Legisladora del PRI y grupo parlamentario PVEM proponen ley para el tratamiento integral de adicciones
Regularía el funcionamiento de 263 'anexos' instalados en Guanajuato
Guanajuato. A fin de regular la atención y tratamiento integral de personas con problemas de adicciones, buscando además vigilar la instalación y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento de las adicciones, mejor conocidos como anexos, la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; así como la diputada Yulma Rocha Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de Ley para la Atención y Tratamiento Integral de las Adicciones para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.
El diputado Gerardo Fernández González manifestó que el consumo de drogas era y ha sido un problema grave para la salud, no sólo para quien la consumía, sino que el daño trascendía al entorno familiar y social.
Asimismo, señaló que, durante la pandemia, según un informe publicado por la asociación voces contra la violencia, se estimaba que incrementó el consumo de drogas más de un 20% en jóvenes de 17 a 28 años, y que el Informe Mundial sobre las Drogas 2021, mencionaba que aproximadamente 275 millones de personas en todo el mundo, utilizaron drogas durante el último año, mientras que más de 36 millones sufrieron trastornos por su consumo.
El congresista indicó que era necesario precisar que el consumo de alguna droga comenzaba en una edad adolescente, siendo importante crear una cultura de prevención desde la familia, estableciendo medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.
En ese sentido, argumentó que, para el tratamiento de las adicciones, los aliados siempre habían sido los establecimientos privados los cuales brindan la atención a las personas que tienen una adicción, y precisó que en el país existían 44 unidades residenciales públicas y 11 unidades de Centros de Integración Juvenil, así como un censo de 2,108 unidades residenciales privadas, de las cuales, 1,045 centros están registrados y 348 reconocidos.
En Guanajuato, dijo, existían 13 establecimientos reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, en su modalidad residencial, y se encontraban ubicados en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y Purísima del Rincón.
“En nuestra entidad, conforme al Registro General de Protección contra Riesgos Sanitarios, existen 263 centros de rehabilitación para el tratamiento de las adicciones, y aproximadamente el 80% de estos, se encuentra bajo un procedimiento abierto, respecto al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028 de la Secretaría de Salud, que contempla los elementos mínimos que deben contar los anexos”, enfatizó.
Después de enunciar algunos hechos suscitados en las instalaciones de un centro de rehabilitación en Irapuato donde grupos armados irrumpieron y mataron 26 personas; así como un caso en Jalisco donde derivado de una revisión a los “anexos” se localizaron 13 personas que tenían un reporte de desaparecidas, enfatizó que era vital que se establecieran las atribuciones y obligaciones para una adecuada coordinación con las autoridades tanto de salud como de seguridad, para realizar una supervisión de las instalaciones; así como de una generación de reportes de los ingresos y su seguimiento de rehabilitación y reinserción en la sociedad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.