Congreso de Guanajuato frena cambios de uso de suelo por 20 años en zonas incendiadas o taladas

Suelos erosionados y vegetación seca tras el paso del fuego. Con las modificaciones legales aprobadas por el Congreso, los predios siniestrados no podrán urbanizarse hasta garantizar su total restauración ecológica.
Con la reforma al Código Territorial, aprobada por unanimidad, se busca evitar el lucro y la especulación inmobiliaria tras la pérdida de 38 mil hectáreas forestales en la entidad

Guanajuato, Guanajuato.— El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual establece mecanismos estrictos para proteger las zonas forestales y frenar la especulación inmobiliaria y agrícola en áreas siniestradas.

Las modificaciones prohíben de manera definitiva el cambio de uso de suelo y la expedición de permisos de construcción en terrenos que hayan sufrido incendios forestales, tala ilegal o desmonte. Esta restricción se aplicará especialmente en áreas naturales protegidas y zonas de restauración, y tendrá una vigencia mínima de 20 años, periodo en el cual se deberá acreditar la total regeneración ecológica del sitio.

Impacto ambiental en la entidad

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada Luz Itzel Mendo González expuso que entre los años 2018 y 2024 se perdieron más de 38 mil hectáreas forestales en la entidad a causa de los incendios. La legisladora advirtió que este escenario provoca afectaciones graves a largo plazo, tales como:

  • Pérdida de la fertilidad de los suelos y aceleración de la erosión.

  • Deterioro severo de los ecosistemas locales y pérdida de biodiversidad.

  • Disminución drástica en la captación de agua, lo que compromete el equilibrio hídrico y las actividades del campo guanajuatense.

Mendo González enfatizó que el objetivo central de la reforma es impedir que la degradación ambiental provocada por siniestros sea utilizada como una vía directa para el lucro o el desarrollo urbano irregular, obligando a priorizar la restauración de los recursos naturales.

Finalmente, se informó que el proceso de dictaminación incorporó un análisis técnico en el que participaron los ayuntamientos, especialistas y autoridades ambientales de la entidad, con el fin de delimitar correctamente las competencias locales en la vigilancia y preservación de las áreas naturales protegidas.