Guanajuato, Gto. También propone la extinción del Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato para que los recursos de dichos apoyos sean parte del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En general, los participantes expusieron que la iniciativa no era viable, que existiría una afectación y regresión respecto a los esquemas complementarios de apoyo de víctimas, tenía vicios de inconstitucionalidad, que la forma en que se propone el Decreto no atiende la finalidad al tratar de fortalecer un fondo extinguiendo otro, entre otras cosas.

Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que cada una de las aportaciones servirá de insumo para la elaboración del dictamen en sentido negativo.

Otra propuesta analizada y finalmente rechazada fue la dirigida a modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público.

La finalidad de la propuesta era incorporar en la citada norma que el gobernador del estado deberá garantizar y aprobar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de inclusión laboral de las personas trans, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el uno por ciento de la planta laboral correspondiente a personas transgénero, travestis y transexuales, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En la mesa se comentó que había la posibilidad de invisibilizar a orientaciones sexuales, expresiones de género, diversidades sexuales corporales distintas a las expuestas; en cuanto a la obligación de contratar un porcentaje fijo se dijo que puede llegar a ser contraproducente a la finalidad de eliminar la discriminación laboral e incluso contraria a las acciones afirmativas; y que la Ley Orgánica no era el lugar para establecer lo referente a los temas laborales porque se cuenta con leyes específicas en la materia.

La congresista Susana Bermúdez Cano comentó que las personas de género no binario son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos cuando los datos de su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no coinciden con su identidad o expresión de género.