en lo general, el diputado Luis Felipe Luna Obregón manifestó que las reformas en cuestión cuentan con insuficiencias técnicas, por lo que requieren de un análisis más profundo al interior de la Comisión de Justicia. Asimismo, recordó las observaciones que realizaron las dependencias estales y los magistrados que participaron en la mesa de trabajo para analizar dicha iniciativa.

“Estas reformas requieren para su viabilidad jurídica acatar el principio de formulación               taxativa que la Ley Penal debe establecer con la mayor claridad los hechos constitutivos de un delito para poderlo tipificar y consecuentemente haya sanciones de carácter penal.  De sostenerse los términos en los que se establece el dictamen, no lograremos la congruencia y eficacia jurídica que anhelamos para garantizar la protección ciudadana a través de la normatividad penal”, acentuó.

Por su parte, el diputado Alfonso Guadalupe Ruíz Chico hizo uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen y mencionó que con las reformas al Código Penal se brindará mayor protección al patrimonio de los ciudadanos, protegerá sus derechos y se garantizará mayor seguridad jurídica a quienes detentan la propiedad de dichos bienes.

Durante la votación en lo particular del dictamen, el diputado Luna Obregón presentó diversas reservas para que se tipifiquen de manera adecuada las conductas que se pretenden castigar, pero no fueron aprobadas.