León, Gto. La diputada Alejandrina Lanuza Hernández y el diputado Javier González Saavedra presentaron ante los medios de comunicación la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores en el Estado de Guanajuato, norma que dota de herramientas a las instancias de Gobierno para que la atención a los adultos mayores sea una garantía, al tiempo que sean protegidos por su familia.

El diputado vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a grupos Vulnerables, Javier González Saavedra, confió en que la norma permitirá garantizar los derechos de los adultos mayores, entre ellos, recibir una alimentación de calidad, el goce de una familia, servicios de salud, y respeto a su condición.

Además, el congresista indicó que se creará un consejo estatal para promover propuestas de trabajo y evaluar las políticas, programas y acciones que se desarrollen en atención a este sector, en el cual se incorporarán el gobernador, cinco titulares del gabinete legal pertenecientes a las secretarías de Salud, Gobierno, Educación, Desarrollo Económico y Desarrollo Social y Humano, así como 4 Direcciones Generales: DIF, Instituto de la Mujer, Derechos Humanos y Cultura Física y Deporte.

La diputada Lanuza Hernández, detalló que en el estado hay 117 mil adultos mayores que se verán beneficiados, de los cuales el 3% se encuentra en situación vulnerable, quienes con esta norma aprobada tendrán protección a sus derechos con miras a gozar de tener una vida de calidad, libre de violencia, sin discriminación, y con mayores oportunidades laborales, educativas y de desarrollo social.

En este sentido la legisladora indicó que este sector contará con atención preferente en establecimientos públicos y privados, tendrá facilidades para su desplazamiento en los diferentes espacios, también se podrán conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su interacción en la sociedad.

La ley considera la necesaria concurrencia entre los tres niveles de gobierno, así como las obligaciones de la familia, de la sociedad y de las instituciones sociales y privadas en la atención al desarrollo integral de las personas adultas mayores, así como la denuncia popular para los casos en que se afecten los derechos y garantías de las mismas, concluyeron los diputados.