Congreso de Guanajuato aprueba nueva Ley de Transparencia entre advertencias de "regresión"

Guanajuato, Guanajuato. – El Pleno del Congreso de la 66 Legislatura aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, cuyo objeto es garantizar el derecho humano al acceso a la información, además de promover la transparencia y la rendición de cuentas.

La normativa establece que este derecho comprende las facultades de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, determina que:

• No podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

• Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por ejercer este derecho.

• La información pública deberá ser veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y expresada en lenguaje sencillo.

Aspectos relevantes de la reforma

Se precisan los principios rectores de las autoridades garantes y la creación de un subsistema de transparencia de Guanajuato. Las autoridades deberán emitir políticas de transparencia con sentido social. En cuanto a los tiempos, el plazo de respuesta no podrá exceder de cinco días hábiles tras la presentación de la solicitud, con una prórroga excepcional de hasta tres días más.

Posturas parlamentarias

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks refirió que un estado moderno debe fundamentarse en la transparencia, la distribución de competencias y la protección de datos personales. No obstante, señaló que la reforma actual disuelve responsabilidades al desaparecer el órgano autónomo garante, lo que fragmenta el sistema y complica el ejercicio ciudadano al no haber claridad sobre las instancias para presentar recursos de revisión.

Advirtió que la armonización local enfrenta una "regresión centralista" que desatiende la subsidiariedad, señalando como retos la transición tras la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y la revisión del sistema anticorrupción en obras públicas.

Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza se pronunció en contra, subrayando un retroceso de tres décadas. Cuestionó las dificultades que enfrentará la ciudadanía para acceder a datos públicos, argumentando que, bajo el pretexto de la simplificación administrativa, se regresa a esquemas de opacidad similares a los de 1970, donde el acceso a la información sobre el gasto público será desgastante.

Votación y Reservas

El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad de votos, con dos abstenciones. Durante la sesión se presentaron las siguientes reservas:

• Aprobada: La diputada Martha Edith Moreno Valencia propuso modificar el artículo 34, fracción IX, para facultar la suscripción de convenios de colaboración con autoridades federales y otros órganos garantes para promover mejores prácticas.

• Rechazadas: No prosperaron las propuestas de la legisladora para modificar los artículos 5 y 109 (referentes a la clasificación de información sobre actos de corrupción) ni la reserva al cuarto artículo transitorio, que buscaba asegurar la estabilidad laboral y optimizar recursos durante la reestructuración institucional.