Guanajuato, Gto. El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y los Municipios, a fin de limitar la información reservada y  conocer los procesos de licitaciones que realicen tanto la administración estatal como municipal.

De igual forma se busca favorecer los métodos y mecanismos de participación ciudadana, con una información en tiempo y forma, sin confidencias y dificultades que obstruyan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la sociedad guanajuatense debe contar con toda la información posible, para dotar de una mejor calidad a su participación ciudadana.

Señala que de acuerdo al informe de resultados emitido por el Índice Nacional de Órganos Garantes de Derechos de Acceso a la Información (INOGDAI), el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) tiene deficiencias que afectan la transparencia de la información gubernamental.

Asimismo, considera que la información reservada debe ser de carácter excepcional y sólo proceder a su clasificación cuando existan los fundamentos que justifiquen plenamente su restricción.

Por ello, la propuesta en cuestión contempla que la información generada o administrada por los sujetos contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de dominio público y se garantiza el principio de máxima publicidad.

También se destaca el fomento a la cultura de la información a través de medios impresos y que todo sujeto obligado procure el uso de documentos y expedientes electrónicos, para eficientar el acceso a la información pública.

Además, se contempla  que la información de los temas anteriormente mencionados, deberá mantenerse actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet.

En este tenor y para hacer más transparente el servicio público, deberá darse a conocer el perfil de los puestos de los servidores públicos y el curriculum de quienes ocupan algún puesto en la administración pública, así como la relación de los bienes que le sean asignados y el costo de los mismos, siempre y cuando el valor sea superior a 350 veces el salario mínimo.

Refiere también que toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier similar, que reciban recursos públicos por cualquier concepto, deberán proporcionar a los sujetos obligados de esta ley, lo relativo al uso, destino y actividades que realicen con recursos públicos.

Finalmente, se menciona que se deben hacer públicos los resultados sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados         con cualquier persona física o moral que preste un bien o servicio a la administración pública estatal o municipal.

La iniciativa de reforma fue turnada al a Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.