Guanajuato, Gto. Con el objeto de evitar que artículos de procedencia ilícita sean depositados o comercializados  en casas de empeño, yonkes y chatarreras; así como contribuir a la prevención de delitos y dar mayores elementos para la procuración e impartición de justicia, el Pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño y a la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, ambas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Dichas reformas contemplan que las casa casas de empeño y establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de vehículos automotores en desuso y autopartes, y metales para reciclaje deberán implementar sistemas de reconocimiento de huellas dactilares.

En cuanto a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño se establece como uno de sus fines el establecer las bases para la expedición del permiso estatal que deben obtener los establecimientos mercantiles cuyo propósito sea realizar y ofertar al público la celebración de contratos de mutuo interés y garantía prendaria; así como regular los mecanismos mínimos de cooperación y auxilio de las autoridades ministeriales en el desahogo de sus tareas relativas a los expedientes de investigación.

Por lo que respecta a la a la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, se precisa como uno de sus fines el establecer las bases para la instalación, funcionamiento y operación de los establecimientos mencionados, así como dictar las medidas de seguridad, tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita sean comercializados en los mismos.

En los artículos transitorios se señala que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración contará con un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir los lineamientos técnicos que determinen las características y medidas de seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares para su tratamiento que deberán instalar las casa de empeño y los establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de vehículos automotores en desuso y sus autopartes, así como en los que se comercializan, manejan o disponen de metales para reciclaje.

Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Vanessa Sánchez Cordero y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo; mientras que, para hablar a favor, hizo uso de la voz la diputada Jéssica Cabal Ceballos.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero consideró que las reformas en cuestión no tienen sustento práctico y se deben atender los reclamos ciudadanos, pues cuando se traslada a los particulares una obligación originaria del Estado, debe existir una justificación clara; sin embargo, dijo en este caso no se tiene.

Recordó que las leyes vigentes obligan a los propietarios de estos establecimientos regulados, a proporcionar información respecto a los objetos y datos de las personas que acuden a estos lugares para realizar sus operaciones.

“No estamos en contra de las acciones encaminadas a prevenir y combatir a la delincuencia, pero si cuando se afecte a particulares sin lograr los fines establecidos. No podemos crear leyes que sean trabas para las actividades comerciales en este giro. Busquemos mejor, nuevos e innovadores mecanismos para combatir a la criminalidad que tengan un impacto directo e inmediato, en beneficio de la población”, acentuó.

Por su parte, la legisladora Jéssica Cabal Ceballos, quien manifestó que el dictamen representaba una acción legislativa que seguramente sería importante en la estrategia de combate a la delincuencia que se lleva a cabo en Guanajuato y en todo el país.

“La reforma que se propone en este dictamen tiene la intención básica de contribuir en materia de seguridad pública y de prevención del delito, además de dar mayores elementos para la procuración e impartición de justicia, pues nuestro momento histórico exige que actualicemos las medidas necesarias para cumplir con dichos fines”, subrayó la congresista.

Cabal Ceballos habló de los cambios hechos a la propuesta legal, donde se eliminó el uso de aparatos biométricos y se dejó sólo el uso sistemas de reconocimiento de huellas dactilares. Indicó que dicha medida no se trataba de un elemento que resultara invasivo a la intimidad de las personas, sino de un estándar en expansión, pues algunos servicios proporcionados por particulares, principalmente bancos, ya solicitaban el registro de las huellas digitales como medida de seguridad y que algunas casas de empeño ya funcionan bajo el esquema de recabar dicha información.

También dijo que se mantenían y se perfeccionaron las disposiciones relativas a asegurar la protección de los datos personales, esto desde el ámbito estatal de competencia en la materia, sin descuidar el hecho de que los particulares deberán observar la legislación aplicable a cada uno de los casos.

Finalmente, afirmó, la reforma que nos ocupa tiene por objeto ser un elemento más en la estrategia de combate al crimen, misma que en conjunto con otras reformas y acciones de carácter legislativo y administrativo tendrá que dar resultados en el corto y mediano plazo dentro de la estrategia de combate a la delincuencia. 

En su oportunidad, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló en contra del dictamen y señaló que desde la presentación de la iniciativa se percibían ciertos errores técnicos, legislativos y constitucionales, por lo que debió ser archivada.

Mencionó que se consultaron a diversas instituciones y al gremio de recicladores, yunques y casas de empeño, quienes se manifestaron en contra de la iniciativa, pues representaría una carga económica excesiva e infundada.

“A pesar de ello se pretende dictaminar una iniciativa que se debió archivar o analizar más, hoy se dictamina a pesar del malestar del gremio de recicladores, yunques y casas de empeño, se dictamina con las múltiples modificaciones que sufrió. Consideramos que el tema de la seguridad y procuración de justicia recae en las autoridades encargadas de hacerlo y con esta iniciativa se obliga a los dueños de estos negocios a participar de ellas, cosa que no les compete. También, nos preocupa el manejo de información de particulares que se pueda dar en este caso”, agregó.

En rectificación de hechos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que aún en Pleno las iniciativas podían ser enriquecidas con modificaciones, y que la iniciativa fue analizada a profundidad por los involucrados y se había escuchado a representantes del gremio; que no era una imposición sino una colaboración, que en ningún momento se trasgredía los derechos humanos de las personas ni era inconstitucional.

Mientras que la legisladora María Magdalena Rosales Cruz se manifestó a favor de perfeccionar la norma, pues consideró que no era justo la aplicación de la norma para todos los involucrados, ya que sus ingresos y negocios eran diferentes. Mencionó que existen comercios pequeños a los cuales les costará trabajo adquirir los aparatos que se están considerando.

Al respecto, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá subrayó que para la perfección de la norma debían estar presentes en las reuniones donde se analiza y se toman las decisiones que hacen llegar al resultado final; y que la norma debía ser general, no se podía excluir a nadie.

En una segunda intervención, la diputada Rosales Cruz enfatizó que respecto a la generalización de la ley no se debía hacer porque eran casos particulares, y no se podía generalizar lo que eran supuestos diferentes.

Por su parte, la diputada Vanessa Sánchez Cordero rectificó hecho respecto a la carga que se impone a los particulares. Comentó que las modificaciones que se proponen obligan a los particulares a adquirir aparatos y a capacitar al personal, incluso, dijo, se establece que deberán contar con un servicio de internet para poder contactarse con la Fiscalía General del Estado, lo cual les representa un gasto importante.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá subrayó que lo que motivo la iniciativa era una situación detectada en que las personas que se dedican a hurtar abusan de los establecimientos que se dedican a comercializar los productos y se tiene que dar certeza jurídica a los que están en dichos establecimientos.

Reservas

El diputado Héctor Hugo Varela Flores se reservó lo relativo al artículo I bis del Artículo 10 dicha reserva impacta en el artículo 12 fracciones I bis 1 y IV bis; y artículo 37 fracciones I bis; de la Ley que regula las bases del permiso para el establecimiento de las casas de empeño en el Estado de Guanajuato y sus municipios; y a la fracción I bis del artículo 11 dicha reserva impacta en los artículos 13 fracciones I bis 1, VI y IX bis; artículo 35 fracción V; y artículo 36 fracción I bis; de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Dijo que al pretender que la Fiscalía General dentro de sus atribuciones se encuentre el acceder en cualquier tiempo a la información que esté disponible en los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares, estos datos recabados por los sujetos obligados estarían violentando lo salvaguardado en el artículo 20 Constitucional.

Por otro lado, señaló que la Fiscalía debía siempre de acceder a los datos mencionados previa orden de la autoridad judicial, y no sin motivo ni fundamento alguno. Además, mencionó que la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración será la encargada de elaborar los lineamientos en los que se determinen las características y medidas de seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares con los que deberán contar los sujetos obligados en coadyuvancia con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; por lo que bajo esa lógica era la Secretaría la que debía crear, manejar y administrar la plataforma informática y no la fiscalía.

Todas las reservas fueron aprobadas.

Por su parte, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas presentó una reserva para incluir un artículo quinto transitorio, a fin de que el Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entidades competentes, establezca un programa de acompañamiento, asistencia técnica y asesoría tecnológica, y en su caso de esquemas de financiamiento.

La reserva fue aprobada.