Guanajuato, Gto. Las y los diputados integrantes de la LXII Legislatura aprobaron este viernes, reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, todas ellas orientadas a fortalecer la protección de las mujeres.

El primero de los dictámenes aprobados adiciona un segundo párrafo al artículo 56; un segundo y tercer párrafos al artículo 58 y un artículo 58 Bis; y se reforman los artículos 55, 56, 57 y 58, todos ellos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato.

Con la reforma se establecen criterios para la atención de los casos que se presenten en los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia (CEMAIV), criterios que persiguen una mejor atención y protección a las víctimas.

También se plantea que el personal de los CEMAIV deberá sujetarse a programas de capacitación y, en su caso, de profesionalización, de manera permanente, acordes a los aprobados por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de conformidad con los instrumentos internaciones en la materia.

Se obliga la profesionalización y especialización del personal de los CEMAIV en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social, quienes además deberán contar con experiencia en materia de asistencia social y, en su caso, con cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente, para poder brindar asistencia en casos de violencia.

Dicha capacitación para prevenir, atender y erradicar la violencia, deberá incluir como mínimo aspectos formativos en: Perspectiva de Género; Derechos Humanos; Principios de igualdad y equidad; y Dinámicas de diversas formas de violencia, según sus tipos y modalidades, así como sus secuelas físicas y emocionales.

A favor del dictamen hablaron las diputadas Karina Padilla Ávila y Érika Arroyo Bello.

La diputa Karina Padilla al hacer uso de la tribuna aseveró que esta propuesta refleja la convicción por lograr un estado en donde se prevenga, atienda y erradique la violencia, en la pretensión de crear mejores condiciones que permitan atender la problemática de la violencia.

Asimismo, mencionó que es de gran importancia que las autoridades de los tres órdenes de gobierno brinden a los habitantes del estado una atención oportuna, profesional, adecuada, con calidad y calidez, máxime en aquellos asuntos relacionados con algún tipo de violencia padecida, ya sea en su propia persona o en algún otro integrante de su familia.

Por su parte, la diputada Érika Arroyo Bello destacó del dictamen lo relativo a la erradicación de la conciliación, como práctica históricamente prevista, en los casos en que exista violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades, lo cual responde al legitimo reclamo de los organismos internacionales, de la sociedad civil,  de las propias mujeres y de muchas víctimas de estas prácticas, consideró.

La legisladora sostuvo que estas medidas representan la continuidad en el camino trazado para garantizar la protección y acceso pleno de los derechos de las mujeres, lo que contribuye de manera estratégica y fundamental a un estado de derecho donde la paz, la justicia y la igualdad social sean las premisas del desarrollo para Guanajuato.

En el segundo de los dictámenes referidos se aprobaron diversas modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

Con estas reformas se establece que la atención que reciban las personas receptoras y generadoras de violencia no deberá ser proporcionada por la misma persona ni en el mismo lugar, aspectos ambos que se considera contribuirán a mejorar la atención en los casos de violencia.

Otra de las modificaciones atiende a derogar la disposición que daba cabida a iniciar un procedimiento conciliatorio en los casos de violencia familiar; garantizando con ello la protección a las víctimas de violencia y a no ser posiblemente revictimizadas al enfrentar un procedimiento de este tipo, que muchas de las veces lo que hacía era empoderar más al agresor.

Por lo que hace a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se adiciona al concepto de violencia laboral el establecer que ésta también se constituye cuando se le impida a las mujeres llevar a cabo el periodo de lactancia a que tienen derecho como trabajadoras y sobre todo a la nutrición de las niñas y niños que requieren de la leche materna para desarrollar anticuerpos y comenzar una buena nutrición que les proporcione mejores condiciones de salud a lo largo de su vida.

Además, se establece que la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá expedir y ejecutar las órdenes de protección y garantizar la integridad física de quienes denuncian, así como contar con un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas.

También, las víctimas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes de protección.

También se establece el derecho a la reparación del daño atendiendo los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, que se desarrolla de manera puntual, para que no haya lugar a dudas o interpretaciones, y que será la base a partir de la cual se deberá proporcionar la reparación del daño.

Asimismo, se reforma la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de establecer como derecho de las madres trabajadoras el poder decidir durante el periodo de lactancia, entre contar con dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en un espacio higiénico que designe la institución o dependencia en la que labore la madre.

Hicieron uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen las diputadas Alejandrina Lanuza Hernández y Érika Arroyo Bello.

La diputa Alejandrina Lanuza refirió que con la reforma será imprescindible el tomar en consideración los antecedentes de violencia cometida en contra de las mujeres que denuncian y la autoridad deberá de tomar en cuenta esta información para, en dado caso, expedir una orden de protección.

“Éstos son los resultados de una Comisión comprometida con las mujeres y con la responsabilidad que le toca al Poder Legislativo de establecer las disposiciones legales que proporcionen a las mujeres y hombres guanajuatenses las herramientas necesarias para ejercer sus derechos”, manifestó la legisladora.

En su turno, la diputada Arroyo Bello afirmó que las reformas contenidas en el dictamen se suman a las acciones realizadas en la presente Legislatura por cada uno de los grupos parlamentarios, y muestran su compromiso con las mujeres, la igualdad sustantiva como principios de progreso social para Guanajuato.

“Toda reforma dirigida a la homologación, armonización y adecuación del marco normativo para lograr el avance de los compromisos asumidos internacional, nacional y localmente con  la agenda de las mujeres, su desarrollo e inclusión plena, demanda la suma de todas voluntades político partidistas”, exclamó.

Al ponerlos a consideración de la Asamblea, ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad.