Legisladora busca auditar a Guanajuato Capital por adjudicación directa de contratos

Guanajuato, Gto. La diputada Miriam Reyes Carmona, integrante del grupo parlamentario del Partido de MORENA, presentó un punto de acuerdo para adicionar al Programa General de Fiscalización 2026 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, una auditoría específica al municipio de Guanajuato.

Se trata de una revisión de cumplimiento de la totalidad de los recursos públicos municipales ejercidos mediante procedimientos de contratación por adjudicación directa, incluidos los contratos, expedientes, estudios de mercado, dictámenes o justificaciones, convenios modificatorios, comprobantes de pago, entregables y obligaciones de transparencia vinculadas, correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

La congresista señaló que, de acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 el municipio de Guanajuato reportó contrataciones públicas superiores a los 321 millones de pesos, de los cuales alrededor de 137.4 millones fueron asignados mediante adjudicación directa, equivalentes al 42.69% del monto contratado.

Añadió que, en ese mismo periodo, de 127 procedimientos de contratación registrados, 100 correspondieron a adjudicaciones directas, lo que representa aproximadamente el 78.74% del total, cifras que, precisó, no constituyen por sí mismas prueba de irregularidades, pero sí justifican una revisión técnica especializada sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Reyes Carmona indicó que la auditoría permitiría verificar que cada procedimiento estuviera debidamente fundado y motivado, que no existieran fraccionamientos indebidos de contratos para evitar procesos competitivos, que se hubieran realizado estudios de mercado suficientes, que las contrataciones garantizaran las mejores condiciones para el municipio, y que los bienes y servicios contratados hubieran sido efectivamente recibidos conforme a lo pactado.

Asimismo, señaló que la revisión también contribuiría a analizar la posible concentración de contratos en determinados proveedores, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la actuación del Comité de Adquisiciones, la existencia de suficiencia presupuestal y la celebración de convenios modificatorios, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, la legisladora puntualizó que la propuesta no pretende anticipar la existencia de irregularidades ni atribuir responsabilidades a las autoridades municipales, sino fortalecer los mecanismos de fiscalización mediante una revisión objetiva e independiente que permita, en su caso, formular las observaciones, recomendaciones y acciones que conforme a derecho correspondan para garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos.

La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.