Buscan frenar asentamientos en zonas de riesgo con nueva ley estatal

Guanajuato, Guanajuato. – La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso local analizó en mesa de trabajo la iniciativa para crear la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. La propuesta busca establecer un procedimiento uniforme para integrar los asentamientos informales al orden urbano y garantizar el derecho a la vivienda.

Durante la reunión, representantes institucionales coincidieron en la necesidad de sustituir los esquemas actuales por un proceso administrativo definido que ponga límites claros y excluya las zonas de riesgo. Sin embargo, advirtieron que el diseño normativo propuesto presenta deficiencias y falta de congruencia con el Código Territorial vigente.

También señalaron que los 46 municipios del estado carecen de las capacidades operativas, tecnológicas y presupuestales homogéneas para sostener instrumentos complejos como el propuesto Padrón Único Estatal, por lo que recomendaron una reestructura integral del proyecto.

Entre las observaciones técnicas planteadas por los asistentes destacaron:

• Vinculación obligatoria: Condicionar la regularización a los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico vigentes, además de requerir constancias de factibilidad de uso de suelo habitacional.

• Criterios de delimitación: Unificar criterios ante las discrepancias entre el Registro Agrario Nacional y los catastros, determinando un órgano rector que evalúe asentamientos ya consolidados pero ubicados sobre fallas geológicas o zonas de impacto de obras federales.

• Aspectos operativos y fiscales: Incluir predios ejidales con dominio pleno absorbidos por la mancha urbana, exentar de áreas de donación a polígonos consolidados sin espacio físico, y especificar que los cobros de regularización apliquen solo al suelo y no a las construcciones. También se alertó sobre vacíos fiscales federales respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La diputada Angélica Casillas Martínez señaló que la diversidad de experiencias municipales en temas rurales, ejidales y de migración urbana servirá de insumo para revisar la propuesta, con el fin de crear un marco normativo sólido para las familias que recurren a la informalidad por necesidad.

Por su parte, la legisladora Luz Itzel Mendo González precisó que las aportaciones técnicas serán la base para el dictamen, y añadió que la viabilidad operativa de la norma dependerá de delimitar con claridad las funciones y responsabilidades de cada actor institucional.

A la mesa de trabajo asistieron legisladores, asesores parlamentarios y representantes de las secretarías de Gobierno y de Finanzas, del Iplaneg, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de diversos ayuntamientos y de asociaciones de desarrolladores de vivienda.