Guanajuato, Gto. La Comisión de Derechos Humanos ha sido, por tradición, espacio de representación para las izquierdas partidistas. Le tocaba, regularmente, el casi extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD); ahora la tiene el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y mantiene una guerra sorda con el conservadurismo panista.

En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables está caliente el trasfondo: temas como las personas desaparecidas, violencia contra mujeres, discriminación son el reto para el académico David Martínez Mendizábal, morenista que la preside.

En la reunión de este día, el diálogo con las diputadas panistas Janet Melanie Murillo Chávez, Katya Cristina Soto Escamilla y Briseida Anabel Magdaleno González giró en torno a una batalla cordial, pero interesante: que sectores de la sociedad participen en las consultas para presentar opiniones respecto a varias propuestas de reforma de ley.

El de la 4 T debe bregar prácticamente solo: Gustavo Adolfo Alfaro Reyes pertenece al Partido Revolucionario Institucional, por lo general cercano al PAN y distante de Morena.

El encuentro del día arrojó diversos acuerdos:

Consultar a la Fiscalía General del Estado para analizar y saber su postura respecto de las propuestas normativas que inciden en su competencia, previo a la suscripción de la iniciativa que reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

También aprobaron el programa de trabajo y cronograma para la consulta a niñas, niños y adolescentes y determinaron que el 24 de febrero se sostendrá una reunión con las áreas institucionales del Congreso que hayan realizado ejercicios de consulta a niñas, niños y adolescentes en esta Legislatura, para que compartan su experiencia y los ejercicios realizados. El 3 de marzo la Comisión tomará acuerdos sobre las actividades a desarrollar en el marco de la consulta a niñas, niños y adolescentes; y se suscribirá el acuerdo sobre las actividades a desarrollar en el marco de la consulta a niñas, niños y adolescentes.

En este rubro, Martínez Mendizábal intervino para solicitar que no sólo intervengan instancias oficiales, sino que se abra a grupos de la sociedad civil. A las panistas no les quedó más que aceptar la incorporación de organizaciones, que por lo regular tienen posturas críticas hacia los diversos gobiernos y el mismo congreso.

Otro de los acuerdos fue avalar la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato para promover el amamantamiento en espacios públicos. El documento correspondiente sobre el tema se remitirá a la presidencia del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la Secretaría de Salud del Estado y a la Coordinación General Jurídica, quienes contarán hasta el 21 de marzo para emitir sus comentarios.

También habilitarán una liga para consulta y participación ciudadana en el portal del Congreso, por el mismo periodo, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión de la iniciativa y se realizará una mesa de trabajo.

Piden comparecencia de alcalde

La Comisión recibió la solicitud formulada por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que se llame a comparecer a Juan Carlos Castillo Cantero, Presidente Municipal de San Diego de la Unión, durante el periodo 2015 -2018. El edil debe explicar por qué se negó a atender la recomendación derivada del expediente 101/17-D, sobre violencia política contra una regidora. En la siguiente reunión acordarán el sentido del dictamen.

La observación crítica

Y en ronda por los pasillos de Las Enredaderas estaba Raymundo Sandoval, activista de Plataforma de la Paz, quien continúa con su afán de impulsar la creación de un Instituto de Estudios Forenses y de modificar la Ley de Búsqueda para fortalecer las comisiones involucradas en el tema.

El Raymundo Sandoval persiste en su postura: a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables le falta capacidad técnica jurídica.

Dijo la que presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Susana Bermúdez, mostró más disposición para atender sus demandas.

El panorama que pinta no es nada positivo:

Hasta siete meses para entregar el cuerpo de una persona asesinada y hay más de mil 700 en la entidad que están bajo resguardo por no ser identificados.

Quizá por eso David Martínez propone diferenciar Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.